Horas clave para el Fiscal Emiliano Arias

Esta semana será crucial para el futuro del suspendido fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, quien desde el mes de mayo está apartado de sus funciones por una serie de denuncias administrativas y penales que lo podrían dejar fuera del Ministerio Público.

En relación con la arista administrativa, según fuentes ligadas a la causa, el fiscal investigador, Alberto Ayala, entregó el 17 de septiembre el resultado de la indagatoria y las posibles sanciones para su par de la sexta región al fiscal nacional, Jorge Abbot, quien este martes deberá definir si acoge o no la petición del persecutor número uno de la región de Antofagasta.

“Estoy dentro del plazo para tomar una resolución respecto de la recomendación que hace el fiscal Alberto Ayala, quien llevó adelante la investigación administrativa. Él entregó el martes su informe y justamente ahora voy a estudiarlo”, subrayó el jefe del Ministerio Público.

Esta es la segunda vez que Ayala le entrega la propuesta a la Fiscalía Nacional. La primera fue en el mes de agosto y solicitaba la remoción. En su oportunidad,  el fiscal subrogante, Xavier Armendáriz, decidió reabrir la investigación para incorporar una serie de diligencias y recabar más antecedentes.

Mientras, la defensa de Arias, liderada por el abogado Roberto Garrido, fue enfática en señalar a Meganoticias.cl, que la reapertura de la investigación se está usando para demostrar la sanción ya pedida por Ayala. "El Fiscal Nacional reabrió el sumario solo para tratar de justificar una sanción a Arias y mantenerlo alejado de sus funciones”, manifestó.

Arista penal

Pero no todo se definirá este martes. Otra pelea es la que debe dar penalmente Arias, quien el próximo viernes 27 deberá sentarse en el banquillo de los acusados y escuchar la formalización de cargos que le imputará su par de Magallanes, Eugenio Campos.

Al suspendido Fiscal de O’Higgins se le están imputando delito informático y violación secreto, ambos relacionados con una información que se filtró del programa computacional que maneja el Ministerio Publico.