Gobierno ha gastado $24 millones para intentar frenar retiros de fondos de las AFP en el Tribunal Constitucional
¿Qué pasó?
El Gobierno ha debido gastar altas sumas de dinero para frenar ante el Tribunal Constitucional (TC) los retiros de hasta el 10% de los fondos de las AFP.
En total son $24 millones los que La Moneda ha desembolsado en abogados. Principalmente en el jurista Gastón Gómez y la expresidenta del TC, Marisol Peña, de acuerdo a lo informado por La Tercera.
Segundo retiro
Según el mismo medio, cuando a finales de abril el Ejecutivo presentó un requerimiento por el segundo retiro, Gómez y su socio José Francisco García estuvieron encargados de redactar y presentar el texto, por el que se les pagó 120 UF (cerca de $12 millones), con cargo al Ministerio de Hacienda. Todo esto, de acuerdo a los pagos a honorarios de noviembre del 2020 publicados en Transparencia Activa.
El entorno de Gómez señala que el pago fue tanto por el texto del requerimiento como por la defensa, con los alegatos incluidos.
Cabe destacar que en esta oportunidad al Gobierno le fue bien en el TC, ya que el proyecto de ley fue declarado inconstitucional.
Tercer retiro
En abril de este año La Moneda se enfrentó al proyecto que buscaba una tercera extracción, y volvió a acudir al TC, que finalmente no acogió a trámite el requerimiento.
En esa ocasión, el Ejecutivo se anticipó a la discusión en el Congreso y trabajó en dos líneas: Una, que se encontraba a cargo de Gómez, contra los tres proyectos que implicaban disposiciones transitorias a la Constitución. La segunda estaba liderada por Marisol Peña, y se enfocaba en las dos iniciativas con modificaciones permanentes.
En el debate legislativo se rechazaron los textos con disposiciones permanentes a la Constitución, por lo que el trámite en el TC fue asumido por Gómez, cuyo entorno explicó que el requerimiento que se realizó fue similar al hecho para el segundo retiro, por lo que no se le pagó dinero por éste, mientras que la defensa tampoco se realizó al no haber sido acogido a trámite el recurso.
A pesar de que el documento de Peña no llegó al TC, en julio la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) pagó $12 millones brutos a la jurista.
¿Qué dice el Gobierno?
Desde la Sepres afirman que ambos requerimientos fueron preparados en tiempo y forma, por lo que no se podía esperar a que algunos de los proyectos se aprobara para recién contratar a alguien.
Además sostienen que previamente Peña entregó su informe, que era considerado como una "eventual" presentación al TC.
¿Qué dijo Peña?
"El requerimiento me fue solicitado por el Gobierno y tuve un plazo de cuatro días, incluyendo un fin de semana, para entregar un primer borrador, cuando estaba en pleno desarrollo la tramitación del proyecto del tercer retiro de pensiones y no estaba claro si se iba a realizar vía una disposición permanente, que era lo que yo estaba trabajando, o como ya había ocurrido anteriormente, vía disposiciones transitorias, que era la línea paralela que estaba trabajando el abogado Gastón Gómez", detalló Peña en La Tercera.
"De hecho, los argumentos a mi juicio son argumentos que van precisamente en la línea de lo que el Tribunal Constitucional observó al inadmitir a trámite el requerimiento por el tercer retiro. Vale decir, cómo se afectan los derechos de las personas, cómo hay muchísimas personas, ahora ya son alrededor de cinco millones, que van a quedar sin poder financiar su vejez", sostuvo.
"Esa era la línea argumental del requerimiento. Me gustaría agregar que no obstante el requerimiento no prosperó, por el ritmo propio del debate legislativo, igualmente el ministro (de la Segpres) Juan José Ossa, aprovechó la argumentación que yo le preparé para plantear reservas de constitucionalidad en la Comisión de Constitución durante la tramitación del proyecto", agregó.
¿Qué viene para el cuarto retiro?
Este miércoles la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados revisará los proyectos que buscan permitir una cuarta extracción del 10% o incluso de hasta el 100% de los fondos de las AFP.
En esa ocasión, La Moneda apuesta a que las iniciativas no sean aprobadas, luego de que el Presidente Sebastián Piñera garantizara la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) hasta noviembre, y que diversas autoridades y economistas opositores advirtieran respecto a las graves consecuencias económicas que podría generar una nueva extracción.
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