Columna de Mauricio Morales: "Las lágrimas del Apruebo"

Por Mauricio Morales, doctor en Ciencia Política, profesor titular, Universidad de Talca-Campus Santiago.

Se cumplieron dos años de un plebiscito histórico, el más importante luego de haber derrotado a la dictadura de Pinochet en 1988. El 4 de septiembre de 2022 se confirmó que el problema de Chile nunca fue la Constitución, cuestión que fue ratificada en 2023 en un nuevo plebiscito.

Para bien o para mal, entonces, la actual Carta Magna goza de mayor legitimidad que cualquier otra Constitución en la historia de Chile, a pesar de su origen y considerando en todo momento el cúmulo de reformas que se le han realizado, incluyendo las del Presidente Lagos en 2005. Probablemente, si Lagos hubiese plebiscitado esa Constitución, el tema estaría enterrado.

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¿Por qué entramos en un proceso tan traumático para Chile?, ¿qué llevó a la elite a avanzar en el cambio constitucional sin pensar en sus efectos?, ¿hemos aprendido algo de todo esto? La respuesta a la primera pregunta es más o menos obvia. La elite política impuso un proceso de cambio constitucional debido a la presión callejera en el contexto del estallido. Sin embargo, las demandas ciudadanas poco tenían que ver con la Constitución. Más bien, la rabia se centraba en los abusos de entidades públicas y privadas, los cobros excesivos, las prácticas corruptas, entre otras.

Hay que recordar el famoso caso La Polar- con repactación unilateral de deudas-, la colusión de los pollos y las farmacias, el financiamiento irregular de la política con Penta y Soquimich, el caso Caval, entre muchos otros. Eso se fue acumulando en el tiempo, a lo que se añadió el malestar producto de las bajas pensiones, la desigualdad y el encarecimiento de la vida.

¿Se resolvía todo esto con una nueva Constitución? No. Pasemos a la segunda pregunta, y examinemos la evidencia que dispuso la clase política para iniciar este proceso constitucional. En realidad, no hubo evidencia alguna. Era cosa, en todo caso, de darse una vuelta por el barrio- América Latina- para percatarse que la receta de nueva Constitución no se caracterizaba precisamente por su éxito.

 

 

Los ejemplos de Perú (1993), Venezuela (1999), Ecuador (2008), y Bolivia (2009), se debieron considerar, aunque con una gran salvedad. En esos procesos de cambio constitucional fueron los líderes o caudillos quienes lo impulsaron. En Chile, en cambio, fue un colectivo que tuvo el mérito de ganar ampliamente las elecciones de Convencionales en 2021.

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La tercera pregunta es clave. ¿Hemos aprendido algo de todo esto? Sí. Ya sabemos que el cambio de Constitución no es el camino. Así también lo ha entendido la ciudadanía. Si miramos los datos de la última encuesta Cadem, el apoyo a una nueva Constitución cayó 18 puntos, llegando al 46%, mientras que quienes están en desacuerdo con esta propuesta crecieron en 15 puntos, alcanzando un 49%. Este era el último recurso al que podían apelar los defensores del cambio constitucional. Lo más dramático es que solo un 19% de los encuestados cree razonable hacer otro proceso constitucional, frente a un 43% que sugiere reformas a la actual Constitución, y un 30% que quiere mantener las cosas tal como están.

En lo personal, pertenezco al pequeño grupo del triple “rechazo” en los plebiscitos de 2020, 2022 y 2023. El fundamento de esta decisión se basó siempre en la evidencia, jamás en la ideología. Sin embargo, la puerta constitucional sigue abierta. El PC y el PS- en voz de su presidenta- han señalado que la nueva Constitución forma parte de la agenda y de los propósitos de largo plazo. Por tanto, no sería tan descabellado encontrar líderes políticos que reanimen esta idea, la que por cierto tiene resonancia en cierta prensa.

Dicha postura, siendo legítima, es profundamente dañina para la democracia. Seguramente, el caso Hermosilla será identificado como un hito recurrente y una razón más que suficiente para señalar que el país no ha cambiado y que, por eso mismo, merece una nueva Constitución. La trampa es siempre la misma. Es la elite la que desarrolla prácticas deleznables, y cuando todo explota, entonces se acuerdan del “pueblo”. Le ofrecen el poder total para escribir una Constitución, y con eso tapan la corrupción, abusos, tráfico de influencias, y enriquecimiento ilícito.

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