"Exigencias ilegales": Acusan irregularidades y presencia de funcionarios de Recoleta en municipio de Estación Central

Delitos de corrupción supuestamente cometidos en el marco de un convenio suscrito entre las municipalidades de Estación Central y Recoleta. Eso fue lo que denunció, mediante una querella, el candidato a alcalde de Recoleta, Mauricio Smok (UDI).

El aspirante al sillón edilicio, quien es querellante en el caso Farmacias Populares - investigación que tiene en prisión preventiva a Daniel Jadue (PC) por su rol como presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp)-, denunció al ahora ex jefe comunal comunista de implementar un mecanismo para “tomar el control” de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Estación Central y así "obtener beneficios a través de acciones ilícitas".

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Las irregularidades, según la acción penal, habrían ocurrido en el marco del denominado caso “edificios fantasma” de Estación Central, que se desencadenó hace dos años entre la gestión del alcalde Felipe Muñoz y empresas inmobiliarias.

Es en ese contexto que, según la querella patrocinada por el abogado Cristián Espejo, se habrían efectuado “exigencias ilegales” a las inmobiliarias, “a cambio de otorgar las recepciones finales” de los edificios construidos en la comuna.

A juicio de Smok, Jadue utilizó “el mismo modus operandi” que en el caso Farmacias Populares: “Crea una instancia en la cual pone a cargo de su gestión a una persona de su exclusiva confianza, con la finalidad de ocupar la instancia para fines particulares”, establece la querella.

Esta acción penal -que fue declarada admisible parcialmente por el tribunal el 31 de julio- se trata de un nuevo flanco para el alcalde de Estación Central. Y es que representantes de empresas inmobiliarias ya han presentado otro tipo de denuncias tanto en la Contraloría como en la Seremi de Vivienda de la Región Metropolitana (RM) para intentar destrabar los permisos.

Sin embargo, para el alcalde Muñoz esta nueva ofensiva se trata de una acusación infundada. "La interpretamos como parte de las presiones para la entrega de permisos de edificación fuera de norma", dice a Mega Investiga el jefe comunal, quien se querelló contra funcionarios de Estación Central por aprobar edificaciones de gran altura contraviniendo la normativa urbanística. 

"El mecanismo": el rol de Juan Hernández

Fue el 11 de agosto de 2021 cuando el entonces alcalde de Recoleta y el alcalde de Estación Central firmaron un convenio de asociatividad, colaboración y cooperación mutua.

Se trata de un acuerdo que está permitido por la Ley Orgánica de Municipalidades y posibilita, entre otras cosas, que un organismo comunal envíe funcionarios a otro municipio en comisión de servicio. Así fue como llegó Juan Hernández, jefe del Departamento de Fiscalización de la Dirección de Obras Municipales de Recoleta, a Estación Central.

El arquitecto fue enviado en noviembre de 2021, mediante el Decreto Exento N°1626, para asumir como director subrogante de la DOM de Estación Central. Una designación que, para Smok, no fue baladí.

Y es que, además, junto con su llegada se desencadenó una disputa entre el municipio y empresas inmobiliarias por la recepción final de obras de algunas construcciones de gran altura. Mientras las empresas argumentan que las edificaciones están en regla, el municipio asegura que además de exceder la altura máxima, sobrepasan la densidad de habitantes, por lo que contravienen las normas urbanísticas.

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La querella plantea que el objetivo de la llegada de Hernández era adoptar “medidas de presión” para las compañías propietarias de proyectos inmobiliarios como la no entrega de la recepción final de obras, para luego -dice la acción penal- solicitar “exigencias ilegales”, con el fin de que las sociedades proporcionaran “beneficios económicos”.

En caso de que las inmobiliarias no accedieran a esos presuntos requerimientos, acusa Smok, no se les otorgaba las recepciones finales u otras resoluciones relativas a sus proyectos, que les permitieran concluirlos para ser destinados a su uso.

La acción judicial cita una denuncia presentada ante la Contraloría por el abogado David Cademartori, el 26 de enero de este año.

El defensor, en representación de los proyectos Alto Los Nogales y Federico Scotto -que están a la espera de la aprobación de modificaciones de permisos de edificación-, y de Recreo 321 -que tiene pendiente la recepción final de obras- denunció los mismos antecedentes respecto del convenio.

“Durante los dos años en que el Sr. Juan Hernández ha detentado el cargo de DOM (S) han aumentado en exceso los plazos correspondientes al otorgamiento de modificaciones de permisos y recepciones definitivas”, dice la denuncia presentada en Contraloría.

En una misma línea, agrega que aquel actuar obedece “a un modus operandis premeditado
consistente en generar presión a las inmobiliarias que están apremiadas por el financiamiento otorgado para el proyecto”, para luego “gatillar negociaciones a través de terceras personas”.

El principal argumento que se utilizaba para las “exigencias ilegales”, según la querella, era el pago de “compensaciones por el impacto urbano” de las construcciones, pues los edificios de gran altura no sólo generaron preocupación e impacto al interior de la Municipalidad de Estación Central al mando de Muñoz, sino también de vecinos del sector.

Es ahí cuando aparecía, en representación de Estación Central, el abogado Rodrigo Aros, quien según la querella negociaba “extrajudicialmente con las empresas inmobiliarias un acuerdo que les permitiera obtener a estas últimas las ansiadas recepciones finales de sus proyectos”.

El alcalde Felipe Muñoz, sin embargo, refutó la tesis de la querella y aseguró que los "planes de compensación" fueron ofrecidos por las propias inmobiliarias. Se trataba, explica, de "obras menores y más bien simbólicas, incapaces de reparar siquiera en lo más mínimo el daño causado" por las construcciones. "Junto al Concejo Municipal resolvimos no aceptar nada justamente para no generar duda alguna y actuar con completa transparencia", remarca. 

Los dardos contra el abogado Aros

Tanto la querella como la denuncia en Contraloría apuntan contra Rodrigo Aros, no sólo por su vínculo con la Municipalidad de Estación Central y de Recoleta, sino también por ser, supuestamente, el intermediario en las negociaciones sobre las “exigencias ilegales”.

Los denunciantes lo denominan como un “funcionario de confianza” de Daniel Jadue. Y es que el abogado ha representado al ahora exalclade de Recoleta personalmente, así como también a la Municipalidad de Recoleta en diversas causas, a través del estudio jurídico Aros Benavides Abogados SpA.

Por otro lado, según registros de Transparencia Activa, Aros también prestó servicios entre junio y julio de 2022 a la Municipalidad de Estación Central, puntualmente en la Dirección de Obras Municipales, como honorarios y por una remuneración de $2.279.202.

El jefe comunal de Estación Central explica que, en dicho periodo, el rol del abogado fue asesorar a ese departamento en causas relacionadas con inmobiliarias, pero que "luego de unos meses de funciones, y en consideración de diversos antecedentes, se resolvió no renovar su contrato".

Mega Investiga contactó al abogado Aros y descartó entregar una versión, argumentando que no conocía el detalle de la querella.

Juan Hernández, en tanto, fue trasladado de dirección y desde enero de 2024 se desempeña como Secretario Comunal de Planificación (Secpla) de la Municipalidad de Estación Central. Pese a que también fue contactado por Mega Investiga, no hubo respuesta.

Todos los detalles y modus operandis de esta nueva trama que cuestiona nexos entre Estación Central y Recoleta los podrá ver esta noche en un reportaje de Mega Investiga, que se emitirá en el Noticiera Prime de MegaNoticias.