Caso Saint George's: Fiscalía pericia celulares de alumnos y congregación asegura que colegio tomó "acciones oportunas"

El 29 de febrero es un día que pocos olvidarán en la comunidad del Colegio Saint George's de Vitacura. Fue la tarde de ese jueves cuando los apoderados de siete alumnas recibieron como un balde de agua fría las noticias que llegaban a sus celulares.

Un grupo de estudiantes había creado imágenes con inteligencia artificial (IA), donde simulaban los cuerpos desnudos de sus compañeras de curso. En menos de una semana, la noticia ya corría por los pasillos del colegio. El establecimiento inició una investigación interna, pero a los pocos días comenzaron los problemas.

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Las familias no estaban conformes con las medidas que había adoptado el establecimiento, quienes habían resuelto cancelar la matrícula de 2025, a algunos de los estudiantes, lo que implicaba seguir compartiendo espacios todo el año con las alumnas. Durante semanas, los apoderados y el colegio intentaron destrabar la situación, sin embargo, las conversaciones no llegaron a puerto.

En mayo, las familias decidieron presentar un recurso de protección a la Corte de Apelaciones de Santiago, acusando vulneraciones en los derechos de las menores afectadas. La acción escaló un tema que hasta ese entonces, se mantenía en las fronteras del Colegio Saint George’s.

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Tras esto, el pasado 24 de mayo la Fiscalía Metropolitana Oriente abrió una investigación de oficio por los delitos de trato degradante contra menores y producción, difusión y almacenamiento de pornografía infantil. A casi un mes de ese anuncio, el ente persecutor ya concretó las primeras diligencias, en una indagatoria que está en manos del fiscal de género, Felipe Cembrano.

El Ministerio Público tomó declaraciones a los padres de las menores afectadas por el hecho. Junto con esto, el ente persecutor ya pericia los celulares de los menores que crearon, difundieron y almacenaron las imágenes. El objetivo, entre otras cosas, sería rastrear el origen de las imágenes, las aplicaciones que se utilizaron, las fuentes donde se descargaron las fotos de las alumnas, así como determinar en qué redes sociales y grupos circularon.

Conocedores de la indagatoria reconocen que se trata de un hecho inédito en nuestro país, ya que si bien existían casos de filtraciones de fotografías sin consentimiento, no había antecedentes de imágenes de índole sexual, que involucraran a menores de edad, y que fueran creadas con inteligencia artificial.

Para la abogada experta en delitos sexuales contra menores, María Elena Santibañez, la configuración de delitos que investiga la Fiscalía apunta en la dirección correcta. "Considerando que son imágenes que dan cuenta justamente de lo que cabría en el concepto de pornografía infantil, por este concepto ampliado, pudiésemos pensar en producción de material pornográfico infantil", afirma.

Santibañez asegura que la ley es clara, y según los antecedentes preliminares, se podría configurar dicho delito, a pesar de que las imágenes hayan sido creadas con IA. La abogada explica que la norma "está pensado en menores que son utilizados en este contexto de captación directa o la imagen del menor utilizada en contextos con significación sexual".

Desde la vereda de los alumnos, el abogado Gonzalo Medina, que representa a dos de los menores, señala que el caso no constituiría este tipo de delitos, ya que a su juicio, "los cuerpos que aparecen son cuerpos de mujeres adultas, por lo tanto no estábamos hablando de los problemas de pornografía infantil o cosas por el estilo".

Medina advierte que las aplicaciones solo utilizan y "generan cuerpos de adulto", por lo que en este caso, el hecho no podría ser calificado como material pornográfico infantil.

Superintendencia: "Cuando el establecimiento ve que esto podría ser constitutivo de delito, debe denunciar"

A pesar de que la Fiscalía consideró que podría existir delitos de índole sexual, el colegio optó desde un principio por no denunciar el hecho. En un informe enviado a la Corte de Apelaciones, el colegio argumentó que los eventos no serían de connotación sexual, "en el sentido que lo trata el protocolo del establecimiento, el cual está orientado más bien a casos de tocaciones, abusos sexuales y/o violaciones, es decir ‘delitos sexuales’".

Junto con esto, el establecimiento asegura que se aplicó el protocolo correcto, es decir, el de maltrato escolar, ya que era más preciso para la descripción de los hechos. Aun así, sostienen que de haber iniciado el protocolo de agresiones sexuales, el resultado no hubiese variado. "La elección del protocolo no tiene incidencia en el resultado sancionatorio del mismo ni en las medidas que puedan aplicarse durante la investigación", se lee en el informe que envió el establecimiento a la Corte de Apelaciones.

Sin embargo, los padres de las víctimas no comparten dicha postura. Mega Investiga conversó con apoderados de dos de las alumnas afectadas, cuyo relato se conocerá en un reportaje que se emitirá esta noche en Meganoticias Prime.

A juicio de los apoderados, los hechos son claramente de connotación sexual, por lo que no se entendería la decisión del colegio de aplicar el protocolo de maltrato. Además, acusan que el establecimiento no cumplió con su obligación legal de denunciar los hechos al Ministerio Público. Tal como lo sugiere la Superintendencia de Educación.

"Hay una obligación que no puede perderse de vista, que es cuando el establecimiento ve que esto podría ser constitutivo de delito, debe denunciar a la policía", señala Marggie Muñoz, Jefa de la División de Protección de Derechos Educacionales de la Superintendencia de Educación.

Es en este punto, donde según la defensa de los menores, el colegio actuó de manera correcta. El abogado Medina asegura que es "obvio que tiene que haber un juicio: ¿Estoy realmente frente a un delito? ¿Tengo certeza de que el delito se ha cometido? Antes de gatillar una investigación penal que involucre a menores de edad".

El organismo ya inició un proceso de recopilación de antecedentes y fiscalización del caso. Desde la superintendencia explican que en los próximos días se definirá si se abre un proceso administrativo sancionatorio en contra del colegio. "Puede terminar en multas, en una amonestación, o en otras sanciones que determina la normativa, esto siempre asociado y ponderado de acuerdo a la gravedad de los hechos", explica Muñoz.

Congregación Holy Cross (EE.UU): "El Colegio abordó el asunto con la mayor seriedad"

La disconformidad de los apoderados con la manera en que el colegio ha manejado el asunto, no solo la hicieron presente ante los tribunales, sino que también enviaron una carta directamente a la Congregación Holy Cross, entidad a la que pertenece el colegio Saint George’s.

En la misiva, los apoderados acusan que el establecimiento ha actuado "fuera del marco normativo y alejado de todo debido proceso", lo que ha provocado una "grave vulneración de los derechos fundamentales de nuestras hijas".

En la carta dirigida al reverendo William Lies, jefe provincial de la congregación, detallan que el colegio "mantuvo en total secretismo" el proceso que dictaba el protocolo, "sin informar ni al cuerpo docente, ni a la comunidad escolar de las decisiones tomadas, que son objetivamente incorrectas e ilegales".

La respuesta a la carta, la recibieron el pasado 7 de junio, donde el reverendo "lamentaba profundamente" los hechos. "Entiendo completamente la angustia de sus familias y tengan la seguridad de que estamos tomando todas las medidas necesarias para proteger a sus hijas y a todos los miembros de la comunidad", se lee en la respuesta a la que tuvo acceso este medio.

El reverendo respaldó el actuar del colegio, asegurando que se abordó el asunto con la "mayor seriedad y diligencia, solicitando el asesoramiento y asesoramiento de juristas y psicólogos de renombre", acciones que a juicio de Lies, fueron "oportunas".

El documento concluye señalando que "es necesario ahora que las instituciones y el sistema de justicia continúen con su trabajo y procesos. Estaremos a la espera de sus resultados, que evidentemente cumpliremos plenamente".

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