Ministro Larraín descarta reponer el bono reparatorio para víctimas de la dictadura

¿Qué pasó?

Este lunes el ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó reponer el bono reparatorio para quienes fueron torturados y prisioneros políticos durante la dictadura, como también la formación de una comisión permanente de calificación.

El secretario de Estado participó de la Comisión de Derechos Humanos, instancia que pretendía dar respuesta a las demandas en materia de reparación económica de los afectados, además de buscar un mejoramiento al programa de reparación y atención en instituciones de salud (Prais), y la creación de la comisión permanente de calificación.

Exposición de Larraín

En dicha instancia, Larraín expuso de manera general la situación de los Derechos Humanos en Chile, lo que se ha hecho con las causas judiciales y el apoyo social que se otorga a víctimas y familiares.

Con respecto a las pensiones, aclaró que se han destinado más de 6.123 millones de dólares y 2 mil millones adicionales, agregando que, de 1.800 personas con derecho a pensión que no la recibían, el número se redujo a 425. Sin embargo, nada dijo acerca de un nuevo aporte reparatorio y en cuanto a la comisión permanente calificadora, indicó que no fue posible su conformación y que es complejo implementarla, según se expuso en el sitio de la Cámara de Diputados.

Reacciones

La decisión del ministro fue rechazada Haydeé Oberreuter, víctima de la dictadura, quien recordó que en 2018, Larraín fue interpelado por haber retirado un bono reparatorio que había comprometido el mandato anterior.

En ese sentido, la mujer señaló que "lo que hoy encontramos, es que el ministro concluye por terminar de desdecirse de todo lo que ofertó con motivo de esa interpelación, entre otras, una comisión calificadora permanente”.

Mientras que Nelson Aramburu, vocero de expresos políticos, también criticó al titular de Justicia: “La ley establece que el Estado chileno tiene la obligación de reparar y el señor ministro, hoy día, eso lo convierte en un papel, en una lista de supermercado, sin ningún poder real”.

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Los dirigentes expresaron que hay 22.700 personas que no tienen derecho a reconsideración de sus casos, por lo cual sería necesaria la conformación de la comisión de calificación permanente.

Andrea Benavente, delegada del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, manifestó que la reparación de las víctimas debe ser adecuada, efectiva, rápida y proporcional al daño causado y que no solo debe implicar una indemnización pecuniaria.