Juez de la Corte Suprema de Brasil anula todas las condenas de Lula da Silva
¿Qué pasó?
Un juez de la Corte Suprema de Brasil anuló este lunes todas las condenas pronunciadas contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, por considerar incompetente al tribunal que las dictó, de la operación anticorrupción Lava Jato.
De acuerdo con esta decisión, el exmandatario de izquierda (2003-2010), de 75 años, con varios casos y dos condenas en ese tribunal de Paraná, deberá ser juzgado ahora nuevamente por esas causas en el ámbito de la justicia federal de Brasilia. Entre tanto, podría recuperar el derecho de presentarse a la elección presidencial de 2022.
Pleno de la Corte Suprema
La determinación del juez Edson Fachin aún tiene que ser analizada en el pleno de la Corte Suprema, que tiene un total de once miembros, y que aún no ha sido convocado para analizar el caso.
Si en la instancia se respalda el fallo, Lula recuperará sus derechos políticos y hasta podría volver a ser candidato presidencial en 2022.
¿Cuáles son las condenas?
La decisión se refiere a tres procesos en que Lula fue juzgado por un tribunal de primera instancia de Curitiba, a cargo del entonces juez Sergio Moro, quien, según explicó Fachin, no tenía en su momento "competencia jurídica" para analizar esos casos.
En específico, esto afecta a procesos referidos a un apartamento en el balneario de Guarujá, en el litoral del estado de Sao Paulo; a una casa de campo en la localidad paulistana de Atibaia, y a una investigación sobre el Instituto Lula.
En el primer caso, Lula fue condenado a 12 años de prisión, por la casa de campo fueron 17 años, mientras que por el instituto aún no hay sentencia firme.
Argumentos del juez
Fachin aseguró que estos casos, en los que Lula fue acusado de recibir sobornos en dinero y propiedades de algunas de las constructoras implicadas en el escándalo de la Lava Jato, no tenían relación con los desvíos de dinero en la estatal petrolera Petrobras, que fueron los que justificaron los procesos.
Además, sostuvo que la Justicia de Curitiba no tenía competencia legal sobre los escándalos en Petrobras, los cuales debían ser juzgados en otras instancias.
