Pese a sumario en 2021 en la DGMN: Contraloría detecta que personas con antecedentes y menores tendrían armas vigentes

Como telescopio. Así ingresó por el Aeropuerto Arturo Merino Benítez la encomienda que recibió Ricardo Montory Milling, el pasado 15 de enero en las inmediaciones de su empresa emplazada en calle Mariño de Lovera en la ciudad de Valdivia. Pero esa inscripción no era cierta: lo que recibió esa tarde en realidad se trataba de una mira telescópica con visión térmica y nocturna que puede ser incorporada a fusiles y varios tipos de rifles.

Es por eso que la entrega estaba siendo vigilada por agentes encubiertos de la Brigada de Crimen Organizado (Brico) de la PDI, quienes cerca de las 18.45 horas —apenas Montory recibió el encargo— se alistaron para detener al empresario, quien además es conocido en la zona por ser el presidente del Club de Tiro de Valdivia.

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Tras la detención, los funcionarios policiales registraron el domicilio de Montory y se encontraron con una cuantiosa colección de armas, que —según acusa el Ministerio Público— el imputado mantenía de forma ilegal y pertenecían a otros propietarios: un fusil Mauser calibre 765, dos rifles calibre 22, una escopeta calibre 12, tres cañones de escopeta y 398 cartuchos calibre 762.

Incluso, estos últimos calibres corresponden a munición de guerra y son de exclusivo uso militar, es decir que su comercialización para particulares está prohibida. De hecho, el informe del perito balístico de la PDI arrojó que pertenecían a FAMAE del Ejército. Por estos hechos, el persecutor Daniel Contreras de la Fiscalía Occidente busca imputar a Montory Milling los delitos de tráfico de armas, tenencia ilegal, tenencia prohibida de municiones y contrabando.

A través de su empresa Constructora Montory Limitada, el imputado registra órdenes de compra con las municipalidades de Valdivia, Mariquina y Corral, a las que les ha proveído servicios de arriendo de maquinaria y transporte de material. En la plataforma de Lobby, además, se detallan algunas de las reuniones que ha sostenido con autoridades públicas sobre sus negocios y actividades como presidente del Club de Tiro.

Según investigaciones que lleva adelante la fiscalía local de Pudahuel, es cada vez más frecuente que personas del mismo perfil que Montory —con redes, poder adquisitivo y afición por las armas— internen este tipo de instrumentos a través de encomiendas que ingresan por Aduanas en el Aeropuerto de Santiago, entregando declaraciones falsas de su real contenido.

Armas y municiones de guerra, silenciadores, miras láser, estabilizadores tipo Rony, cargadores con capacidad para 50 balas y selectores de tipo automático (chip) son algunos de los elementos que se han detectado ingresando por el aeropuerto.

Si bien en la mayoría de los casos quienes importan esas armas y accesorios señalan que los traen con fines de colección o exhibición, el problema es que —coinciden fiscales y expertos consultados— la trazabilidad de la ruta de las armas es prácticamente inexistente y nada asegura que puedan ser comercializadas y caer en manos del crimen organizado.

Las deficiencias que persisten en el control de armas

En 2021, Contraloría publicó una auditoría que se extendió por tres años en la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) y en la Prefectura de Control de Armas y Explosivos de Carabineros (OS-11), organismos responsables en la fiscalización de armas de fuego en Chile.

El informe del ente contralor detectó, en ese entonces, a civiles con antecedentes penales, fallecidos y menores de edad con inscripciones vigentes para portar armas.

“Se advirtieron un total de 22.987 casos de civiles con antecedentes penales que mantienen armas vigentes en Chile; además de 1.714 personas que no reúnen la idoneidad requerida para mantener armas de fuego a su nombre, toda vez que poseen antecedentes penales por violencia intrafamiliar. Asimismo, se constató que la DGMN autorizó un total de 5.976 inscripciones de armas a personas que al momento de realizar la actuación mantenían antecedentes penales previos”, se lee en la auditoría.

Entre otras irregularidades calificadas como “graves” también se pesquisó que, de la totalidad de inscripciones de armas vigentes, 1.083 estaban registradas a nombre de menores de edad. Además, la investigación estableció que ni la DGMN ni Carabineros verifican la autenticidad de la documentación presentada por personas naturales y jurídicas al momento de inscribir un arma.

Del total de inscripciones de armas, habían 316 cuyos certificados de aptitud física y psíquica fueron emitidos por personas sin título de médico inscrito en la Superintendencia de Salud.

Esas deficiencias, finalmente, gatillaron que Contraloría instruyera un procedimiento disciplinario tanto en la DGMN como en Carabineros para determinar eventuales responsabilidades administrativas. Sin embargo, a casi tres años de iniciado el sumario aún no existen resultados ni sanciones.

Pero eso no es todo. En un informe de seguimiento —fechado el 26 de octubre de 2023— para revisar la adopción de las observaciones instruidas por Contraloría, se estableció que la mayoría de ellas se encuentran sin subsanar o bien es imposible verificar su cumplimiento.

Ese es el caso, por ejemplo, de las personas con antecedentes penales que mantienen inscripciones de armas vigentes. “(Los documentos adjuntados) no permiten por sí solos verificar que esos casos efectivamente se encuentren bloqueados en la plataforma para efectuar diligencias asociadas a la citada Ley 17.798, por lo que corresponde mantener la presente observación”, señala el informe.

Lo mismo para el caso de aquellos certificados emitidos por profesionales sin título de médico. “Considerando la documentación proporcionada por ambas entidades (DGMN y Carabineros), es posible señalar que si bien se han gestionado acciones con el objeto de determinar las personas que han emitido certificados sin contar con la especialidad de psiquiatría, no aportaron respaldo documental de las acciones ejecutadas asociadas a la regularización de los casos objetados en el referido informe final (...) Por lo que corresponde mantener la presente observación”, indica el documento.

Y agrega: “Se reitera que la DGMN en coordinación con Carabineros de Chile, deberán ejercer las acciones pertinentes con el objeto de regularizar las observaciones (...) contado desde la recepción del presente documento”.

Para este artículo se contactó a la DGMN para consultar acerca de las objeciones reiteradas por Contraloría en el informe de octubre de 2023, pero desde la institución declinaron entregar declaraciones aduciendo problemas de agenda.

Según cifras de Aduanas, en 2022 se incautaron 13,265 partes y piezas que corresponden a distintos tipos de armamentos. Mientras que en 2023, esa cifra aumentó a 22.298.