En los últimos 15 años al menos 60 políticos investigados por el Ministerio Público no fueron a juicio oral

Por Isidora Fuenzalida y Macarena Salazar *

El 7 de enero de 2015, el senador Iván Moreira admitió frente a las cámaras haber utilizado un mecanismo irregular para financiar su campaña electoral. Tres años después, el fiscal Manuel Guerra pactó una suspensión condicional del procedimiento. El parlamentario nunca fue a juicio oral. El episodio fue tan controversial que generó la renuncia de los fiscales de Alta Complejidad Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, los que inicialmente habían indagado la actuación del político.

Con la revelación de los chats entre Guerra y el abogado Luis Hermosilla en el marco del Caso Audios, quedó al descubierto la coordinación entre ambos y eventualmente Andrés Chadwick –quien niega haber participado– para cerrar las llamadas causas VIP: "De aquí al 31 quiero dejar negociado Penta", le dijo Guerra a Hermosilla solo cuatro días antes de llegar a acuerdo.

Esto puso en el centro de atención el hecho de que hay políticos investigados que, pese a la existencia de pruebas y confesiones, no son llevados a juicio oral. En este trabajo periodístico se detectó que al menos 60 políticos, entre autoridades y dirigentes de partidos, mantuvieron sus antecedentes penales intactos gracias a que los fiscales a cargo optaron por cerrar sus causas sin formular una acusación frente a un juez.

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Para este reportaje se revisaron casos conocidos públicamente en los que fueron imputados políticos por delitos de cohecho, soborno, malversación, fraude al fisco, prevaricación y delitos tributarios asociados al financiamiento de campañas electorales.

Se identificaron 77 procesos que involucraron al menos a 60 políticos en los que el Ministerio Público decidió suspender condicionalmente la investigación, sobreseer o no perseverar. Se reunieron 36 carpetas judiciales y, de manera aleatoria, se seleccionó una muestra del 15% de ellas para revisar la evidencia recolectada por los fiscales. Luego, mediante entrevistas con algunos litigantes y expertos en derecho penal, se analizaron los antecedentes recopilados en las carpetas para establecer si eran suficientes o no para llevar a los imputados a un juicio oral.

Comprobamos que en al menos seis casos sí existían pruebas idóneas para decretar la existencia de acciones que podían ser delito. Además, se develó que cuatro fiscales se repiten en los procesos donde se pactaron salidas: Pablo Gómez, Manuel Guerra, Marcela Cartagena y Jorge Abbott. Sin embargo, en algunos de ellos, el cierre se debió a que el Servicio de Impuestos Internos (SII) no presentó querellas o denuncias, lo que amarra de manos a la Fiscalía para seguir indagando.

Los que zafaron de juicio oral

Se revisaron 105 indagatorias en las que 81 autoridades y dirigentes políticos –14 se repiten– fueron investigados por corrupción entre 2009 y 2024. En 77 de ellos, la Fiscalía culminó el proceso penal por vías alternativas al juicio oral, lo que significa que sacó del rincón de los acusados a al menos 60 políticos y no quedaron registros en sus antecedentes.

En otras seis investigaciones, se acordaron procedimientos abreviados. Para esto, el imputado debe reconocer que los hechos sobre los cuales se funda la acusación existieron, pero no necesariamente que constituyen delito. Así, se puede ver beneficiado con una rebaja en la pena. Finalmente, de los 105 casos revisados, solo 22 llegaron a juicio oral, involucrando a 18 políticos. Resultaron condenados 13 –12%–, aunque cuatro fueron absueltos de otros delitos en el mismo proceso. En cinco casos adicionales, solo hubo absoluciones.

Una mirada a las carpetas judiciales 

En octubre de 2018, los fiscales Manuel Guerra y Felipe Sepúlveda presentaron una acusación penal en contra de Pablo Zalaquett (UDI) y Laurence Golborne (Ind-UDI). El Ministerio Público había solicitado “la pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo y multa de 40 UTA (equivalente a $2,6 millones en julio de 2024) como autor del delito tributario contemplado en el artículo 97 número 4 inciso final del Código Tributario (confección, venta o facilitación maliciosa de facturas), estando dicho delito consumado y en carácter de reiterado”. Sin embargo, en agosto y septiembre de 2019, respectivamente, el mismo fiscal Guerra acordó la suspensión condicional del procedimiento de ambos.

Tras dejar Fiscalía, Guerra se desempeñó en trabajos relacionados con el mundo político. Según chats publicados por The Clinic, desde 2018, mientras cerraba la investigación del caso Penta, Guerra empezó a pedirle trabajo a Hermosilla, quien entonces era asesor de confianza en el Ministerio del Interior, bajo la dirección de Andrés Chadwick.

En agosto de 2021, Guerra fue contratado como docente en la Universidad San Sebastián, donde el exministro presidía la Junta Directiva. Ambos renunciaron a la institución tras verse involucrados en el Caso Audios.

Ese mismo año, Guerra fue contratado por la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente, integrada por Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura. A fines de 2023, el alcalde Rodolfo Carter (ex UDI y precandidato presidencial) lo integró como Defensor de la Gente en la Municipalidad de La Florida, cargo al que renunció a principios de mes.

La acusación contra Golborne se respaldó en 26 facturas ideológicamente falsas que se habrían emitido para financiar ilegalmente sus campañas de 2013. Ante Fiscalía declaró que se reunió dos veces con Carlos Alberto Délano –uno de los controladores del Grupo Penta– para solicitarle ayuda: “Le hablé específicamente de 20 millones de pesos por seis meses”, lo que se condice con las seis facturas emitidas a Penta y Penta III por Vox Comunicaciones, que le prestó asesorías al candidato en el período electoral.

Golborne afirmó que él le pidió a Gabriele Lothholz, representante legal de la empresa, que hiciera las facturas y que “no hubo ningún servicio que yo supiera que Vox le hubiera hecho a Penta o a Penta III”, lo que confirmaron Délano y Carlos Eugenio Lavín –segundo controlador del Grupo Penta–.

Vox Comunicaciones emitió otras siete facturas que se suman a las 13 de Asesorías VSA que “daban cuenta de servicios inexistentes”. El monto total de dineros ilícitos obtenidos fue de $378,77 millones. Para optar a la suspensión condicional, Golborne tuvo que pagar solo $11,4 millones.

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La acusación contra Zalaquett se respaldó en una boleta de honorarios y 19 facturas exentas ideológicamente falsas por un total de $71 millones. Según declaró Sebastián Correa, representante legal de Reactor –empresa que facturó para el exalcalde–, el equipo del político le solicitó pagarle por esta vía los servicios comunicacionales que prestó. También afirmó que, cuando se destapó el financiamiento irregular de la política, Carmen Gloria de Castro, “Coca”, jefa de gabinete de Zalaquett, lo llamó para preguntarle “qué servicios le podría haber prestado yo a Penta y que se los mandara”, a lo que no accedió. Según la declaración de Zalaquett, él sí solicitó los dineros, pero quien hizo las gestiones para materializar el pago fue De Castro.

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Para este reportaje, Laurence Golborne no quiso referirse al tema.

Por su parte, Pablo Zalaquett afirmó que “ninguna persona que haya aparecido en el Caso Audios se acercó a nosotros (él y sus abogados) para interceder por nuestra causa. Yo creo que esto se explica porque perdí (las elecciones), no tenía valor político”. Recalcó también que ya había decidido ir a juicio, porque “no teníamos ninguna duda de que lo ganábamos. En mi caso no había facturas ideológicamente falsas, porque los trabajos estaban hechos. La Fiscalía requería inventar este cuento para meternos a todos dentro del mismo saco, porque era lo que les vendía Gajardo”, pero que la querella del SII fue por no pago de impuesto de donación. Cuando la Fiscalía les ofreció el acuerdo a sus abogados, aceptó porque “mis hijos vivían fuera del país y yo me arriesgaba a perder mi empresa si estaba cuatro meses dedicado al juicio”.

Mauricio Daza, abogado querellante, criticó los acuerdos: “No llegó algún antecedente que desvirtuara lo que se había dicho en la acusación. (Guerra) no tenía ningún fundamento, porque no había nada nuevo”.

Esto lo confirmó el pasado 27 de junio para este reportaje el mismo exfiscal Guerra: “No recuerdo que haya habido un antecedente distinto”, dijo, “para tomar la decisión”. No obstante, justificó su resolución en base a otros fallos de la Corte Suprema en los cuales se estimó que debía comprobarse que la facilitación de facturas se había hecho con dolo con la expresa intención de evadir impuestos: “Al faltar ese dolo especial, era posible que absolvieran y, de hecho, como las penas a las cuales se exponían igual las iban a tener que cumplir en libertad, opté por alcanzar una salida alternativa”. Se le preguntó si ya conocía esos fallos al presentar la acusación, a lo que afirmó que “la información uno la maneja desde antes, pero la va procesando en el tiempo”.

Rodrigo Peñailillo (PPD), exministro de Interior, fue investigado por su participación en la empresa de Giorgio Martelli: Asesoría y Negocios, la recaudadora de fondos de la campaña presidencial de Michelle Bachelet, gracias a declaraciones y cuatro boletas –de $4 millones cada una–, emitidas por el exministro a la asociación, que a su vez facturó para SQM. Al solicitarle los informes que acreditaban el trabajo realizado, Peñailillo entregó textos con extractos supuestamente plagiados (ver nota de El Mostrador), lo que levantó sospechas en cuanto a si efectivamente hubo una prestación de servicios. Seis años después, el fiscal a cargo, Pablo Gómez, no tuvo otra alternativa que no perseverar en la indagatoria, dado que el SII, bajo su nuevo director Fernando Barraza –nombrado por Bachelet–, nunca presentó denuncias o querellas por estos hechos, pese a la evidencia recolectada por Fiscalía.

A Marcelo Peñaloza (PRI), se le otorgó la suspensión condicional del procedimiento tras emitir 11 boletas ideológicamente falsas en el caso SQM. Declaró ante Fiscalía que Adolfo Zaldívar, en ese entonces líder del partido, le pidió emitirlas: “No le he prestado ningún servicio a SQM, ni a Celco, ni a Copec y las boletas que extendí fueron, como he dicho, a solicitud de Zaldívar a quién le deposité todos los dineros que recibí por este asunto”. Esto lo ratificaron en sus declaraciones Humberto de la Maza (PRI), su yerno, y su hermana Marcia Peñaloza.

Para el abogado penalista, Eduardo Cornejo, “sí hubo una decisión política de no perseguir", pero para esta investigación el exfiscal Gómez señaló que "el Ministerio Público hizo la investigación respecto de todos los involucrados”.

En el caso de la Federación de Industrias Pesqueras del Sur Austral (Fipes), el exsenador Patricio Walker (DC) fue sobreseído por la Corte Suprema, pese a haber declarado que en 2013 solicitó al presidente de Fipes, Carlos Vial, $3 millones para entregárselos en efectivo al entonces candidato a diputado Iván Fuentes (DC): “Este apoyo del Sr. Vial se materializó a través de tres transferencias electrónicas a mi cuenta corriente”, indicó Walker. Ello se respalda en movimientos bancarios, la declaración de Vial y correos entre dirigentes de compañías pesqueras que corroboran el motivo de este aporte. Incluso, el hermano del exsenador, Tomás Walker, se vio envuelto en el caso, porque dos boletas eran de uno de los abogados de su estudio a las pesqueras Friosur y Emdepes.

La decisión de la Suprema se tomó luego de seis meses de investigación, en los que quedaron diligencias pendientes, según el fallo. El voto de minoría que se opuso al sobreseimiento de Walker, de los ministros Milton Juica y Jorge Dahm, califica la decisión como “una falta grave”, ya que “resultaba a todas luces inaceptable, apresurada e inoportuna en el momento procesal en que se decreta, bajo justificaciones equivocadas y carentes de todo sustento fáctico y jurídico”.

Por su parte, Fuentes reconoció que solicitó el dinero, pero la Fiscalía decidió no perseverar en su contra.

Según Matías Ramírez, abogado querellante, se debió haber ampliado la investigación: “Se manda la causa a morir a Aysén en una investigación casi express, pese a que había como antecedente boletas falsas que daban cuenta de algunas acciones tendientes a favorecer a las empresas”. Para el abogado Cornejo, no hubo igualdad en la aplicación de criterios: “Iván Fuentes murió políticamente. (...) En cambio, esta otra familia (los Walker) sigue vigente, siguen en los cargos públicos”.

Cristián Riego, académico de la Universidad Diego Portales y abogado defensor del contador de Penta, Marcos Castro, establece que los seis casos descritos –Golborne, Zalaquett, Peñailillo, Peñaloza, Walker y Fuentes– informan la comisión de los delitos descritos y sancionados en el Código Tributario (confección, venta o facilitación maliciosa de facturas u otros documentos tributarios); ilícito que se encuentra en grado de consumado y reiterado; y en concordancia con el artículo 15 N°1 del Código Penal, los involucrados actuaron en calidad de autores. Sin embargo, señala que “no son muy graves y las penas son relativamente bajas, son personas que no tienen antecedentes penales”, lo que justificaría pactar una suspensión condicional o un procedimiento abreviado.

Para Juan Carlos Manríquez, abogado defensor de Marta Isasi (Corpesca) y Marco Enríquez Ominami (SQM), “lo más probable es que no configuraran un delito, sino que una deuda tributaria o una infracción”, ya que no se podría aplicar la posterior Ley 21.595 sobre delitos económicos.

Gustavo Balmaceda, doctor en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, afirma que, debido a la falta de legislación en esta materia en esos años, “se actuó dentro del marco de la ley, pero si esos mismos hechos ocurrieran hoy, te aseguro que no se habría podido llegar a salidas alternativas”. También cuestionó los criterios del Ministerio Público: “Podrían haber llegado a juicio, pero en la práctica existe algo bien perverso: todo el sistema procesal penal funciona en base al cumplimiento de metas. ¿Cuál es el incentivo para un fiscal de llevar una causa a juicio oral, que va a durar 6 meses, (...) si cumple la misma meta con una salida alternativa que la pacta en un escritorio con dos horas?”.

El penalista Eduardo Cornejo planteó: “Si existe un delito, aunque no tenga una pena tan alta (...) estamos hablando de la fe pública. ¿Corresponde arribar a una salida alternativa? ¿O, lo que hubiese correspondido, es que (...) un tribunal se hubiese pronunciado?”. Para Juan Ignacio Rosas, académico de la UC, hay una “amplia gama de matices, porque son temas complejos” e, incluso, sostiene que “en el procedimiento ordinario del juicio podría haber un alto porcentaje de que haya absolución”. 

“Operación de impunidad”

De las investigaciones en donde no se persiguió acción penal, algunos abogados querellantes apuntan a que los fiscales a cargo tomaron decisiones infundadas. Se revisaron 83 de estos casos, conformando el podio de cierres Pablo Gómez, Manuel Guerra y Marcela Cartagena.

El exfiscal Gómez lidera el ranking con 14 casos cerrados sin acusación, que corresponden en su totalidad a la causa SQM. De estos, ocho fueron los beneficiados con la suspensión condicional del procedimiento: Gustavo Alessandri Balmaceda (RN), Gustavo Alessandri Bascuñán (Ind-UDI), Jaime Araya (Ind-PPD), Rodrigo Arellano (UDI), Fernando Herman (UDI), Marcelo Peñaloza (PRI), Cristóbal Urruticoechea (ex RN) y Alejandro Sule (PR); en uno se comunicó la decisión de no perseverar: Rodrigo Peñailillo (ex PPD), en el cual era imposible seguir la indagatoria sin la querella del SII. Y en cinco se optó por sobreseer: Rodolfo Baier (PR), Rodrigo Gómez (PRI), Carlos Ominami (ex PS), Fulvio Rossi (ex PS) y Jorge Pizarro (DC), a quien también se alude en los chats de Guerra con Hermosilla.

Según Daza: “Gómez cuando recibe la causa (SQM) no realiza ninguna diligencia investigativa relevante, lo único que hace es empezar a mutilar el caso” al “dividirla en pequeñas causas”, a pesar de que “no son hechos aislados”. Para Matías Ramírez, “hacer seguimiento a cada causa nueva que abría Fiscalía era mucho más complejo, sobre todo si era en distintas regiones”.

Sin embargo, Gómez, el pasado 01 de julio dijo para este reportaje que considera “absurda la crítica”, ya que “se hace sobre la base de antecedentes superfluos”. 

En segundo lugar, Manuel Guerra cerró siete casos: Laurence Golborne (Ind-UDI), Iván Moreira (UDI), Sebastián Piñera (RN), Andrés Velasco (Ind), Ena Von Baer (UDI), Pablo Wagner (UDI) y Pablo Zalaquett (UDI); y pactó dos procedimientos abreviados: Jovino Novoa (UDI) y Pablo Wagner. Una fuente del Ministerio Público asegura que “la gente estaba muy decepcionada de él. No se podía expresar tanto, porque era el jefe, pero sí se comentaba que era un operador político”.

La decisión más cuestionada de Guerra fue la reformalización de Wagner y los dueños de Penta, en la que, según Enrique Aldunate, abogado querellante, “transformó un delito de corrupción en un delito de enriquecimiento sin causa, lo que le permitió rebajar la pena ridículamente y negociar un juicio abreviado”.

Para María Inés Horvitz, querellante por el Consejo de Defensa del Estado, “resolvió reformalizar suprimiendo hechos respaldados en la carpeta de investigación que en la formalización fueron calificados de soborno y cohecho y, como no podría eliminar el antecedente de los dineros mensuales recibidos por Wagner (...) los calificó de enriquecimiento ilícito. (...) Omitió deliberadamente no perseverar respecto de los hechos suprimidos –a lo que estaba legalmente obligado– para impedir que los querellantes pudieran forzar la acusación (...) lo que me lleva a pensar que, a lo menos, cometió el delito de prevaricación administrativa”. Tras la revelación de los chats, Horvitz y Daza presentaron una querella al 4to Juzgado de Garantía de Santiago, donde acusan a Hermosilla de soborno y a Guerra de cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa por este episodio. 

Para el abogado Juan Carlos Manríquez, la decisión de Guerra estuvo dentro de la normativa legal. 

Según declaró el exfiscal para este reportaje, “los antecedentes eran bastante débiles” para probar el cohecho, puesto que, si bien se pudo acreditar pagos a Wagner y actos tendentes a favorecer a los dueños de Penta, “no teníamos los actos propios del cargo (subsecretario de Minería)”. Por esto, Guerra aseguró: “No me arrepiento de haber tomado la decisión. Creo que era una decisión razonable”. 

El último lugar es para la fiscal Cartagena, quien cerró seis investigaciones del caso Asipes. Sobreseyó a Juan Pablo Longueira (UDI) y Carlos Bianchi (Ind), quién declaró para este reportaje que en esta causa “hubo una querella de los trabajadores de la industria de la pesca y de un señor que era diputado del PC, que después pidió disculpas, porque yo fui el único senador en la época que votó en contra de la ley Longueira. Cuando eso pasó, alguien estimó que de alguna forma había que complicarme la vida y demostré que todo eso fue falso”.  

También por Asipes, la fiscal decidió no perseverar contra Cristián Campos (PPD), Raúl Súnico (PS), Jacqueline Van Rysselberghe (UDI) y Frank Sauerbaum (RN), quien nos afirmó que nunca participó de la causa. Matías Ramírez, abogado querellante de la causa, expresó que, cuando Cartagena asumió la causa Asipes, “la cantidad de antecedentes y la voluntad en torno a seguir indagando cambió. (...) Tuvimos muchas dificultades hasta para acceder a copias de las carpetas investigativas, siempre las teníamos muy desfasadas”. 

La fiscal señaló para este reportaje que “todos los intervinientes tuvieron el acceso correspondiente a los antecedentes contenidos en la carpeta”. Además, agregó que “ninguno de los querellantes compareció a la audiencia” en la que se decidió sobreseer y no perseverar, ni “manifestó alguna reclamación formal al respecto, habiendo existido los conductos regulares”. 

¿Cuál es el factor común? Las causas SQM, Penta y Asipes fueron reasignadas de sus fiscales originales a Gómez, Guerra y Cartagena, cuando Jorge Abbott asumió como Fiscal Nacional en diciembre de 2015. Eduardo Cornejo recuerda que su nombramiento fue “una cocina política” y que “durante todo su periodo se mencionó que había sido acordado para bajarle el perfil a este tipo de delitos”. Desde su retiro, Abbott ha estado al margen de la vida pública. Fue imposible obtener sus datos de contacto, pero en entrevista con La Tercera (2 de octubre 2022) ha dicho que “es falso que yo comprometí o participé de un acuerdo político para beneficiar a quienes eran imputados en esas causas”. 

Desde el momento en que asumió Abbott, para Matías Ramírez “hubo un cambio de criterio al interior del Ministerio Público, que derivó en que las diligencias fueran mucho más acotadas”. Mauricio Daza tiene un juicio más categórico: “Hubo reuniones entre Hernán Larraín, quien iba a asumir poco después como ministro de Justicia, con Jorge Abbott para tratar la situación de Iván Moreira”, agregando que “no creo que hubiera deficiencias (en las investigaciones), hubo una decisión política. Acá hubo una operación de impunidad”.

* Este reportaje fue realizado por las estudiantes Isidora Fuenzalida y Macarena Salazar, en
la sección del profesor Pedro Ramírez del curso Taller de Periodismo Avanzado de la
Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile.