La hora del exalcalde Aguilera: Fiscalía Sur presenta más de 400 pruebas y 59 testigos para juicio que parte en abril

Sólo siete días sin arresto domiciliario total alcanzó a tener el exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, quien es investigado por diversos delitos de corrupción mientras administró la emblemática comuna de la zona sur de Santiago.

El exedil estuvo en prisión preventiva por un año en Santiago 1, tras ser formalizado en julio de 2021 por lavado de activos, cohecho y enriquecimiento ilícito. En 2022, logró rebajar la medida cautelar a arresto domiciliario total que mantuvo hasta febrero de 2025.

El pasado 21 de ese mes, el 15° Juzgado de Garantía acogió su petición de pasar a arresto nocturno, lo que generó la molestia del actual alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, quien es querellante en la causa. El militante DC, mediante un escrito, sostuvo que Aguilera sigue siendo un “peligro para la sociedad” y que durante todo el proceso judicial ha intentado dilatar el inicio del juicio oral con cambios permanentes de abogados.

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Una semana después, la Corte de Apelaciones de San Miguel aceptó los alegatos y revirtió la libertad parcial del exvicepresidente del Partido Socialista, por lo que tuvo que volver al arresto en su casa de La Reina, cuya propiedad es parte central de la investigación de la Fiscalía Metropolitana Sur.

El Ministerio Público pide 10 años de cárcel contra el exalcalde y desde que presentó la acusación en julio de 2023 recién logró obtener una fecha para el juicio oral, luego de comunicar las elementos de pruebas y testigos: 16 de abril próximo. 

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Esto a pesar de las diferentes maniobras que ha uasado Aguilera, quien incluso negoció en varias oportunidades un juicio abreviado, pero que a último momento declinaba para prolongar la causa liderada por los fiscales Víctor Núñez y Leonardo Zamora.

“Luego de seis años estamos ad portas de iniciar un juicio oral que se ha dilatado como estrategia de la defensa, lo que ha debilitado el proceso”, asegura el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, quien ha presentado varias denuncias contra Aguilera.

El primer testigo: El exjefe de seguridad de Aguilera que fue condenado por tráfico de armas

Roberto Martínez Cariz es un nombre no tan conocido por estos días, pero que a fines de 2017 estuvo en las principales portadas de los medios tras ser detenido por un equipo especializado del Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones.

Martínez fue capturado por los detectives en medio de una indagatoria por tráfico de armas vinculado al narcotráfico. Este hecho fue un duro golpe para Miguel Ángel Aguilera, pues Roberto Martínez era director de seguridad de San Ramón y antes había figurado como su administrador en la campaña de reelección de 2016.

El “doble agente” como fue denominado en su momento, por ser funcionario público y a la vez integrar una banda narco, fue condenado por tráfico de armas en 2019. Esto generó un distanciamiento con Aguilera y no habrían retomado una amistad. 

Para el Ministerio Público, Roberto Martínez es una pieza clave en esta investigación sobre corrupción, pues de acuerdo a múltiples diligencias policiales, el ex jefe de seguridad habría presenciado los movimientos ilícitos del ex jefe comunal de San Ramón.

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Por esa razón es que en el documento de apertura del juicio oral, lo situó como el primer testigo que presentará la Fiscalía Sur antes los jueces. El objetivo de los persecutores es que previo a su juramento pueda relatar lo que “presenció, vio, escuchó e hizo en relación a los hechos de la acusación”.

En el listado también figuran exfuncionarios de confianza de Aguilera, como su secretaria y directores de departamentos, quienes habrían participado del sistema de depósitos elaborado por el imputado con el objetivo de dejar en sus cuentas corrientes los dineros recibidos de las coimas de las licitaciones.

“Hoy tenemos un auto de apertura que da cuenta de múltiples transacciones que el señor Aguilera tuvo en sus cuentas en el período que fue alcalde”, señala Gustavo Toro.

El jefe comunal agrega que creen “fuertemente en los testigos”, pues fueron personas de confianza en sus dos períodos en San Ramón y que según las pesquisas policiales “hicieron depósitos” en las cuentas privadas de Miguel Ángel Aguilera.

“Esperemos que los hechos no queden impunes. Se hizo mucho daño al municipio y a la comunidad”, finaliza Toro, quien busca que su antecesor sea condenado con pena de cárcel.

De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, las penas que arriesga el exmilitante del Partido Socialista son 10 años: cinco por el delito de cohecho reiterado y cinco por lavado de activos. Además, se pide una multa por más de $200 millones si es que es declarado culpable de enriquecimiento ilícito y el comiso de su casa de La Reina.

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