Lavín Jr: Fiscalía envía antecedentes contra el diputado al CDE y mira similitudes del caso de Jaime Orpis

No son días fáciles para el matrimonio conformado por Cathy Barriga y Joaquín Lavín León. Este martes, el Noveno Juzgado de Garantía agravó la medida cautelar contra la exalcaldesa de Maipú y la envió a prisión preventiva por el millonario desfalco que habría dejado durante su gestión en la municipalidad.

Mientras que el diputado también enfrenta un complicado escenario judicial como consecuencia de una arista que surgió de la investigación principal contra la administración de su esposa.

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La causa, que se tramita de forma separada y bajo secreto es por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y otros ilícitos que puedan aparecer en el curso de la investigación.

Esto se vincula al mal uso de las asignaciones parlamentarias, junto al uso de facturas ideológicamente falsas para fines políticos. Además se indaga su rol en la desvinculación y contratación de funcionarios en la Municipalidad de Maipú, cuando su cónyuge estaba al mando.

Ante la gravedad de la información recopilada a la fecha, la fiscal Constanza Encina derivó los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que evalúen hacerse parte del caso contra el parlamentario, igual que como lo hicieron en contra de la ex mandamás de Maipú.

Los antecedentes deberán ser evaluados por el comité penal del CDE para determinar una eventual querella por fraude al fisco y otros delitos investigados.

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Un inminente desafuero y el caso del exsenador Orpis

El pasado 29 de octubre, la persecutora junto a un equipo de la PDI realizó una serie de allanamientos en la oficina de Lavín en el Congreso Nacional en Valparaíso, en su sede distrital y su domicilio en Peñaflor.

La diligencia provocó que a las pocas horas el diputado renunciara a su militancia a la UDI, dando cuenta de la gravedad de su futuro, ya que incluso la Fiscalía está evaluando pedir su desafuero, previo a su formalización, tal como se ha hecho con otras autoridades políticas investigadas en otros casos judiciales recientes. Incluso, esta mañana, la misma persecutora deslizó la posibilidad de dicha solicitud durante una entrevista radial. 

De acuerdo a las fuentes consultadas por MEGA Investiga, el equipo que encabeza Encina está mirando de cerca la investigación que se realizó contra exsenador gremialista, Jaime Orpis, a quien se quitó el fuero y luego fue condenado a cinco años y un día de cárcel efectiva, por fraude al fisco y cohecho, en el marco del caso Corpesca.

Esto, debido a que las irregularidades detectadas en el caso de Lavín Jr. serían similares a las que llevó a cabo el exsenador en torno al mal uso de las asignaciones que recibía por su cargo y el uso de boletas ideológicamente falsas.

En la causa, se estableció que Orpis simuló la contratación de asesorías parlamentarias por las cuales se entregaban facturas falsas al Senado, para luego reembolsar los montos por actividades no realizadas. Ilícitos que reconoció ante la Fiscalía donde aseguró que “apliqué a usos propios o ajenos parte de los dineros que se asignaron para el pago de asesores externos o legislativos".

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Alcalde en las sombras

Entre los antecedentes que maneja la Fiscalía contra Lavín también se encuentran correos electrónicos, múltiples declaraciones, y una planilla Excel, que sería clave para establecer su rol de “alcalde en las sombras”, debido a que tendría relación con las desvinculaciones y contrataciones que se hicieron durante el mandato de su esposa, y se indaga qué tan involucrado estaba el diputado en esas decisiones.

En el expediente judicial, al que accedió MEGA Investiga, aparece la declaración en calidad de imputado del abogado y ex director jurídico de la municipalidad, Carlos Fairlie, quien reveló el modo de operar en el círculo de hierro de Barriga en el municipio.

Respecto a los cambios de funcionarios, Fairlie señaló que “a su llegada la exalcaldesa empezó a desvincular, principalmente porque eran operadores políticos de (Christian) Vittori. Al inicio eran 300-400 personas y después pasamos a 900 personas que había que despedir”.

Ante la pregunta de ¿quién confeccionó la lista de despidos?, el abogado declaró que “en un caso, estaba confeccionada por el Director del Hospital del Carmen, y en otros casos, simplemente eran correos que me enviaba el diputado Joaquín Lavín, que señalaba a quiénes había que desvincular porque su presencia iba en contra de la gestión de la administración (...) Rodrigo Araya también le mandaba mucha información a Joaquín Lavín respecto de aquellas personas que creía que podían ser de su confianza”.

La lista de funcionarios que habrían sido contratados ya están en el expediente y son parte de las diligencias encargadas a la PDI. En paralelo, el equipo investigador avanza con el análisis de mails e informes periciales contables, que serán claves para cerrar el círculo en torno a Lavín.

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