Monsalve revela ante diputados que otros seis exmilitares venezolanos buscados por Nicolás Maduro estarían en Chile

Durante el mediodía de este lunes se realizó la primera sesión oficial de la Comisión Investigadora sobre Crimen Organizado y Sistemas de Inteligencia, solicitada a partir del asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, y que se constituyó formalmente el pasado 23 de abril.

En esta ocasión estaban citados la Ministra del Interior y el subsecretario de dicha cartera, Manuel Monsalve. Sin embargo, Carolina Tohá se excusó de participar mediante una comunicación recibida la mañana del lunes a la comisión.

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No obstante aquello, Monsalve sí asistió a la cita, y lo hizo en compañía de connotados invitados: Ana Lya Uriarte, coordinadora legislativa de la Subsecretaría; el general Julio Jaramillo, jefe de Inteligencia de Carabineros; Luis Marcó, director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI); y por parte de la PDI asistieron la prefecto general Consuelo Peña, subdirectora de Inteligencia de la PDI; y Cristina Vilches, jefa de inteligencia de la institución.

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Al iniciar su exposición, el subsecretario solicitó que parte de la sesión mantuviera el estado de secreto, tanto por los datos que quería entregar como por las preguntas que pudieran tener los parlamentarios para él y quienes lo acompañaban.

En la mitad que sí fue transmitida, Monsalve expuso sobre las solicitudes de refugio en nuestro país, los beneficios de aquellos casos que son aceptados, y ahondó en el trabajo que se está haciendo para el control migratorio en las fronteras.

Según las cifras expuestas, desde que entró en vigencia la Ley de Protección a Refugiados en 2010, se han recibido cerca de 31 mil solicitudes de refugio. De ese universo, 11 mil han sido archivadas, 9 mil rechazadas, 10 mil no han tenido resolución y alrededor de 1.000 han sido aceptadas.

De los mil refugios que se han otorgado, solamente 75 corresponden a ciudadanos venezolanos, 46 de los cuales se entregaron durante este Gobierno. Del total de refugiados, nueve de ellos tienen el estatus de ex miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela.

Una cantidad de exmilitares que es relevante si se considera la lista de 33 personas que el Gobierno de Venezuela calificó como traidores a la patria por participar en una operación contra Nicolás Maduro.

Listado del cual el propio subsecretario entregó antecedentes y mencionó que identificaron que un grupo de los sindicados como partícipes de la operación estaban en Chile.

“Se hizo mucha alusión a 33 efectivos de las fuerzas armadas que habían sido puestos en un listado por el gobierno venezolano, a quienes se les acusaba de haber participado en una operación en contra del presidente de Venezuela. De esos 33, el registro que tiene Chile es que solo había 7 de esas 33 personas en territorio nacional, esa es la información que puedo entregar al respecto”, dijo Monsalve.

“Nunca se tuvo una denuncia”

Tras el asesinato de Ojeda, una de las críticas más fuertes fue la supuesta falta de protección por parte del sistema chileno al exteniente, pues independiente de tener condición de refugio en Chile, fue raptado con suma facilidad desde su propio departamento en Independencia.

Por ello, uno de los puntos que más remarcó el subsecretario en su presentación, fue sobre los “beneficios” que se les otorgan a una persona cuando obtiene el refugio en nuestro país, los cuales corresponden a contar con una residencia definitiva y el derecho a no expulsión.

“No existe registro de que el Estado chileno tome medidas de protección particular respecto a personas que tienen la condición de refugiados”, dijo Monsalve.

El subsecretario agregó que para que se tomen acciones extra debiera haber existido una denuncia formal en Fiscalía, algo que no ocurrió antes del secuestro de Ojeda respecto a ningún ciudadano venezolano. “Nunca se tuvo una denuncia, de ninguna naturaleza, de ninguno de ellos respecto eventuales riesgos en los cuales ellos consideraran que estaban expuestos en territorio nacional”, dijo.

Eso sí, posterior al secuestro de Ronald Ojeda, se registró una denuncia de un refugiado venezolano, quien por orden de la Fiscalía recibió medidas de protección especiales.

Ácidas críticas de los parlamentarios

El momento más tenso de la jornada se dio precisamente en torno a la poca seguridad de los refugiados, y es que la diputada de Demócratas Joanna Pérez increpó al subsecretario por la falta de protección que recibió Ojeda y le consultó si es que en Interior sabían de sus motivaciones políticas, como también de sus viajes fuera de Chile

“¿Se tuvo información por parte de Interior de este tipo de acciones por parte de un refugiado?”, dijo Pérez aludiendo a los movimientos que fueron develados en un reportaje de Mega Investiga.

A pesar de que el propio fiscal Barros confirmó a Mega Investiga que el viaje de Ojeda a Cúcuta refuerza la tesis política que lleva adelante el Ministerio Público, Monsalve planteó que no sabe si es información que ha sido “verificada” en el transcurso de la investigación.

“Lo único que puedo decir al respecto es que él ya tenía la condición de refugiado, y por tener la condición de refugiado, si eso hubiese ocurrido él tenía la obligación de informar previo a salir del país”, planteó el subsecretario.

Punto de la conversación donde Monsalve volvió a remarcar que nunca existió una denuncia en el caso de Ojeda (ni de ningún otro venezolano), por lo que no correspondía ninguna medida de protección particular. “Todas nuestras obligaciones como Estado en materia de refugiados han sido cumplidas, todas”, planteó.

Los antecedentes presentados por el subsecretario en la primera parte de la sesión, además de lo conversado cuando se estableció el secreto, no dejó satisfechos a todos los presentes, quienes lanzaron duras críticas a lo expuesto en esta primera cita.

"La verdad es que no hay mucho que decir. No hay mucho que decir, la información es vaga, poco analizada. Yo espero que esto vaya cambiando en la medida que avance la Comisión Investigadora porque sino el resultado de esto no va a ser el que nosotros realmente queremos", planteó el presidente de la instancia, Miguel Ángel Becker.

La próxima sesión quedó agendada para el martes 14 de mayo, oportunidad donde volvió a ser citada la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.