"Proyecto Imán": Apuntan a nuevo conflicto de interés del Presidente Sebastián Piñera
¿Qué pasó?
A fines de 2010, en el primer periodo de Sebastián Piñera como Presidente de la República, un grupo de inversionistas, entre los que estaba la familia Piñera Morel a través del Fondo de Inversión Privado (FIP) Mediterráneo, inició las negociaciones para adquirir el proyecto "minero Imán", ubicado al sur de Vallenar.
Finalmente, se pagaron US$ 13 millones poco después que el vendedor, Arnaldo del Campo, fuera nombrado por el Presidente Piñera como su representante en el directorio de Enami, empresa estatal dedicada al fomento de la pequeña y mediana minería.
Según informa Ciper, "los Piñera Morel participaron en la compra de un proyecto minero cuyas negociaciones iniciales coinciden con el nombramiento del vendedor como representante del Presidente Piñera en el directorio de la empresa pública del mismo rubro".
Este cuestionamiento hace recordar lo vivido hace algunos días, cuando a la familia del Mandatario se le vinculó al proceso de venta de la minera Dominga a través de un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes Británicas.
Gobierno descartó conflicto de interés
Desde La Moneda respondieron al mismo medió que "el Presidente no participa desde 2009, hace 12 años, en la gestión o administración de ninguna empresa o negocio, lo que incluye a Mediterráneo FIP. Respecto de este último, no participa en su propiedad y nunca ha participado en su administración".
La declaración del Gobierno añade que "en forma previa a su primer Gobierno, el Presidente Piñera se desligó absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que participaba".
La oficina del Presidente remarcó que "adicionalmente, y en forma voluntaria, porque en ese entonces no existía ley que lo exigiera, constituyó fideicomisos ciegos. En forma igualmente voluntaria lo hizo su señora e hijos. El objetivo de los fideicomisos ciegos fue evitar conflictos de interés más allá de lo exigido por la legislación de la época".
Finalmente, sobre el nombramiento de Arnaldo del Campo en el directorio de Enami, el Gobierno apuntó que "la designación de directores de empresas públicas, ellas se efectúan sobre la base de propuestas de las entidades estatales encargadas de su administración".
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