Bolivia denuncia que Argentina envió municiones en la crisis política boliviana de 2019

¿Qué pasó?

El gobierno del presidente de Bolivia, Luis Arce, denunció este jueves que la administración del presidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) envío gases lacrimógenos y munición letal que se usó en la represión de seguidores de Evo Morales en 2019.

El canciller Rogelio Mayta reveló "que Argentina, presidida por Mauricio Macri, le dio a las fuerzas militares bolivianas, que reprimieron la protesta social en noviembre de 2019, munición letal".

La autoridad difundió la copia de una carta que le envío entonces el jefe de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Gonzalo Terceros, al embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez García, en la que agradece la recepción de "40.000 cartuchos AT 12/70" (escopeta), más de un centenar de gases lacrimógenos y granadas de gas.

Investigación del golpe contra Morales

Terceros y el exjefe de la Marina de Guerra de Bolivia, Gonzalo Jarjuri, fueron detenidos el pasado fin de semana por el Ministerio Público, que investiga los incidentes de 2019.

En una nota enviada a Arce y publicada por medios argentinos, el actual presidente argentino, Alberto Fernández, expresó su "dolor y vergüenza" ante la denuncia contra su antecesor, pidió "disculpas" en nombre del pueblo argentino y dijo que "se constató" el envío del material desde Argentina.

Fraude en la reelección de Morales

A fines de 2019 se registró una fuerte convulsión en Bolivia, tras las elecciones de octubre, que en medio de acusaciones de fraude arrojaron la reelección del presidente de izquierda Evo Morales tras 14 años en el poder. Una auditoría de la OEA sobre las elecciones de 2019 en Bolivia concluyó que hubo "manipulación dolosa".

La violencia social que estalló en el país derivó en la renuncia en noviembre de Morales, quien primero se exilió en México y luego en Argentina.

Le sucedió la derechista Jeanine Áñez, pero tuvo que enfrentar la resistencia de sindicatos y campesinos afines al exgobernante indígena. Ella ordenó a policías y militares salir a las calles para aplacar los desmanes sociales.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la crisis dejó 35 muertos, primero por choques entre simpatizantes de Morales y sus adversarios; y luego entre aquellos y militares y policías bajo el gobierno de Áñez.