Columna de Mauricio Morales: "Los 33 mil pesos de la vergüenza"

Por Mauricio Morales, doctor en Ciencia Política, profesor titular, Universidad de Talca-Campus Santiago.

Es la primera vez en los 34 años de democracia que un gobierno cambia las reglas del juego electoral a días de que cierre la inscripción de candidatos y a tres meses de que se desarrollen los comicios locales. Todo comenzó con una inocente discusión sobre la elección en dos días. El Servel, como siempre, entregó los argumentos técnicos que imposibilitaban realizar la jornada electoral el domingo 27 de octubre, sugiriendo añadir el sábado 26. Esto, con el objetivo de evitar aglomeraciones.

Dada la obligatoriedad del sufragio, ya no serían los tradicionales 7 millones de electores quienes se acercarían a los locales de votación, sino que cerca de 13 millones. Dejar la elección para un solo día implicaba un funcionamiento continuo de las mesas de votación por 14 horas, pues cada elector entraría a la cámara secreta con 4 papeletas, lo que supone un tiempo de votación cercano a los cinco minutos. Los datos reportados por el Servel convencieron al gobierno, pero lo que vino después, simplemente no tiene nombre.

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El primer espectáculo lo dio la Cámara de Diputados. De manera totalmente irresponsable despachó el proyecto de ley sin incluir sanciones por no votar. Violentando la Constitución y las leyes, los diputados de izquierda quisieron avivarse. A sabiendas de que el voto obligatorio les podría poner la lápida en las elecciones de octubre, no encontraron mejor forma de evitar la derrota que metiéndole la mano a las instituciones, dejando el voto como voluntario.

Afortunadamente, tenemos al Senado, que de inmediato revirtió la decisión y forzó a una Comisión Mixta que restituyó las sanciones por no votar. Sin embargo, esa Comisión rebajó la multa. Originalmente, esa multa era de 0.5 a 3 UTM -algo así como de 33 mil a 198 mil pesos- y quedó con las mismas 0.5 UTM como piso, pero con un techo de 2 UTM, cerca de 132 mil pesos.

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El segundo espectáculo lo dio el gobierno. Luego de su fracaso por restituir el voto voluntario, se fue contra el voto de los extranjeros. Como sabemos, el voto extranjero es claramente proclive a candidaturas de derecha. Entonces, se intentó meter una cuchufleta de último minuto. El voto obligatorio con sanciones efectivas sería solo para los chilenos, mientras que para los extranjeros el voto sería voluntario.

Los extranjeros no son ciudadanos chilenos y, en consecuencia, no se les puede aplicar una multa. Si bien podemos discutir sobre este punto, lo cierto es que jamás hubo polémica alguna durante el proceso constitucional. Tanto en 2022 como en 2023 el voto obligatorio aplicó de la misma forma tanto para nacionales como para extranjeros con domicilio electoral en Chile. Así las cosas, y en medio de una confusión total, estuvimos cerca de volver al voto voluntario o, en el “mejor” de los casos, excluir a los extranjeros de la obligatoriedad de votar.

 

 

 

 

El tercer espectáculo lo dio el Presidente Boric, quien firmó un veto que escapó a toda lógica razonable. Ese veto hacía voluntario el voto para electores de 70 años y más, y para personas gestantes en cualquier período de embarazo. O sea, se intentó meter nuevamente la mano al padrón. Luego el veto fue corregido, pero quedó registrado como otro intento por cambiar las reglas del juego a tres meses de las elecciones. Sin embargo, cuando todos pensaron que el fracaso del gobierno era total, metió un gol de media cancha. La multa por no votar ya no tendría un máximo de 198 mil pesos -como señala la ley actual- o de 132 mil pesos -como propuso la Comisión Mixta- sino que de 33 mil pesos. El gobierno, a última hora, pegó un verdadero lanzazo electoral.

Lo grave de todo esto es que la multa jamás fue objeto de debate. El punto que propuso el Servel fue la elección en dos días. Nada más que eso. Por cierto, también se discutió sobre los montos de reembolso fiscal por voto recibido a partidos y candidatos, y la regulación de las campañas por redes sociales. Pero lo de la multa lo metió el gobierno.

Más allá del posible impacto de esta modificación en la participación electoral, lo claro y evidente es que la administración Boric pasará a la historia como la única en 34 años de democracia que intentó tres cuestiones inaceptables en un año electoral: meter la mano a las instituciones (el régimen electoral), al padrón electoral (haciendo voluntario el voto de los extranjeros y de las personas de 70 años y más), y a las reglas de votación (rebajando las multas por no votar).

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