Crónica de la derrota del fútbol: los detalles secretos del preacuerdo entre la ANFP y el CDF que nunca se firmó

El pasado 10 de julio, cuando se conocieron los detalles del fallo arbitral entre la ANFP y TNT Sports, un nuevo terremoto sacudió Quilín. La dura sentencia estableció que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) debe pagar al canal deportivo una cifra que supera los $34 mil millones.

La resolución fue emitida por el árbitro Enrique Barros, quien acogió gran parte de la demanda de TNT Sports. El canal reclamaba una indemnización de $44.750.000.000 más intereses, por los perjuicios ocasionados tras la suspensión del fútbol durante el estallido social en 2019 y la pandemia del coronavirus en 2020.

Mientras tanto, aunque se reconoció que TNT incurrió en incumplimientos del contrato al no transmitir partidos de la Primera B y el encuentro semanal por televisión abierta, el árbitro no estableció perjuicios económicos asociados a estos hechos, a pesar de que la ANFP exigía $28.611.000.000 en su contrademanda.

Tras este duro resultado, rápidamente surgieron teorías dentro del fútbol sobre las posibles responsabilidades asociadas al fallo.

Algunas miradas se dirigieron hacia Pablo Milad, actual presidente de la ANFP, a quien le tocó asumir durante la segunda parte del conflicto. Otras apuntaban a su antecesor, Sebastián Moreno, quien encabezó las primeras conversaciones con el canal después del estallido social. Y quienes también recibieron críticas fueron los miembros de la comisión de negociación, la cual tenía la misión de encontrar una solución alternativa al problema.

Uno de los timoneles que formó parte de esta instancia es el presidente de Cruzados, Juan Tagle, quien ha sido además de los pocos personeros del fútbol que se ha referido públicamente al tema.

"Sigo creyendo, pese a que no nos gusta el fallo, que es muchísimo mejor que ese principio de acuerdo que, por lo demás, el propio directorio de Moreno rechazó y luego todos los presidentes de clubes también estuvieron en desacuerdo", planteó Tagle el pasado 20 de julio.

Lo que sostiene el presidente de Cruzados, es un discurso que se repite entre dirigentes de la época, que criticaron (y critican actualmente) el memorándum de acuerdo negociado por el entonces cabeza de la ANFP, Sebastián Moreno.

Mega Investiga accedió al texto generado tras las reuniones entre los equipos de abogados de ambas partes y pudo dilucidar a qué se comprometió realmente la ANFP en ese momento. Además, conoció los detalles del inicio de la historia que hoy tiene al fútbol chileno enfrentando una gigantesca cifra por pagar.

Todo inicia con los usuarios

Todo era felicidad el 20 de diciembre de 2018. Ese día, la ANFP firmó un contrato con CDF para la cesión de los derechos de televisación del fútbol.

El trato, considerado uno de los mejores de la región, se selló por un monto total de UF 33.311.504,83 (US $1.285 millones de dólares de la época), a pagarse en cuotas mensuales hasta diciembre de 2033. Dineros que pasan por las arcas de la ANFP, para luego dividirse entre los clubes de Primera A y B.

Además, con la firma del contrato, todos los equipos de esas dos categorías, recibieron un bono inmediato de $3.1 millones de dólares aproximadamente.

Sin embargo, toda esa alegría comenzó a diluirse menos de un año después, con el estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019. Ese fin de semana, se suspendieron los partidos que iban a disputarse en la Región Metropolitana. Tras varias interrupciones e intentos de reanudar los encuentros en las semanas siguientes, el 29 de noviembre se decidió dar por terminados definitivamente los torneos.

Desde la primera suspensión, la falta del servicio por el que pagaban empezó a generar molestia entre los consumidores del fútbol por televisión. Esto se materializó en reclamos a sus respectivos cableoperadores, lo que derivó en fiscalizaciones por parte del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) y la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL).

El 8 de noviembre, el SERNAC envió un oficio al CDF para saber las medidas que iba a tomar para compensar a los consumidores. Lo propio hizo la SUBTEL el 3 de diciembre, cuando pidió al canal informar sobre la política comercial que iba a implementar frente a la situación de no poder transmitir partidos de fútbol.

Frente a esta situación, el CDF envió una carta a la ANFP el 5 de diciembre de 2019. En ella notificó a la Asociación de los incumplimientos en los que supuestamente habían incurrido al no transmitir fútbol y que eso generó a su vez un problema con los cableoperadores.

El inciso 12 del License Agreement entre el CDF y la ANFP establece cómo exigir indemnizaciones. Cuando estas se generan en base al reclamo de terceros, como era en el caso de los cableoperadores, el procedimiento indica que se debe notificar a la parte indemnizadora (ANFP en este caso) la cual podrá decidir si asume o no la defensa de la parte indemnizada (CDF) frente a las solicitudes del tercero.

Siguiendo dicha exigencia, el 16 de diciembre el CDF remitió los reclamos de VTR y Movistar. La ANFP contestó el día 20, diciendo que no asumiría el control y la defensa en esos casos. El 23, el canal envió los alegatos recibidos de parte de Directv, a lo que la Asociación respondió el día 30 que tampoco asumiría la defensa. El 13 de enero de 2020 se envió una última “Third Party Notification”, esta vez de Claro Comunicaciones y Entel. La respuesta del ente rector del fútbol, enviada cuatro días después, fue la misma que en los casos anteriores.

Sin embargo, mientras esto ocurría, comenzaron en paralelo las comunicaciones entre los cabecillas de ambas instituciones para destrabar el conflicto. Acompañados, por supuesto, de sus respectivos equipos de abogados: el estudio Bulnes & Urrutia en el caso del CDF y Claro & Cia por parte de la ANFP.

Esas negociaciones, en las que participó directamente el presidente del fútbol Sebastián Moreno, tuvieron lugar los primeros meses de 2020. Y de ahí surgió un borrador de acuerdo, que nunca llegó a firmarse por las partes.

“La ANFP cumple con reconocer y asumir”

“Moreno hipotecó el fútbol” o “el fútbol chileno hubiera quebrado”, son frases que salen de la boca de presidentes de clubes de la época, al preguntar respecto del principio de acuerdo al que llegó el presidente de la ANFP con el CDF (hoy TNT Sports).

Sin embargo, existen también a la fecha, quienes dicen que dicha negociación era una salida mucho más amigable que el fallo arbitral conocido recientemente. En lo que coinciden ambas partes, es que este capítulo terminó por sellar la salida de Moreno como presidente.

¿Qué dice realmente ese documento? Mega Investiga accedió al texto titulado “Memorándum de Acuerdo”, el cual contiene siete páginas y doce cláusulas que aún mantienen detalles que quedaron “por acordar”.

Las primeras cuatro cláusulas dan cuenta de los antecedentes del conflicto, y reconocen a la ANFP y el CDF como los involucrados. A partir del punto 5, se mencionan los acuerdos. Inciso que comienza por reconocer que “las Partes expresan su voluntad de solucionar amistosa y convencionalmente las diferencias surgidas entre ellas con motivo de la Suspensión y Término Anticipado del Campeonato 2019”.

El más “controversial” de los puntos es el número seis, donde la ANFP asume que tiene el deber de indemnizar al CDF por sus pérdidas. Para los más críticos, ese reconocimiento implicaba que el fútbol se hacía cargo para siempre de compensar por los acontecimientos “de fuerza mayor”.

“Sexto. La ANFP cumple con reconocer y asumir mediante la presente declaración que conforme a lo previsto en las Cláusulas 4.5 y 12 del License Agreement, es de su cargo y responsabilidad indemnizar y dejar indemne al CDF por todas las pérdidas y perjuicios -en tanto estén incluidos en el concepto “Losses” del License Agreement-, a que se vea expuesto este último en la medida que se resuelva (o las Partes lleguen a acuerdo) que tienen como causa la Suspensión y Término Anticipado del Campeonato 2019”, dice la cláusula.

El centro de esta disputa, y de los bandos generados, se basa principalmente en la interpretación del artículo 4.5 del contrato de licencia. El cual establece que si “por cualquier razón” (any reason) uno de los partidos del campeonato no se juega, la ANFP debe reagendar dentro de 30 días. Si al final del torneo, uno o más partidos no se juega, el CDF podrá reclamar indemnizaciones en base al procedimiento que establece el contrato más adelante.

Para la ANFP el concepto de “any reason” no representa casos de fuerza mayor, como el estallido social o la pandemia. Análisis con el que no coincidió el árbitro, quien estableció que cada una de las partes asumió un riesgo en el contrato: el CDF de pagar sus cuotas a todo evento y la ANFP de indemnizar en caso de que no se jugaran los partidos.

El texto del preacuerdo no establecía ningún monto concreto, sino que en su inciso noveno plantea que las partes inician de inmediato un periodo de negociación para cuantificar las pérdidas, donde si no llegan a acuerdo debía intervenir un árbitro. En caso de coincidir en los montos, el texto establece que las partes se comprometían a determinar “de buena fe” la modalidad de pago.

Una de las “victorias” del equipo negociador de Moreno, fue lo que se estableció en el apartado número once del memorándum. El CDF se obligaba a no invocar las pérdidas por un periodo de 24 meses desde el 1 de enero de 2020, de modo de no afectar el flujo normal de dineros que la ANFP proyectaba recibir durante ese periodo.

En el último punto del acuerdo, se confirma la vigencia del License Agreement y se acuerda mantener en reserva el documento, a excepción de cuando fuera presentado ante el Consejo de Presidentes de la ANFP para su aprobación.

Comisión de negociación

El trato negociado por Moreno no encontró respaldo entre los presidentes de los clubes, donde la gran mayoría de los timoneles del fútbol se opuso a avanzar en los compromisos zanjados al considerar que eran perjudiciales.

A partir de ese momento, se estableció que la negociación quedaría radicada en una comisión compuesta por cinco representantes de los clubes, los cuales reflejaban los “dos bloques” dentro del Consejo: Juan Tagle (Universidad Católica), Mario Conca (Universidad de Chile) y Felipe Muñoz (Rangers) que habían apoyado a Jorge Uauy para la presidencia, a los que se sumaron Victoriano Cerca (Huachipato) y Eduardo Olivares (San Felipe), que inicialmente pertenecían a la facción de Moreno.

Según comunicó la propia ANFP el 6 de abril de 2020, la instancia tendría como objetivo “evaluar la propuesta del Canal Del Fútbol en relación al término anticipado del campeonato nacional 2019 e informar al Consejo de Presidentes sobre la propuesta de Turner para proponer cursos de acción”. Para ello, los comisionados cambiaron al equipo negociador de abogados y contrataron al estudio Albagli Zaliasnik (AZ).

Una carta enviada a la ANFP el 17 de abril de 2020 por el director legal del CDF, Eduardo Dorat, da cuenta de que a esa fecha el canal seguía esperando por la aprobación del texto que habían acordado semanas atrás.

“Como es de su conocimiento, ya que ha sido objeto de correspondencia entre las partes y prolongadas negociaciones entre nuestros equipos comerciales y jurídicos por ya meses, la ANFP tiene pendiente la suscripción de la fórmula de solución que compense los perjuicios sufridos por el CDF con motivo de la suspensión y término anticipado del campeonato nacional de fútbol 2019. Al respecto, los equipos jurídicos de las partes acordaron hace semanas un texto concreto de acuerdo que hasta la fecha sigue sin ser refrendado por la ANFP”, dice la misiva.

Encontrar esa fórmula de solución, fue la razón por la que la comisión y los representantes del CDF se reunieron las semanas siguientes para plantear los perjuicios que cada uno sentía en que había incurrido el otro. "Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de conocer los montos que TNT pretendía, eran casi tres veces lo que condenó el fallo", dijo el presidente de Cruzados, Juan Tagle, el 20 de julio pasado.

Por su parte, la comisión planteaba merecer una compensación producto principalmente de la no transmisión de partidos por televisión abierta y de encuentros de la Primera B.

Respecto a ese último punto, uno de los clubes de la comisión mantenía una cruzada personal. En enero de 2020, San Felipe solicitó la medida prejudicial de exhibición de documentos por parte de la ANFP, relacionados al contrato de cesión de derechos con el CDF, para verificar que ahí estuviera establecido el compromiso de transmitir los partidos de la segunda categoría.

“Es un hecho público y notorio que no se transmiten todos los partidos de la Primera División B en las condiciones que acordó el Consejo de Presidentes, observándose semanalmente que no existe cumplimiento del mencionado acuerdo de la asamblea de socios por parte del prestador del servicio de transmisión de derechos de televisación”, plantea el escrito.

Lo cierto es que de las conversaciones entre la comisión y los representantes del CDF no se logró extraer un acuerdo concreto. Un año después de la constitución del grupo, el 13 de abril de 2021, la ANFP y Turner presentaron una solicitud en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, para que fuera este organismo el que resolviera las disputas entre ambos.

El resultado de dicho proceso terminó por ser perjudicial para la ANFP, quien ahora analiza la posibilidad de presentar un recurso de nulidad en la Corte de Apelaciones de Santiago, única herramienta que permite la ley sobre arbitraje comercial internacional para impugnar el fallo.

Dentro de ese proceso de discernimiento, fuentes de Mega Investiga indican que durante los próximos días debiera citarse a reunión a todos los presidentes de clubes para analizar los pasos a seguir frente al dictámen arbitral.