Informe Bachelet sobre Venezuela reconoce grave violación de distintos derechos
¿Qué pasó?
La ONU dio a conocer el informe de la Alta Comisonada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación en Venzuela, luego de su visita al país. Entre las conclusiones destaca, la violación de "derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud".
Conclusiones
En el mismo texto, se indica que el "Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas".
Asimismo, sostiene que mientras "se agudizaba la crisis económica, las autoridades empezaron a utilizar los programas sociales de forma discriminatoria, por motivos políticos, y como instrumento de control social" y que "las recientes sanciones económicas están agravando la crisis económica, lo que en último término aumentará el impacto negativo en el disfrute por la población de los derechos económicos y sociales".
Debilitamiento de las instituciones
Por otro lado, se estableció que durante más de diez años, "Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial".
De tal manera, se aseguró que, si bien "estas medidas se han adoptado con la finalidad declarada de preservar el orden público y la seguridad nacional contra presuntas amenazas internas y externas, han aumentado la militarización de las instituciones del Estado y el empleo de la población civil en tareas de inteligencia y defensa".
Violación de derechos Humanos
Además, confirmó que lo anterior, "ha permitido al Gobierno cometer numerosas violaciones de los derechos humanos. Las autoridades han atacado especialmente a determinadas personas y grupos, entre ellos a miembros de la oposición política y a quienes se considera que constituyen amenazas para el Gobiernopor su capacidad para articular posiciones críticas y movilizar a otras personas".
En ese sentido, el documento afirma que en Venezuela se ha ejercido una "represión selectiva" (...), que pueden constituir persecución por motivos políticos. Estas violaciones requieren más investigación para determinar la pertinente responsabilidad del Estado y la responsabilidad penal individual".
Numerosas muertes
Incluso, señala que miles de personas "han sido matadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años", por lo cual "existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES".
"Estas muertes violentas requieren una investigación inmediata para asegurar la responsabilidad de los perpetradores y las garantías de no repetición (...). El Estado ha denegado sistemáticamente los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación. La impunidad ha permitido que se repitan las violaciones de los derechos humanos, ha envalentonado a los autores y ha dejado de lado a las víctimas", manifestó.
Recomendaciones
El mismo documento señala una serie de recomendaciones para el gobierno de Nicolás Maduro, como por ejemplo, que "adopte todas las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos esenciales y servicios de atención de la salud".
También, que "adopte de inmediato medidas para cesar, subsanar y prevenir las violaciones de los derechos humanos, en particular las violaciones graves, como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales" y que se lleven a cabo investigaciones "prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes de las violaciones de los derechos humanos, incluidas las muertes de indígenas, y lleve a los responsables ante la justicia".
Otras recomendaciones
El texto además solicitaal gobierno que "ponga en libertad a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad" y a su vez, que "detenga, condene públicamente, castigue y prevenga todos los actos de persecución y represión selectiva por motivos políticos, incluidas la retórica estigmatizadora y las campañas de desprestigio".
Se le pide también, que "adopte medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos y a las personas profesionales de los medios de comunicación" y que "cese toda intimidación y ataques contra los pueblos indígenas, incluidos/as sus líderes y lideresas, y garantice su protección y adopte todas las medidas necesarias para proteger sus derechos individuales y colectivos, incluido su derecho a la tierra".
Prohibido el uso de la fuerza
En cuanto a las manifestaciones, el documento exige que se "detenga y prevenga el uso excesivo de la fuerza" y que se "disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas".
Independencia del Poder Judicial
Por otro lado, pide que se adopten "medidas efectivas para restablecer la independencia del sistema judicial y garantizar la imparcialidad de la Fiscalía General y del Defensor del Pueblo".
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