Centro Estudios Constitucionales: Texto contra Cubillos cumple requisitos formales

¿Qué pasó?

La Acusación Constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, sigue su curso y la Cámara de Diputados deberá evaluar el mérito del libelo una vez que la comisión emita su informe. Con los votos del Partido Radical prácticamente confirmados, la ofensiva de la oposición para destituir a la secretaria de Estado entra en terreno peligroso para La Moneda.

Para algunos parlamentarios la opinión de los abogados constitucionalistas ha sido clave para tomar su decisión y entre los que ha defendido la validez jurídica del texto se encuentra Humberto Nogueira, director del Centro de Estudios Constitucionales de Chile y académico de la Universidad de Talca.

"Los diputados no resuelven conforme a derecho"

El profesor en derecho constitucional ha sido una de las pocas voces que ha defendido la acusación, pero su punto de vista ha causado polémica. "Una acusación constitucional es una acusación jurídico-política", reconoce el abogado, confirmando una de las principales críticas que otros constitucionalistas y el mismo oficialismo ha deslizado sobre el texto.

Sin embargo, eso no dejaría de garantizar un debido proceso para el acusado, en este caso la ministra de Educación: "Lo jurídico está dado por las causales pero la evaluación está dada por un órgano político y además resuelve en conciencia, por lo tanto no resuelve conforme a derecho", afirma Nogueira.

El investigador sostiene que el texto cumple con los requisitos formales para hacer efectiva la acusación en dos puntos: la infracción al principio de probidad y en el que acusa vulneración de la vida privada y mal uso de datos personales.

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Ante los miembros de la comisión especial de la Cámara encargada de revisar el libelo presentado en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, Nogueira, planteó que existen fundamentos jurídicos para sostener dos de los cinco capítulos de la denuncia.

Pronunciamiento de la Cámara

A partir de este análisis, Nogueira indicó que ahora “corresponde por lo tanto a la Cámara de Diputados pronunciarse sobre ello y si constituye una falta de conducta de la gravedad suficiente para llevar la imputación ante el Senado”.

Respecto de los otros tres ítems de la acusación, el académico dijo que mientras en uno hay básicamente un problema de interpretación de carácter administrativo que debe ser resuelto por los Tribunales de Justicia, en los restantes “hay muchos elementos que no se relacionan directamente con la actividad personal o decisiones de la ministra, sino que con otros funcionarios, y no recae sobre ella responsabilidad administrativa”.