El entramado judicial que debe sortear el alcalde Araya para disputar la reelección en Buin

Fraude al Fisco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Esos son los delitos que complican al alcalde de Buin, Miguel Araya Lobos (UDI), para buscar un tercer periodo al mando de la comuna.

Pero no será un camino fácil. Las pruebas que pesan en contra del militante UDI –según da cuenta el expediente judicial de su causa– son contundentes: funcionarios fantasmas, depósitos de funcionarios municipales y transacciones que –a los ojos de la Fiscalía– son sospechosas y podrían constituir graves delitos de corrupción.

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En la UDI, sin embargo, no parecen dar relevancia a las evidencias que pesan contra Araya, pues según pudo confirmar este medio con dirigentes gremialistas, nunca estuvo en duda su inscripción por la alianza de Chile Vamos (RN, Evópoli y UDI).

El diputado Leonardo Soto (PS), quien en su distrito representa a la comuna de Buin, cuestionó la decisión de la alianza de centroderecha de mantener a Araya como candidato, pese a las pruebas que pesan en su contra.

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“Es de la máxima gravedad que la UDI presente un candidato a alcalde en la comuna de Buin que aparece formalizado por varios delitos de corrupción. (...) Los partidos debieran tener normas más estrictas que impidan que personas que tienen una formalización en la justicia por delitos de corrupción puedan representarlos en las elecciones populares”, apuntó.

El recorrido judicial de Araya

Los cuestionamientos a la gestión de Araya se remontan a 2017. La primera alerta que saltó y que llevó a la Fiscalía Occidente a iniciar una investigación en 2018 fue una denuncia anónima que daba cuenta de la presencia de un funcionario fantasma al interior de la municipalidad, es decir, una persona que emitió boletas por servicios que nunca prestó.

De acuerdo con las pesquisas de la Brigada Anticorrupción (Brianco) de la PDI, el presunto funcionario habría cobrado un total de $10.333.332 por trabajos que nunca efectuó en la casa edilicia.

Ese primer antecedente permitió a las policías tirar la hebra y seguir la ruta de esos dineros. Así fue como se decidió levantar el secreto bancario de los imputados y del propio alcalde Araya, lo que reveló depósitos de funcionarios municipales en las cuentas corrientes personales del actual alcalde de Buin.

Con esos datos sobre la mesa, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió ampliar su querella inicial por fraude al Fisco, sumándole dos nuevos delitos que guardaban relación con el propio patrimonio del jefe comunal: lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

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El 23 de febrero de este año, el Ministerio Público ingresó una solicitud al Juzgado de Garantía de San Bernardo para realizar una audiencia de reformalización contra Araya por esos dos nuevos delitos, fijada para el 6 de marzo.

Sin embargo, llegado ese día, en una estrategia judicial de la Fiscalía, se optó por iniciar una nueva causa abocada exclusivamente a indagar los ilícitos que aparecieron al levantar las cuentas personales de Araya y mantener la indagatoria de fraude al Fisco en un carril separado.

Así las cosas, en esta última causa por fraude al Fisco, el pasado 28 de junio se celebró una audiencia de apercibimiento de cierre de la investigación que duró cerca de cuatro minutos y que se cerró sin “peticiones por parte de los intervinientes”.

Según información que pudo recabar Mega Investiga, el Ministerio Público y la defensa de Miguel Araya, encabezada por el penalista Juan Carlos Manríquez, habrían llegado a un acuerdo para consensuar una suspensión condicional del procedimiento, solicitud que aún se está tramitando de forma interna en la Fiscalía Occidente.

Sin embargo, ese acuerdo –aclaran en el Ministerio Público– tiene que ver más con cuestiones procesales de agrupar todos los hechos en la causa que se abrió recién en marzo, que con desistir de las acusaciones que pesan contra Araya.

“El alcalde no ha derivado, ocultado o desviado ningún peso de las arcas municipales para enriquecerse o aumentar su patrimonio. Hemos acompañado seis carpetas que se hacen cargo imputación por imputación en contra del alcalde”, plantea el abogado Juan Carlos Manríquez.

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