Tensión en Ecuador a poco de vencer ultimátum a captores de periodistas
Agencia AFP
La tensión aumentaba el viernes en Ecuador a poco de expirar el plazo de doce horas dado por el presidente Lenín Moreno a los captores de un equipo periodístico secuestrado el 26 de marzo para que digan si están vivos o muertos.
El ultimátum vencerá a las 11H00 locales (16H00 GMT), aunque son pocas las esperanzas de que el periodista, un fotógrafo y un conductor del diario El Comercio, retenidos en la convulsa frontera con Colombia (norte), estén con vida.
En medio del ultimátum a disidentes de la exguerrilla de las FARC, el gabinete liderado por Moreno tenía previsto reunirse desde temprano y de manera permanente en la sede del Servicio Integrado de Seguridad ECU911 en Quito.
Si vencido el plazo no dan "pruebas de que están con vida (...) iremos con toda la contundencia y sin contemplaciones" a "sancionar" a los captores, anticipó Moreno el jueves por la noche, tras regresar de urgencia desde Lima, donde se encontraba para la Cumbre de las Américas.
Moreno y su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, acordaron esperar a un pronunciamiento de los secuestradores para lanzar una acción "contundente". Este viernes, Santos envió a Quito a su ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, junto a las máximas autoridades militares y policiales.
El secretario ecuatoriano de Comunicación, Andrés Michelena, explicó que la delegación de Santos llegará a Quito para preparar "operativos conjuntos" entre Ecuador y Colombia, sin dar más detalles.
La posible ejecución en cautiverio del reportero Javier Ortega (32 años), el fotógrafo Paúl Rivas (45) y el conductor Efraín Segarra (60) tomó fuerza luego de que las autoridades recibieran el jueves del canal colombiano RCN unas fotografías de unos presuntos cadáveres que corresponderían a los rehenes.
Tras analizarlas, las autoridades ecuatorianas determinaron que no podían confirmar su autenticidad.
"No acciones militares"
Dos ONG's que defienden la libertad de prensa advirtieron a las autoridades de ambos países que, sin una confirmación de la muerte de los periodistas, "iniciar una acción militar va en contra de las medidas cautelares" dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ese ente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) pidió el jueves a Bogotá y Quito que "adopten las medidas necesarias para salvaguardar" al equipo periodístico.
Los reporteros cayeron en poder de rebeldes disidentes de las ya disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cuando realizaban trabajo periodístico en la localidad costera de Mataje, limítrofe con Colombia.
Durante la mañana se seguían sucediendo manifestaciones de dolor en Quito y las principales ciudades del país. Frente a la casa presidencial, en el centro de la capital, decenas de periodistas, familiares y ciudadadanos permanecen concentrados en una vigilia a la espera del fin del plazo dado por Moreno.
La última vez que se les vio con vida a los secuestrados fue en una grabación filtrada a la prensa colombiana el 3 de abril. En ella aparecían los tres abrazados, con cadenas y candados al cuello, e instaban a Moreno a llegar a un acuerdo con los captores.
En los 19 días de desaparición, la información ha llegado a cuentagotas y cruzada por rumores y datos falsos.
Paz rota
De confirmrase, el asesinato de los tres ecuatorianos supondría un golpe durísimo para Ecuador, un país que no había lidiado nunca con un secuestro de estas características y se preciaba de ser un remanso de paz en medio de los problemas derivados del narcotráfico que enfrenta Colombia.
Desde un comienzo las autoridades colombianas acusaron del secuestro al Frente Oliver Sinisterra.
Con entre 70 y 80 hombres, esa organización está dirigida por el ecuatoriano Walter Artízala, conocido como Guacho, uno de los hombres más buscados tanto en Colombia como en Ecuador.
Guacho se mueve entre ambos países por un área selvática que sirve de ruta para el tráfico de drogas.
El secuestro del equipo de El Comercio es el episodio más dramático de la oleada de violencia -hasta ahora desconocida- en Ecuador, que estalló en enero en la convulsa frontera.
Todo apunta a que la serie de ataques, la mayoría con bomba y que dejan cuatro muertos y 42 heridos, es consecuencia directa del acuerdo de paz firmado a finales de 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC.
Con el desarme de la otrora guerrilla más poderosa de América Latina, convertida ahora en partido político, arreciaron disputas territoriales entre desertores del pacto de paz, bandas procedentes de antiguos paramilitares desmovilizados y otras guerrillas.
Desde hace décadas, esta porosa y selvática frontera de 720 kilómetros, con numerosas trochas ilegales, es utilizada por las bandas que viven del tráfico de droga, de armas y de combustible, así como de la minería y de la tala ilegal.
