Intentos de fuga, riñas entre bandas y ataques a funcionarios: El turbulento inicio del Servicio de Reinserción Juvenil

Los funcionarios del Centro de Justicia de Internación Provisoria y Régimen Cerrado (IP-IRC) de Antofagasta, dependiente del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (SNRSJ), todavía no olvidan el pasado 1 de abril, cuando tres adolescentes recluidos en el recinto se intentaron dar a la fuga y amordazaron a dos de sus tutoras.

En junio se cumplirán seis meses desde la puesta en marcha de este nueva institución que se hace cargo del sistema de responsabilidad penal adolescente en reemplazo del Sename, y que comenzó a funcionar el pasado 14 de enero en las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo.

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“Una vez que el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil sea implementado completamente, se dará un cierre definitivo al Servicio Nacional de Menores (Sename)”. Esa fue una de las promesas –consignada en su página web– con las que se lanzó el nuevo organismo, el cual se espera esté plenamente operativo en todas las regiones del país para enero de 2026.

Para esa fecha, se espera dejar atrás de forma definitiva al Sename, cuyas funciones se comenzaron a separar en 2021 en dos instituciones: Mejor Niñez, en su componente de protección a niños, niñas y adolescentes (NNA) vulnerados en sus derechos que son derivados por tribunales de familia. Y el nuevo Servicio de Reinserción, que se encarga de administrar los centros de reclusión y programas de intervención a menores infractores de ley, que van desde los 14 hasta los 18 años.

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Pese a su poco andar, funcionarios de las regiones en las que opera el nuevo servicio han levantado denuncias acerca del organismo y ponen en cuestión la promesa de renovación del sistema penal adolescente que hizo agua en el Sename.

“En este contexto en que nos encontramos en la Macrozona Norte, no se está cumpliendo con el nuevo modelo de intervención en la reinserción social con los jóvenes. Lo que nos obliga a levantar demandas, porque hoy en rigor es igual o peor que lo que teníamos en Sename”, señala Pamela Ramírez Cautivo, dirigente de la Asociación de trabajadores del Servicio Nacional de Reinserción (Antrase), agrupación que este lunes inició una movilización nacional de 24 horas como medida de presión.

Y agrega: “No contamos con infraestructura adecuada, no podemos hacer segmentación ni segregación y que el gobierno esté levantando esto como un nuevo servicio en la intervención con los jóvenes, en estas condiciones simplemente no es verdad”.

En la Macrozona Norte se atienden a 1.100 adolescentes y jóvenes, quienes se encuentran en centros de cumplimiento de medidas y programas de justicia juvenil, lo que corresponde a 17,2% de la población a nivel nacional. De ellos, 81,7% se encuentran en programas de medio libre y 18,3% privados de libertad.

Las acciones que evalúa Contraloría

El pasado 20 de mayo, funcionarios del Centro de Justicia Juvenil de Antofagasta ingresaron una denuncia en Contraloría que también enviaron a la directora del organismo –la exsubsecretaria de la Niñez Rocío Faúndez (RD)–, donde acusan una serie de deficiencias en la implementación del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil.

En el documento –al que tuvo acceso Mega Investiga– se enumeran diez puntos en los que, a juicio de las asociaciones, existen desperfectos e irregularidades en la ejecución de los programas de intervención, especialmente en los centros de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado.

Entre ellos destaca la falta de insumos, deficiencias en la infraestructura de los centros, insuficiencia del personal de salud, retrasos en el pago a proveedores, ausencia de trabajadores, sobrepoblación y falencias en el resguardo a la integridad de los funcionarios. 

“Debido a los graves eventos críticos que se han generado al interior del centro, los que han puesto en riesgo la vida de los funcionarios es que se ha solicitado en reiteradas oportunidades la existencia de una Ley Corta que proteja al funcionario y trabajadores vinculados a la atención de población adolescente infractora de ley, sin que a la fecha se cuente con avances en dicha materia”, apunta el escrito que ingresaron a Contraloría.

En cuanto a la falta de instrumentos, el documento señala que “existe un déficit de insumos básicos para el adecuado funcionamiento de las distintas unidades, lo que incluye falta de materiales para talleres socioeducativos, útiles de aseo y vestimenta, siendo cubierto por parte de funcionarios que han comprado lo necesario para salvaguardar las necesidades de los centros”.

Javier Claro Mura, encargado de personal del centro de reclusión juvenil de Antofagasta, señala a Mega Investiga que es una práctica habitual que sean los propios funcionarios quienes utilicen sus propios recursos para subsanar la falta de instrumentos básicos.

“No tenemos presupuesto. Los jóvenes no tienen las cosas básicas, por ejemplo, champú, pasta de dientes o desodorante. A veces no tienen cómo comprar o bien le han comprado los mismos tutores”, acusa el también dirigente.

Este sábado 25 de mayo, dirigentes de la Antrase sostuvieron una reunión con el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo Falcón; la directora del Sename, María Eugenia Fernández; y la directora Rocío Faúndez, para viabilizar los consensos alcanzados en materia de presupuesto con los funcionarios, quienes acusan que la Dipres no autorizó los recursos acordados en instancias previas.

En paralelo, Contraloría se encuentra analizando los antecedentes derivados por los trabajadores del Servicio, para definir qué acciones o medidas se adoptarán a raíz de la denuncia ingresada. Según señalan desde el ente que dirige Dorothy Pérez, la decisión se debería zanjar en los próximos días.

Intentos de fuga, riñas entre bandas y ataques a funcionarios

El pasado 1 de abril se vivió uno de los eventos más críticos desde la instalación del nuevo servicio en la Macrozona Norte. Según relatan quienes conocieron de cerca los hechos, tres adolescentes del Centro de Justicia de Antofagasta, en su intento por fugarse, retuvieron y amordazaron a dos funcionarias del organismo.

Mientras ejecutaban su escape, a una de las tutoras de trato directo la amarraron de pies y manos con cinta adhesiva, la amordazaron impidiéndole respirar e incluso habría sido víctima de abusos sexuales. 

En las afueras del recinto, los esperaba un vehículo para concretar la fuga, al que lograron subirse. Sin embargo, el automóvil fue detenido por personal de Gendarmería –quienes custodian la seguridad perimetral del centro– y los adolescentes fueron capturados.

Tras el episodio, los tres menores fueron reubicados en el centro de reclusión juvenil de La Serena y se les imputó la figura de cuasidelito de homicidio: una de las funcionarias estuvo a punto de perder la vida producto de las mordazas. 

Hasta la fecha, ninguna de las dos funcionarias ha podido retomar sus funciones. Una de ellas, dicen las mismas fuentes, sigue hospitalizada en la ACHS debido al trauma psicológico que experimentó.

“Ese fue el último evento crítico. Gracias a dios no ha ocurrido ningún otro evento, pero la verdad no estamos preparados, porque con esta deficiencia que tenemos en cualquier momento los jóvenes pueden generar un motín”, advierten desde el Centro de Antofagasta.

Según contabilizan los propios funcionarios, han ocurrido ocho ataques de parte de los jóvenes y adolescentes que cumplen medidas privativas de libertad en el centro.

Pero eso no es todo. Los tutores también han debido intervenir en riñas entre jóvenes de bandas rivales que, si bien están segregados dentro del recinto penal, logran evadir los controles y enfrentarse en las inmediaciones del centro.

“Se da la dinámica en la región de bandas, acá hay jóvenes que llegan de Calama y que tienen rivalidades entres bandas criminales. Están en casas distintas, pero en algún momento se logran encontrar y se producen las riñas. Desde los perfiles de las puertas y las ventanas de las casas hacen armas hechizas como punzones y estoques”, explica Javier Claro.

Pamela Ramírez, profesora de educación básica que ingresó a trabajar al Sename en 2006, hace hincapié en otro punto en el que, a su juicio, no se ha reparado:

“Todos estos problemas se cruzan con el ingreso de otras culturas y se va mezclando con cuestiones novedosas en lo delictual. El perfil de los jóvenes que estamos atendiendo hoy día no tiene nada que ver con el perfil de los jóvenes que atendíamos hace diez años atrás. Entonces en ese contexto, si no estaba preparado el Gobierno para cortar la cinta en el norte cuando se dio inicio, va a ser lo mismo con un cambio de nombre”, cuestiona.

El debut del nuevo sistema coincide, según señalan los datos, con un aumento en la participación de menores de edad en delitos, según los ingresos que el Ministerio Público registra en su plataforma. Este último año, se produjo un incremento de casi un tercio (31,9%) de los jóvenes que ingresaron al sistema de Fiscalía, en comparación al 2022.

Si bien el grueso de los ilícitos se concentra en delitos no necesariamente violentos, tales como lesiones o amenazas; el reclutamiento de niños y adolescentes por parte del crimen organizado es un fenómeno que va al alza y preocupa a las autoridades.

De ello da cuenta que —según el último Informe de Homicidios Responsabilidad Penal Adolescente de la fiscalía— si los ingresos de adolescentes representan un 5% del total de ingresos al sistema; en delitos de robos violentos ese número sube a un 20%. Mientras que en el caso de los homicidios asciende a 8%.

Por su parte, el director regional del Servicio de Reinserción, Alejandro Aguirre, responde a Mega Investiga que “la mayor parte de las demandas están solucionadas o con compromisos de solución en el corto plazo”.

Aguirre explica que hay un modelo de diseño institucional, donde se establecen las cantidades de profesionales, técnicos y administrativos, “que se basa en los estudios realizados por el Ministerio de Justicia cuando se tramitó la ley que creó el nuevo servicio”.