El correo de la Unidad Anticorrupción que el exfiscal Guerra ignoró y que solicitaba mantener el cohecho en Caso Penta

Por varias horas estuvieron reunidos los fiscales regionales de la zona Oriente de Santiago, Lorena Parra, y de Arica, Mario Carrera, quien fue designado para investigar la arista que involucra al expersecutor Manuel Guerra en el marco del caso Hermosilla.

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De acuerdo con lo revelado por CIPER, una de las hebras que surgió luego de que el equipo liderado por Parra analizara los mensajes contenidos en el celular de Luis Hermosilla fueron las conversaciones que este último habría sostenido con el entonces fiscal jefe metropolitano Oriente, Manuel Guerra, cuando estaba a cargo del caso Penta.

En esa nueva arista –que depende ahora del fiscal Carrera– se busca determinar si esos intercambios habrían influido o no en la decisión de recalificar y eliminar delitos cuando Guerra selló las salidas de los involucrados en el financiamiento ilegal de la política.

Las conversaciones entre ambos –según lo que publicó CIPER– datan de 2016. En ellas, el penalista y el expersecutor hablaron de que se debía contactar a “Andrés” para darle una salida al caso Penta. Se presume que aludían a Andrés Chadwick, hombre de confianza del expresidente Piñera y uno de los mejores amigos de Hermosilla.

En junio de 2018, Guerra decidió eliminar el delito de soborno en contra de los controladores de Penta –Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín– y recalificar el cohecho como enriquecimiento ilícito en contra del exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner, quien recibió un pago de $42 millones por parte del Holding mientras era funcionario de gobierno, según pudo acreditar la investigación. 

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Esa jugada permitió rebajar las penas y llegar a un procedimiento abreviado en contra de los tres imputados. Mega Investiga corroboró que un mes antes, en mayo de 2018, el fiscal Guerra pidió una opinión técnica a la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional para pedir orientación sobre cómo proceder con la recalificación del delito.

Sin embargo, la unidad del Ministerio Público, que en ese entonces era dirigida por Marta Herrera, señaló en su respuesta que las conductas acreditadas durante la investigación correspondían a soborno y cohecho, en línea con la primera formalización de mayo de 2015 llevada a cabo por los exfiscales Gajardo y Norambuena y con la querella presentada por el CDE.

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Por lo tanto, señalan fuentes de la época, el ente especializado en corrupción de la Fiscalía Nacional cuestionó la decisión de Guerra y aseguró que lo “técnicamente correcto” era mantener los delitos más gravosos en la legislación.

Finalmente, Guerra optó por omitir los cuestionamientos expresados por el equipo de Herrera y siguió adelante con su decisión. De esa forma, el 4 de julio de 2018 se concretó la reformalización de los tres involucrados, que terminaron siendo condenados por delitos tributarios (en el caso de los controladores de Penta) y enriquecimiento ilícito (en el caso del exsubsecretario Pablo Wagner).

“Fue una decisión que le hizo mucho daño al Ministerio Público”, dicen quienes tuvieron acceso a esas tratativas. Las mismas fuentes señalan que Guerra estaba “bajo mucha presión” externa.

Seis años después, la Fiscalía metropolitana Oriente –la misma que dirigió Guerra– indaga posibles delitos en las maniobras de Guerra no solo en el caso Penta, sino que en al menos otras dos investigaciones: la compraventa de la minera Dominga y fraude que habría cometido el exdirector de la PDI, Héctor Espinoza.

El blanqueo de Guerra

Como una traición. Así califica la exconsejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Inés Horvitz, la actuación de Guerra en el caso Penta. En una entrevista en con el podcast “Lo que importa” de Daniel Matamala, la jurista explicó que cuando actuaba como querellante del caso Penta, Guerra les “envió una formalización que finalmente no fue la que él presentó en esa audiencia”.

“Considero que es un traidor, es una persona que todo lo que realizó fue en contra de la parte querellante, la cual supuestamente íbamos por la misma cuerda. Yo creo que él no quería que estuviéramos alertados de lo que él iba a hacer en la audiencia”, aseguró Horvitz.

Eliminados los delitos de cohecho y soborno, en la práctica el CDE quedó fuera del caso. “No hizo lo que la ley decía tenía que hacer. Si él no estaba de acuerdo con los hechos que sustentaban el soborno, tuvo que haber tomado la decisión de no perseverar o sobreseimiento. Con eso nos dejaba la posibilidad de forzar la acusación, (pero) trató por todos los medios de impedirlo, sacándonos”, relató en el citado podcast.

Fuentes de la época señalan que cuando en mayo de 2018 Guerra solicitó una opinión técnica a la Unidad Anticorrupción buscaba validar su maniobra con el ente experto de la Fiscalía Nacional, pero la respuesta lo descolocó.

Si bien era parte de sus atribuciones como fiscal regional llegar a un procedimiento abreviado con los acusados, la discrepancia pública –dicen las mismas fuentes– con la unidad expuso las intenciones de Guerra.

En entrevista con CNN Chile, el exfiscal nacional Sabás Chahuán reconoció que –cuando estuvo al mando de la causa– recibió llamadas de parte de Luis Hermosilla, pese a que este no era defensor de ninguno de los acusados.

“Me llamó (...) y trató de tirarme lengua –dicho coloquialmente– y me preguntó si íbamos a hacer diligencias respecto al expresidente Piñera y Andrés Chadwick. Y yo le dije que estábamos haciendo todas diligencias que íbamos a hacer y que no se las podía adelantar. Pero no trató de ejercer influencia sobre mí”, aclaró Chahuán.

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