Acusan a Piñera ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad
¿Qué pasó?
El exjuez Baltasar Garzón junto a la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH) y otros organismos internacionales, recurrieron a la Corte Penal Internacional (CPI) para que se acuse al Presidente Sebastián Piñera por crímenes de lesa humanidad.
El oficio fue dirigido a la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, para que se inicie una investigación en contra del Mandatario y de sus colaboradores civiles, militares y policiales, por hechos cometidos “de manera generalizada y sistemática” desde octubre de 2019.
"La denuncia quiere poner de manifiesto la impunidad que se está viviendo en Chile"
Garzón señaló que “los hechos acontecidos tras el estallido social revisten categoría, creemos, de crímenes de lesa humanidad. La denuncia ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional quiere poner de manifiesto la impunidad que se está viviendo en Chile y que exige una investigación independiente, internacional”.
¿Qué dice el documento?
Según consignó Ciper, la denuncia fue presentada este jueves y el texto expresa que los casos “son fraudulentamente calificados e investigados en Chile como delitos comunes, con el deliberado propósito en primer lugar, de sustraerlos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y en segundo lugar, para preparar las condiciones que permitirían favorecer su posterior impunidad con la eventual aplicación de las reglas de la prescripción, o mediante la aplicación de posibles indultos, amnistías o leyes de punto final”.
“Además, los organismos del Estado encargados de investigar y juzgar, como lo son el Ministerio Público y el Poder Judicial, han tenido una demora injustificada en la sustanciación de estos procesos y sus actuaciones no revisten la necesaria independencia e imparcialidad y el debido respeto por el principio de Igualdad ante la ley. Todo ello hace procedente y necesario el ejercicio de la jurisdicción complementaria de la Corte Penal Internacional”, agrega el documento.
Lo que viene
Posterior a la presentación del documento, corresponde declarar su admisibilidad para luego dar paso al proceso investigativo, etapa que puede durar hasta 10 años. En ese periodo, la CPI debe analizar si los hechos son de su competencia, si es que hay elementos para considerar que hubo crímenes de lesa humanidad y si se cumplen los requisitos de admisibilidad.
Cabe señalar que la medida busca sancionar a las máximas autoridades del país, incluyendo a los sucesivos ministros del Interior y Defensa, como también a los generales directores de Carabineros.
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