5 de los imputados por amenazas a fiscal Chong quedan con arresto domiciliario total
La Corte de Apelaciones revocó la prisión preventiva decretada para cinco de los ocho acusados por amenazas contra la fiscal Ximena Chong, sustutiyendo esta medida cautelar por arresto domiciliario total.
La participación de los imputados está acreditada
El fiscal Francisco Jacir aclaró que “dejó muy en clara la Corte de Apelaciones que tanto el delito como la participación de los imputados se encuentra acreditado, eso no ha sido puesto en duda”.
La razón de la revocación de la medida cautelar, según el persector, responde a la aparición de “nuevos antecedentes, entre ellos principalmente las declaraciones de la mayoría de los imputados en la causa”.
Entre las diligencias que siguen en curso en la investigación, se encuentran tomar declaraciones a testigos e imputados y el análisis de las diversas evidencias incautadas en el domicilio de cada uno de los imputados.
De los ocho imputados, aún hay tres que siguen en prisión preventiva, quienes además de estar formalizados por amenazas, se les investiga por delitos de la ley de control de armas por portar armamento de guerra y municiones.
El caso
El fiscal Francisco Jacir formuló los cargos a los imputados, asegurando que estos participaron de la entrega de una carta en el domicilio de Chong, el 6 de octubre pasado, donde la amenazaban.
Esto luego de que la persecutora formalizara al excarabinero Sebastián Zamora Soto, acusado de arrojar a un adolescente al lecho del río Mapocho, desde el puente Pío Nono.
Los sujetos formarían parte de un grupo de extrema derecha llamado “Aún tenemos patria”. Durante los allanamientos de la PDI, se incautaron diversas especies, destacando una subametralladora calibre 9 mm, con un cargador con 17 cartuchos de 9 mm.
El pasado 27 de noviembre el subsecretario del Interior Juan Francisco Galli anunció la presentación de una querella criminal, invocando la Ley de Armas, contra los ocho detenidos por amenazas de muerte contra la fiscal de Alta Complejidad.
La decisión del Ejecutivo se da luego que Galli manifestara que "por lo que se vio, los utensilios que tenían (la agrupación) no eran de gran importancia, salvo esa subametralladora UZI que es un arma prohibida".
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