Causa por 100 kilos: Las alertas que sepultaron al fiscal antidrogas de Rancagua acusado de negociar con narcoabogados

En la tarde del martes, desde el Ministerio Público confirmaron que se inició una investigación penal a cargo del persecutor Metropolitano Occidente Marcos Pastén, para indagar denuncias en contra del fiscal antidrogas de Rancagua, Jorge Mena, acusado de pactar salidas alternativas con abogados de imputados por narcotráfico.

Una de las primeras alertas que saltó en la sede regional de la Fiscalía en O’Higgins ocurrió el pasado 20 de noviembre. En esa fecha, el fiscal Mena cerró una causa de drogas que había iniciado en marzo de 2022, en la cual consiguió cuatro condenas.

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¿El problema? Pese a que durante la investigación se acreditó que los imputados internaron más de 108 kilos de marihuana, 980 gramos de pasta base y una glock con un cargador adaptado de 50 tiros, el fiscal Mena optó por un procedimiento abreviado y desistió de ir a un juicio oral. El resultado fue que ninguna de las condenas que consiguió devino en cárcel efectiva para los condenados, sino todas fueron penas sustitutivas de libertad vigilada intensiva.

Un patrón que –reconocen en la fiscalía que dirige Emiliano Arias hasta el próximo 25 de mayo– empezó a llamar la atención, pues en esa investigación que ejecutó la Brigada Antinarcóticos (Brianco) de Rancagua de la PDI se utilizaron recursos y técnicas especiales de seguimiento, que finalmente no concluyeron en penas privativas de libertad para ninguno de los involucrados.

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Las negociaciones con narcoabogados

Desde marzo de 2022, una organización criminal compuesta por al menos seis individuos se dedicó a importar varios kilos de droga desde Bolivia para su distribución en varias partes de Chile, entre ellas la ciudad de Rancagua.

Los policías habían intervenido los celulares de los miembros de la organización, es por eso que tenían la certeza de que el 3 de abril del 2022 un cargamento de droga ingresó al país por la frontera con Bolivia en dos vehículos Kia modelo Sportage y un Hyundai Santa Fe.

Una vez en Chile emprendieron rumbo a Rancagua, donde mantenían un acopio para la droga que después sería comercializada. Pero a la altura de Antofagasta sufrieron un imprevisto: un pinchazo en el neumático. Los detectives de la Brianco, quienes los seguían de cerca, aprovecharon esa instancia para a eso de las 18.45 horas fiscalizar y detener a los imputados en un servicentro.

El hallazgo fueron 108 kilos de marihuana, 980 gramos de pasta base y armas adaptadas, y se logró la detención de los seis individuos ligados a la organización. Las pruebas, según lo había establecido la propia investigación, eran contundentes.

De acuerdo con las denuncias anónimas, el persecutor habría establecido una negociación con el defensor privado de dos de los imputados, Luis Valdenegro Ortiz, con quien consensuó iniciar un procedimiento abreviado que finalmente concluyó en penas sustitutivas.

Otros defensores públicos y privados, además, habían cuestionado que Mena negociaba salidas alternativas en otras causas de drogas solo con algunos abogados particulares. Denuncias que finalmente levantaron alertas tanto en la fiscalía regional como en los tribunales de la sexta región.

En otra investigación sobre narcotráfico, por ejemplo, se acusa a Mena de negociar con el abogado Álex Ruz Rubio un procedimiento abreviado donde se acusó a tres imputados de ser los cabecillas de una agrupación criminal dedicada a la internación de estupefacientes. Mena también logró condenas, pero las penas recayeron en presidios menores, multas y una libertad vigilada simple.

La investigación interna

“Lo hemos dicho y reiteramos: vamos a investigar todo tipo de delitos, caiga quien caiga, tanto dentro del Ministerio Público como en el resto de las instituciones del país. Vamos a combatir fuertemente la corrupción y el crimen organizado en todo Chile”, apuntó el fiscal nacional Ángel Valencia el martes 7 de mayo cuando confirmó la suspensión de su par de Rancagua y la apertura de una investigación penal por los posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.

La decisión de Valencia –según fuentes consultadas– fue consecuencia de dos investigaciones de carácter administrativo iniciadas en la Fiscalía de Rancagua, donde se indagaron las presuntas irregularidades en las que habría incurrido Mena como persecutor antidrogas y de robos.

El 7 de febrero de este año, el fiscal regional Emiliano Arias instruyó iniciar una auditoría a las actuaciones de Mena a cargo de los asesores jurídicos del Ministerio Público. El 22 de ese mismo mes se decidió sacar al fiscal de la unidad de drogas y se le destinó a la investigación de robos.

El resultado de esa primera pesquisa detectó que en 12 causas existirían negociaciones irregulares con defensores privados para zanjar salidas alternativas. El 26 de febrero se amplió el rango de búsqueda de patrones similares y se constataron otras 9 causas.

A raíz de esos antecedentes, el 22 de abril se ordenó un sumario a cargo del fiscal antidrogas de San Fernando, Gabriel Meza, pues en la mente de Arias solo un fiscal de drogas podía investigar y establecer patrones en las causas de otro persecutor antinarcóticos.

Finalmente, el 6 de mayo se notificó a Mena de su suspensión como fiscal del Ministerio Público –una de las sanciones más gravosas que puede establecer el sumario administrativo–, pues se detectaron “situaciones de carácter grave”. Es así que el 7 de mayo, a petición de Arias, la Fiscalía Nacional instruyó la apertura de una investigación penal a cargo del fiscal regional occidente Marcos Pastén.

“Conforme a los antecedentes recabados proactivamente a través de informes, auditorías y denuncias anónimas, y considerando que los hechos podrían constituir delitos de carácter penal, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, designó a Marcos Pastén -titular de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente- para liderar la investigación”, señalaron en un escueto comunicado.

Entre las irregularidades que levantaron las auditorías figura que Mena omitía procedimientos en el término de causas y que no informaba a su jefatura directa decisiones que justamente justamente dependían de Arias, como por ejemplo no informar cuando invocaba la atribución de no perseverar.

Está, además, que en algunas causas por delitos de drogas atribuía complicidad a imputados que, dado los antecedentes de la investigación, les correspondía la calidad de autor del ilícito.

Según cercanos a las pesquisas que sepultaron a Mena, el fiscal antidrogas de Rancagua se mantuvo silente durante toda la investigación administrativa y evitó realizar solicitudes a su jefatura directa.