Columna de Mauricio Morales: "Metiéndole la mano al padrón"

Por Mauricio Morales, doctor en Ciencia Política, profesor titular, Universidad de Talca-Campus Santiago.

Existen varias formas de trampear los resultados electorales. Los regímenes autoritarios, por ejemplo, impiden el ejercicio libre y soberano del sufragio, haciendo fraude mediante distintas fórmulas. Una de ellas es, derechamente, oficializar datos electorales erróneos y favorables al gobierno, y otra es acallando las voces de la oposición, ya sea mediante el encarcelamiento de sus dirigentes o el bloqueo de su derecho a sufragio.

En las democracias, en cambio, los votos cuentan y la voluntad popular se respeta. Chile se ha caracterizado por una administración electoral transparente, seria y confiable. Cerca de las 19:00 horas del día de la elección ya sabemos quién ganó y quién perdió.

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Sin embargo, hoy enfrentamos una situación distinta. La izquierda, mediante triquiñuelas propias de un régimen no democrático, intenta meterle la mano al padrón. Lo ha hecho de dos maneras. Primero, apoyando la restitución del voto voluntario. Segundo, y en el marco del voto obligatorio, dejando sin sanción económica a los extranjeros que no voten.

Si bien es razonable discutir sobre el tipo de régimen electoral -es decir, si el voto es obligatorio o voluntario- hacerlo meses antes de una elección resulta algo impresentable y vergonzoso. Más allá de todos los cálculos electorales, Chile ha vivido una inédita inestabilidad institucional producto de un proceso constituyente basado en la demagogia y el populismo.

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Sin haber aprendido lo suficiente de esa oscura etapa, hoy enfrentamos un nuevo intento refundacional: Cambiar las reglas del juego de la democracia a menos de cien días de una elección. Lo peor es que esto se hace con total desparpajo. La izquierda estima -no sin razón- que el voto voluntario reduce sus opciones de triunfo, y que el voto de los extranjeros se inclina hacia la oposición. Una reciente encuesta de la UDD es muy clara. Los votantes “obligados”- es decir, personas que solo votan por la regla de obligatoriedad del sufragio- prefieren candidatos de oposición.

Lo mismo sucede con los extranjeros que, incluso, duplican a los nacionales en la intención de voto hacia José Antonio Kast. Lo más dramático para el gobierno es que este esquema de comportamiento electoral -con votantes “obligados” y “extranjeros” respaldando opciones de derecha- se replica para la aprobación presidencial y para la decisión electoral de cara a los comicios locales de octubre.

Para evitar una debacle electoral, entonces, la izquierda se anticipa y promueve un cambio en el régimen y en el padrón electoral. Sabe que en comunas como Santiago e Independencia, el 30% del padrón son extranjeros. Perder Santiago es equivalente a perder la elección. Las encuestas, hasta ahora, muestran una cerrada lucha entre Mario Desbordes e Irací Hassler. El PC podría dar la sorpresa y retener esta comuna, chance que aumenta significativamente si el gobierno consigue eliminar la sanción por no votar para los extranjeros. Por tanto, este intento de cambiar las reglas del juego tiene, aunque suene obvio, un interés electoral demasiado evidente, cuestión que hace más condenable la maniobra de la administración encabezada por el Presidente Boric.

 

 

Podemos discutir intensamente sobre el derecho a voto de los extranjeros, pero eso se debe hacer posterior al ciclo electoral. Chile es uno de los países más permisivos del mundo en esta materia. Los extranjeros avecindados por cinco años y más y con residencia definitiva, votan para todo tipo de elecciones. Hoy el padrón electoral está compuesto por casi un 5% de extranjeros, lo que responde en gran parte al enorme incremento de la migración venezolana. En una elección presidencial estrecha pueden definir el resultado. En una elección local, como dije, son decisivos.

La única esperanza de evitar que la izquierda salga con la suya es que el gobierno incorpore en el veto presidencial las multas por no votar para nacionales y extranjeros. De lo contrario, habrá que confiar en el nunca bien ponderado Tribunal Constitucional. El daño, sin embargo, ya está hecho. De aquí en adelante, cualquier gobierno se sentirá con las atribuciones de modificar a su antojo las reglas de la democracia que tanto costó instaurar en nuestro país.

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