Entró en vigencia la Ley sobre Probidad: ¿En qué consiste?
La mañana de este lunes la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, encabezó la ceremonia de entrada en vigencia de la Ley sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos, que justamente busca prevenir los conflictos de intereses en quienes trabajen para el Estado y elevar los estándares de la transparencia.
Pero, ¿en qué consiste este control? Te lo detallamos a continuación con sus tres puntos principales:
Declaración de patrimonio e intereses
Deberán realizar trámites el Presidente, ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores, seremis, embajadores, cónsules, senadores, diputados y otros altos cargos del Congreso; autoridades y directivos del Poder Judicial, fiscales y defensores penales; consejeros de organismos públicos autónomos, autoridades regionales y municipales, oficiales generales y superiores de las Fuerzas Armadas y de Orden, directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado y fiscalizadores, entre varias otras autoridades y funcionarios de la Administración del Estado.
Este trámite se tendrá que realizar dentro de los 30 días siguientes a que se asuma algunos de estos y se debe hacer llenando un formulario electrónico que encontrarán en el sitio web de Contraloría.
Éstas serán publicas y la ciudadanía tendrá acceso a ellas.
Mandato de administración de cartera de valores
Una de las principales novedades que traerá esta ley es que obligará a los funcionarios públicos que cuenten con valores por sobre 25 mil UF serán obligadas a dar un mandato especial para la diversificación y administración de esos activos.
Esta enajenación forzosa de bienes es debido a la ocurrencia de un posible conflicto de intereses.
Sanciones
La Contraloría General de la República será el organismo estatal encargado de cerciorar que las declaraciones sean realizadas de manera oportuna y veraz. En caso de que se incurra en alguna falta, los responsables se arriesgan a multas por hasta 50 UTM ($2.299.950) y si el incumplimiento permanece será considerado falta grave a la probidad y dará lugar a la destitución del cargo. El Poder Judicial y Legislativo serán fiscalizados por sus propias entidades.
