Minera irregular en Hijuelas se denunció un mes antes de la muerte por intoxicación de dos trabajadores en faena La Fe

A eso de las 13:10 del miércoles 18 de diciembre, dos camionetas Nissan bajaron a toda velocidad por el pedregoso camino que conduce a la faena minera La Fe, emplazada en los cerros de Ocoa, en los deslindes del Parque Nacional La Campana, comuna de Hijuelas.

Pocos minutos atrás se había producido un accidente químico al interior del pique minero del cual se extraía oro, plata y cobre. En total, tres personas que trabajaban en la faena resultaron afectadas y dos fallecieron producto de la intoxicación, presumiblemente por monóxido de carbono, lo que deberá ser determinado por las pericias toxicológicas.

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Una de las camionetas llegó hasta el Cesfam de Ocoa con los dos mineros fallecidos y los otros tres afectados. Pero antes de que arribaran al centro asistencial, personal del SAMU alertó a los funcionarios del recinto de que no tomaran contacto con los mineros por el riesgo de contaminación, pues hasta ese momento no se sabía la causa de la intoxicación.

Tras una discusión con los funcionarios asistenciales, el sujeto que manejaba la camioneta se dirigió con los cuerpos hasta la Clínica Los Leones en La Calera, donde se constató la muerte de los dos mineros: Alejandro López Farías (50) y Genaro Araya Bórquez (57).

Rápidamente, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) comunicó que la empresa para la que estaban trabajando ambos pirquineros no contaba con todos los permisos correspondientes para operar en la zona. “Se trataría de una mina irregular”, refrendó en el lugar el seremi de Minería de Valparaíso, Jaime Rojas.

Lo que no se sabía hasta ahora es que las operaciones irregulares en el yacimiento en Ocoa se denunciaron un mes antes de que ocurriera el accidente que tuvo como fatal desenlace la muerte de los dos mineros.

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Correos a los que tuvo acceso Mega Investiga dan cuenta de que el 7 de noviembre se alertó a Conaf de las actividades de la minera por el posible daño a áreas protegidas y de conservación del Parque Nacional La Campana. “Me dirijo a usted para denunciar las actividades que está realizando una empresa minera en Ocoa”, señala el escrito.

El fiscal jefe de La Calera, Juan Sebastián de la Fuente, quien lidera las pesquisas que buscan esclarecer la muerte de los dos mineros, confirmó a Mega Investiga que el delito que se podría llegar a configurar es un cuasidelito de homicidio. “Pero para ello hay que establecer el vínculo con quienes los habrían contratado”, refuerza.

“Una grave amenaza”

El pasado 7 de noviembre, Iván Carvajal, vecino del sector Ocoa, ingresó una denuncia en Conaf donde se alertaba a la institución de las operaciones de una empresa minera en la zona.

La denuncia se realizó, dice Iván, porque la empresa adquirió un terreno en el sector de Ocoa y rápidamente comenzaron a realizar trabajos de limpieza de caminos y áreas aledañas “con el fin de acceder a un yacimiento mineral y comenzar su explotación”.

“Considero que estas acciones representan una grave amenaza para el ecosistema frágil de la Reserva de la Biósfera de Ocoa, en dónde tenemos flora y fauna endémicas y constituyen una clara violación a la normativa ambiental vigente. La explotación minera en esta área protegida puede tener consecuencias devastadoras”, advirtió en el escrito.

Pese a que el acceso al yacimiento quedaba en el límite del parque La Campana, Conaf instruyó una fiscalización y se apersonó en el lugar el 13 de noviembre para una inspección predial.

A través de esa fiscalización, se pudo comprobar que se trataba de una empresa que mantiene yacimientos y pertenencias mineras inscritos en la región de O’Higgins, pero ninguno en Valparaíso.

“La actividad descrita constituye una infracción a la normativa forestal, por lo que se procederá a notificar de ello al posible infractor y efectuar la correspondiente denuncia al Juzgado de Policía Local competente”, concluyó en su informe Christian Díaz, jefe provincial de la Conaf en Quillota.

Desde la institución forestal, además, señalan que se envió un oficio a Sernageomin respecto a la empresa minera, realizando una consulta respecto a los permisos con los que contaba para intervenir la zona, antes de que ocurriera la tragedia.

Lo cierto es que el oficio que llegó hasta las oficinas del Servicio de Minería el 18 de diciembre, es decir, el mismo día que se produjo la muerte de ambos pirquineros. En el documento se pedía a Sernageomin información acerca de las concesiones que mantenía la minera para operar en la zona y los permisos con que contaba. 

Por ahora, se mantienen varias investigaciones en paralelo a raíz del incidente. La empresa, que mantiene propiedades mineras en Rancagua y Machalí, deberá esperar las sanciones que podrán devenir de la investigación que lleva Sernageomin, cuyas sanciones más gravosas pueden alcanzar las 50 UTM.

Este año se eleva a 11 las personas fallecidas en contextos de accidentes mineros, cifra que ha decrecido en los últimos años.

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