Columna de Mauricio Morales: "La pesadilla constitucional continúa"

Por Mauricio Morales, doctor en Ciencia Política, profesor titular, Universidad de Talca-Campus Santiago.

No satisfecha con dos procesos constitucionales fallidos, hoy la clase política empuja reformas totalmente irracionales y que traerán más problemas que soluciones. Me refiero a la exigencia de un umbral del 5% para que los partidos puedan acceder con escaños a la representación legislativa, y sancionar con la pérdida del cupo en caso de que un legislador renuncie a su partido.

Como si el problema fuese exclusivamente de números y no de la calidad de la representación política, se nos quiere convencer que reduciendo el número de partidos tendremos un Congreso más eficiente, más profesional, con menos prácticas vergonzosas, cohesionado y en busca de genuinos consensos. Nada de eso va a ocurrir. Examinemos ambas propuestas.

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Evidentemente que la fragmentación va a bajar si se exige un umbral del 5% de los votos para que los partidos puedan acceder a escaños en el Congreso. Correrían riesgo partidos como el Social Cristiano, Evopoli, DC, PPD, Radicales, entre otros.

 

 

Además, cortaría las alas a proyectos políticos emergentes como Demócratas y Amarillos. Entonces, es cierto que el número de partidos se va a reducir. La pregunta es si tal resultado es sinónimo de una mejora en la calidad de la representación legislativa. La respuesta es un no rotundo. La fragmentación que hoy vemos en el sistema de partidos se trasladará a la interna de esos partidos. Más aún. Como esos partidos son débiles, territorialmente exiguos, con escasa confianza ciudadana, y repleto de generales y pocos soldados, ahora se transformarán en instituciones en guerra civil permanente, lo que se notará al momento de votar en el Congreso.

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El otro problema dice relación con el respeto a la legitimidad que entrega el voto popular. Supongamos que un partido consigue tres escaños pero sin alcanzar el 5%. ¿Qué pasaría en ese caso? Simple. Los escaños quedarían en manos de otros partidos, vulnerando así la voluntad del electorado. Esto es particularmente delicado. Para ser más directo aún, es una insensatez evidente.

Eliminar la fragmentación por decreto no siempre es la mejor solución, más aún en un sistema electoral como el chileno en que los electores votan por personas y no explícitamente por listas de partidos como ocurre, por ejemplo, en Argentina o México, que utilizan sistemas de listas cerradas y bloqueadas. En México el umbral electoral aplica solo a los 200 diputados electos en las 5 grandes circunscripciones plurinominales, pero no a los 300 diputados elegidos en distritos uninominales. Ahí se vota por la persona y ese resultado se respeta.

La segunda propuesta es que los legisladores que renuncian a sus partidos pierdan el escaño. Con esto, se pretende mantener a la fuerza a los legisladores en sus respectivas colectividades, como si eso fuera motivo suficiente para que comiencen a votar disciplinadamente. ¿Qué se hará con los independientes que esos mismos partidos llevan en sus listas? Nada. Esos legisladores, al no ser militantes, no sufrirán sanción alguna. Pueden votar como les plazca. ¿Quién es el responsable de que esos independientes hayan llegado a la papeleta? ¡Los propios partidos!

Primer acto: los partidos no forman nuevos militantes. Segundo acto: al no cumplir con esta función, comienzan a importar candidatos del mundo independiente. Tercer acto: ese independiente es electo en el cupo de un partido, pero siente como propios los votos obtenidos. Cuarto acto: el independiente se indisciplina y comienza a votar en contra de los intereses del partido. Quinto acto: el partido trata de controlar a ese independiente, pero es imposible. Sexto acto: el independiente abandona la bancada y comienza a vitrinear en otras que seguramente le darán alojamiento. Séptimo acto: ese independiente busca la reelección, y seguramente el mismo partido con el que compitió originalmente, lo terminará recibiendo. Octavo acto: los votos de ese independiente indisciplinado suman al partido, y esos votos se transforman en dinero producto del financiamiento público de la política.

En definitiva, estamos en presencia de dos reformas que no resuelven absolutamente nada, que implicarán una extensa discusión, que harán ver a la clase política preocupada de sí misma, y que nos hace recordar lo peor que le ha pasado a Chile desde 1990: el proceso constitucional.

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