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Condenan a empresas de helicópteros por colusión durante el combate de incendios: Pagarán millonaria indemnización

¿Qué pasó?

La Corte Suprema ratificó la condena impuesta por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a dos empresas dueñas de helicópteros y a sus ejecutivos Ricardo Pacheco y Rodrigo Lizasoaín por diversos casos de colusión registrados entre 2006 y 2013.

En concreto, las empresas Inaer Helicopter S.A. (Inaer) y Pegasus South América Servicios Integrales de Aviación SpA (Faasa) realizaron un acuerdo durante esos años para afectar el resultado de procesos de licitaciones públicas y privadas que contrataban servicios de combate y extinción de incendios forestales mediante helicópteros.

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Millonaria indemnización

La sentencia de la Tercera Sala del máximo tribunal informó que ambas empresas realizaron el mismo modus operandi en cinco procesos de contratación: tres de ellos iniciados por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) entre 2006 y 2011; y dos procesos para proveer el servicio a las forestales Mininco S.A. y Masisa S.A., realizados en 2012 y 2013, respectivamente.

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Por ello, ambas empresas deberán pagar en conjunto multas que alcanzan las 7.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), es decir, aproximadamente 5.652 millones de pesos.

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Faasa deberá pagar 4.400 UTA ($3.553 millones) e Inaer tendrá que cancelar 2.600 UTA ($2.099 millones). Además, los ejecutivos deberán pagar 60 UTA (poco más de $48 millones) cada uno por su participación en los ilícitos.

En una segunda resolución, la Corte Suprema acogió el recurso de reclamación interpuesto por la FNE y revocó un fallo en el que inicialmente había decidido no condenar a las empresas de helicópteros Calquín y Faasa y a sus ejecutivos por afectar el resultado del proceso de contratación convocado por Conaf el 2014.

 

"Nos alienta en la persecución de carteles"

A juicio de la Corte Suprema, "los hechos tuvieron incidencia en un mercado tan sensible para el país como la extinción de incendios forestales, por la potencial afectación a la vida y la propiedad de las personas, y que representan la más grave violación a los principios que rigen la libre competencia, más aún teniendo presente que se trató de aquellas entidades con la más alta participación en el mercado".

Por su parte, el fiscal nacional económico (s), Felipe Cerda Becker, valoró las decisiones, señalando que "esta decisión de la Corte Suprema nos indica que seguimos por buen camino y nos alienta en la persecución de carteles. Además, da una señal inequívoca en cuanto a que no solo las empresas, sino también sus ejecutivos deben responder por este ilícito".

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