Columna de Mauricio Morales: "Chile cambió: violentos, temerosos y derrotados"

Por Mauricio Morales, doctor en Ciencia Política, profesor titular, Universidad de Talca-Campus Santiago.

Las cifras de la reciente encuesta Cadem son dramáticas. Los chilenos definen al país como violento e inseguro, predominando una sensación de miedo estructural frente a la delincuencia. Ya no nos distinguimos significativamente, al menos desde la opinión pública, con el resto de América Latina en cuanto a la percepción del crimen.

Además, y en el caso específico de Chile, ya existen cifras contundentes que van vinculando el delito con la inmigración, lo que es muy preocupante, pues eso alimenta conductas discriminatorias que suelen terminar en xenofobia. La encuesta muestra, por ejemplo, que el 28% considera que el aumento de la delincuencia es producto del incremento en la inmigración.

Esto tiene cierto correlato con los resultados de la encuesta Bicentenario-UC de 2023, en que el 91% de los encuestados estimaba que la inmigración había impactado positivamente en la delincuencia. Sin embargo, las tres cuartas partes de los encuestados señaló que nunca había tenido problema alguno con un inmigrante, y el 70% creía que los inmigrantes en situación legal podían acceder a los mismos beneficios sociales de los chilenos.

Entonces, al menos hasta ahora, parece ser que si bien los chilenos vinculan la inmigración con delito, esto aún no se transforma en un rechazo visceral a los inmigrantes, mostrando un buen margen de tolerancia hacia ellos.

Respecto a los responsables de esta crisis, y como era de esperarse, el 52% señaló al gobierno, quedando más atrás los tribunales de justicia (31%) y la PDI con Carabineros (10%). En su momento, el Presidente Boric dijo que el gobierno sería “perro” contra la delincuencia, y cada vez que se producían hechos violentes, prometía persecución y penas del infierno. Desafortunadamente, la situación está fuera de control. Pero ojo. No es solo responsabilidad del gobierno.

Cuando la encuesta Cadem pregunta por la prioridad para enfrentar la crisis de seguridad que vive el país, el 48% estima que es la “la acción de la fiscalía y los tribunales de justicia”, el 34% menciona “la gestión del gobierno y la coordinación con las policías”, y el 17% se inclina por “la aprobación de nuevas leyes en el Congreso”.

Entonces, puede que los chilenos valoren los esfuerzos que realiza el gobierno para enfrentar el delito, pero si la acción de la fiscalía es lenta y el desempeño de los tribunales de justicia es deficiente, el Ejecutivo queda atado de manos.

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Además, no deja de sorprender que en medio de esta discusión el Congreso que prácticamente impune. Existe una agenda de seguridad cuya legislación ha salido con una lentitud desesperante, lo que impacta, entre otras cosas, en las atribuciones y acciones que puedan ejercer las policías frente al delito.

Para los chilenos, sin embargo, la lucha contra la delincuencia pasa por acciones de “mano dura” que solo pueden ejercer el Ejecutivo o los tribunales de justicia. El Congreso es visto, para estos efectos, como otra instancia burocrática en que se libra una batalla política entre gobierno y oposición. En lugar de evitar la crisis, el Congreso parece ser parte activa de ella.

Lo único positivo en este contexto es la imagen de Carabineros. La encuesta muestra que el 91% de los chilenos cree que es una institución indispensable para el país, y el 80% dice que Carabineros “trabaja en terreno”. Sin embargo, solo el 30% estima que “están bien equipados”, y un magro 22% afirma que están preparados para enfrentar al crimen organizado.

Es indiscutible que la imagen pública de Carabineros ha mejorado sustancialmente en el gobierno del Presidente Boric, sobre todo si comparamos las cifras con las registradas en el contexto del estallido social de 2019.

¿Qué concluimos de todo esto? Primero, una ciudadanía entregada al delito, que percibe un entorno violento, y que vive con miedo. Segundo, un gobierno esforzado en su lucha contra el crimen, pero que no da resultados. Tercero, una estructura judicial que poco contribuye a acelerar las investigaciones y dictar sanciones. Cuarto, un Congreso que es más parte del problema que de la solución. Quinto, una institución de Carabineros muy querida y respetada, pero sin recursos ni herramientas para combatir la delincuencia.

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