¿Qué es una Acusación Constitucional?
¿Qué pasó?
Durante la jornada de este miércoles la oposición creó un grupo de trabajo para acusar constitucionalmente al Presidente de la República, Sebastián Piñera, ya que aseguran "hay fundamentos jurídicos" que demostrarían que el mandatario incumplió su deber de proteger a las familias chilenas en medio del Estado de Catástrofe por la pandemia de coronavirus.
El anuncio provocó el malestar del Gobierno, quien llamó a en palabras del vocero, Jaime Bellolio, a tener "responsabilidad política" y a no hacer política "simplemente por lo que es trendig topic en Twitter".
Con esto surge la duda sobre qué es efectivamente una Acusación Constitucional y qué implicancias podría tener para el Presidente Piñera si llegase a ser aprobada.
¿Qué es una Acusación Constitucional?
Según el Artículo 52 N°2 de la Constitución Política de la República, una Acusación Constitucional es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputadas y Diputados, en la cual se hace efectiva la responsabilidad política de autoridades cuando han faltado a sus deberes constitucionales.
La acusación se debe presentar por un grupo de mínimo de 10 y un máximo de 20 diputados. Tras esto, se conforma una comisión al azar de cinco diputados que deben estudiar el libelo acusatorio, quienes, tras recibir a la defensa del acusado, deciden si recomiendan a la sala acoger o no el libelo.
Al pasar a la sala, el acusado puede plantear la "cuestión previa" de que no se cumplen los requisitos para formular la acusación. Esta "cuestión previa" es votada por los diputados y de aprobarse el proceso de la Acusación Constitucional termina ahí.
De rechazarse la "cuestión previa" o si el acusado no la presenta, la sala de la Cámara debate con el informe de la comisión si la acusación procede o no. De proceder, entonces pasa al Senado.
Al pasar al Senado, el acusado queda inmediatamente suspendido de su cargo por el tiempo en que se resuelva la acusación en la Cámara Alta. Los senadores entonces son quienes declaran si el acusado es culpable de lo que se le imputa.
Si el Senado acoge la Acusación Constitucional, el acusado es destituido y no puede ejercer ningún cargo público por cinco años.
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