Cubillos por acusación: "No puede descansar en meras generalidades"

¿Qué pasó?

La ministra Marcela Cubillos, asistida por su abogado Francisco Cox, dio respuesta a la acusación constitucional presentada en su contra, por lo cual, desde esta fecha existe un plazo de seis días para que la comisión emita su informe.

El documento, comienza alegando la cuestión previa de admisibilidad a fin que se tenga la "acusación por no presentada para todos los efectos legales, atendido que el libelo acusatorio no cumple con los requisitos establecidos por la propia Constitución".

Fundamentos

Lo anterior se fundamenta en que "la acusación no respeta el carácter de ultima ratio que debe tener por su envergadura, toda acusación constitucional; no se verifican las causales establecidas en la Constitución para que proceda la acusación constitucional; la acusación contiene imputaciones por hechos que no son responsabilidad de esta ministra de Estado, sino que, se le atribuye responsabilidad por hechos de terceros; y no se cumple con los estándares mínimos del debido proceso que permitan conducir un procedimiento racional y justo".

Además, la contestación señala que Cubillos ha cumplido siempre con la ley y la Constitución, además de participar de la reforma de leyes que el Gobierno desea perfeccionar o mejorar.

"Infracción al debido proceso"

"Una acusación constitucional no puede descansar en meras generalidades, afirmaciones vagas, hechos que no constituyen ilegalidades. El libelo acusatorio no cumple con un requisito fundamental que es bastarse a sí mismo para que la persona a quien se acusa pueda defenderse en un Estado de Derecho, contrariando así gravemente el principio del debido proceso”, indica el documento y agrega que "constituye una infracción al debido proceso cuando se ejercen funciones jurisdiccionales y en virtud del mismo se realiza un control político, pues ello va en contra de los principios de legalidad lo que es evidentemente contrario al debido proceso".

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Por otro lado, aseguran que las críticas políticas "son totalmente legítimas", pero que no pueden "sustentar la acusación", ya que no está permitido por la Constitución, "pues su procedencia requiere de la verificación de cuestiones jurídica. Tanto de las declaraciones de los y las acusadores/as como del tenor de la Acusación se desprende que se han invocado causales constitucionales que no se verifican de modo alguno, sino que, muy por el contrario, se basan en meras diferencias de orden político".