$120 mil millones: El abultado monto para concretar las expulsiones pendientes que informó el Servicio de Migraciones

Cerca de 28 mil expulsiones pendientes son las que registra el Servicio Nacional de Migraciones actualmente. La cifra se ha ido acumulando por cerca de una década, con procesos que no se han podido materializar. Las razones son variadas.

Una de ellas, la entregó el propio director del servicio, Luis Thayer, el pasado 4 de junio, durante la sesión de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados. En la instancia, Thayer aseguró que una de las dificultades para concretar las expulsiones, responde a problemas presupuestarios.

Según explicó el director, en 2024 “hay un presupuesto aprobado para expulsar a dos mil personas”. Thayer se refiere a los $3.500 millones que contempla la Ley de Presupuesto de este año, para materializar las salidas de extranjeros, monto que puede ser aumentado al doble de ser necesario.

Desde el Servicio de Migraciones, aseguraron que para poder expulsar a una persona, es necesario comprar al menos cinco pasajes: el del expulsado, y el de los dos escoltas de la PDI, ida y vuelta, lo cual tiene un costo aproximado de $3.500.000 por cada expulsión. Para materializarlas, el organismo tiene convenios tanto con aerolíneas comerciales, como con la FACh, para realizar vuelos chárter. Sin embargo, estos últimos, “no bajan mucho el costo”, explicó Thayer.

De esta manera, según advirtió el propio director del servicio, considerando las altas cifras, “para expulsar a 30 mil personas se requeriría un presupuesto de 120 mil millones de pesos”. El monto podría ser incluso mayor, si se considera que el propio organismo migratorio proyecta que se sumen otros 20 mil decretos de aquí a fin de año.

Las cifras de expulsiones: Venezuela y Colombia lideran listado

Según las estadísticas del Sermig, desde 2018 hasta el 1 de julio de 2024, se han materializado 9.258 expulsiones administrativas y judiciales. Estas últimas han ido a la baja prácticamente de manera sostenida en el tiempo.

En los dos primeros años del Gobierno del expresidente Sebastián Piñera, se materializaron 3.405 expulsiones judiciales, mientras que en el mismo periodo del gobierno del Presidente Gabriel Boric, esa cifra apenas alcanzó la mitad, situándose en 1.648 salidas.

 

En el Sermig, detallaron que la baja se explicaría en parte por la normativa actual de la Ley de Migraciones, que impide expulsar judicialmente a personas condenadas por delitos asociados a tráfico de drogas.

En el organismo, indicaron que anteriormente, los condenados por Ley 20.000 constituían la mayor cantidad de expulsiones judiciales. A raíz de esto, ingresaron una indicación para reponer ese proceso asociado, indicación que hoy se encuentra en el Senado.

En cuanto a la nacionalidad de los expulsados, desde hace al menos tres años que Venezuela y Colombia lideran el listado. Solo en 2023, hubo alrededor de 350 personas de nacionalidad venezolana, y más de 200 colombianos.

La tendencia se ha mantenido en lo que va de 2024. Hasta el 1 de junio, se habían materializado 221 expulsiones de venezolanos y 201 de nacionalidad colombiana. En el listado, los siguen personas de países como Bolivia, República Dominicana y Perú.

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La compleja búsqueda policial

Las dificultades con el presupuesto son apenas una parte del problema para materializar las expulsiones. En el servicio de migraciones también apuntaron a la compleja labor que tienen los funcionarios de la PDI para ubicar a las personas que tienen una orden vigente.

Desde el organismo comentaron que los detectives no pueden ingresar a los domicilios para detener a los imputados, sino que tienen que esperar afuera a que la persona salga y luego aplicar el procedimiento en la calle. Tras esto, se solicita el respectivo pasaje de avión al Servicio Nacional de Migraciones y se materializa la expulsión.

Para agilizar el proceso, el servicio ingresó una indicación que permitiría a la PDI —con previa autorización—, ingresar a los domicilios con el fin de hacer más eficiente el trabajo policial.

Sin embargo, el propio Thayer reconoció que hay un déficit en la fiscalización por parte de las policías. “Es necesario incrementar las capacidades de las policías, de la PDI en particular”, señaló.

Junto con esto, apuntó a los problemas en la dotación de la institución, señalando que “Policía Internacional tiene en torno a mil funcionarios, una parte importante trabajan en el aeropuerto, otro en labores de control en la frontera, no hay capacidades suficientes para poder abordar la materialización de expulsiones que son dictadas”.