"Actitud matonesca": Oposición advierte posible acusación constitucional contra Raúl Figueroa
¿Qué pasó?
Polémica causaron los dichos del ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien aseguró no descartar suspender la subvención a los colegios que no retornen a clases en las comunas que hayan salido de la cuarentena por el coronavirus.
"Analizaremos más adelante si es necesario tomar alguna medida para que los sostenedores municipales cumplan a cabalidad con la obligación de llevar adelante la educación", dijo el viernes Figueroa.
Las declaraciones del titular del Mineduc no fueron bien vistas por la oposición, quienes aseguran que, si el ministro sigue con su "actitud matonesca y descriteriada", no descartan impulsar una acusación constitucional en su contra.
Posible acusación constitucional contra Figueroa
Uno de los primeros personeros en reaccionar fue el diputado Juan Santana (PS), presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados, quien advirtió que "si el ministro insiste con esta porfía en el retorno a actividades presenciales sin ninguna seguridad, vamos a empujar una acusación constitucional".
En declaraciones a Cooperativa, Santana agregó que esta idea se ha "sociabilizado con algunos colegas y no me cabe ninguna duda de que otros diputados y diputadas también van a empujar este esfuerzo".
Otra de las diputadas que reaccionó a los dichos de Figueroa fue la diputada Camila Rojas (Comunes), también miembro de la misma comisión parlamentaria. "La amenaza del ministro de dejar sin recursos a las escuelas la encuentro una bajeza tremenda", sostuvo.
"Realmente impacta la actitud matonesca y descriteriada de Raúl Figueroa, que deja a la vista que no está capacitado para ejercer este cargo", añadió la legisladora del Frente Amplio.
Cabe recordar que las acusaciones constitucionales son una facultad de los diputados de iniciar un proceso que busca responsabilidades políticas de los altos cargos públicos. De prosperar y ser aprobada por el Senado, estas pueden llevar a la destitución y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un plazo de cinco años.
