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Piden quiebra de inmobiliaria: Mantendría deuda de más de 1.200 millones de pesos

¿Qué pasó?

El pasado 11 de marzo el Banco Security ingresó al 23° Juzgado Civil de Santiago una solicitud de liquidación forzosa de la Inmobiliaria Paseo San Damián. 

De acuerdo a la acción presentada por la institución financiera, este requerimiento descansa luego de que la inmobiliaria no hiciera efectivo, dentro del plazo correspondiente, el pago de un Pagaré en Unidades de Fomento (UF), el cual fue suscrito el 29 de marzo de 2022 con el banco en cuestión.

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La deuda de la inmobiliaria que motivó la solicitud

De esa manera, Security alega que la deuda ascendía a las 37.927,208 UF, lo que a la fecha correspondía a  $1.204.541.879, estipulándose que el Pagaré sería saldado en pesos, según el valor de la UF al día del pago, que fue fijado al 29 de septiembre de 2023.

Según expresa la solicitud, San Damián renunció "a toda presentación, requerimiento, protesto o aviso de cualquier tipo en relación con este Pagaré, liberando expresamente al Acreedor de la obligación de protesto", quedando el deudor en mora por el simple vencimiento del plazo.

"Así las cosas, se trata de una obligación de pago de una cantidad de dinero determinada que se encuentra vencida por la llegada del plazo, 29 de septiembre de 2023, que hasta la fecha no ha solventada por San Damián ni por su codeudor solidario, y que consta en un título ejecutivo perfecto", dice el documento.

"Se cumplen en la especie todos los requisitos que exige el artículo 117 N°1 de la Ley para el inicio del procedimiento concursal de liquidación de San Damián en tanto empresa deudora", agrega.

Cabe destacar que, además, el pagaré contemplaba una tasa de interés del 5% anual del capital adeudado, el que fue firmado por Alfonso Vásquez Parker, quien es dueño de la inmobiliaria y que ofició como aval y codeudor solidario.

 

Imagen referencial / Créditos: ATON

 

Historial en tribunales

En todo caso, no es la primera vez que las partes se enfrentan a través de la Justicia. Anteriormente, había sido la empresa inmobiliaria la que emprendió acciones contra el banco. En aquella oportunidad, la empresa de Vásquez pidió que se declararan nulos unos contratos celebrados tipo leasing y lease-back con Security.

El primero de estos consiste en un contrato de arriendo por parte de una empresa especializada, la que de inmediato se lo arrienda a un cliente que se compromete a comprar lo que haya arrendado en la fecha de término del contrato.

En tanto, el segundo aplica cuando una empresa que requiere financiamiento cuenta con un bien, debiendo vender ese bien a la empresa de "leasing" o banco, la que se lo arrendará a su vez, a través de una operación de leasing normal.

“Estos contratos celebrados uno tras otro son simulaciones, a juicio de esta parte, de contratos de financiamiento a través de herramientas permitidas en nuestro ordenamiento jurídico con la finalidad de vulnerar el cobro de la tasa máxima convencional, escapando así a la regulación entregada por la Superintendencia de Bancos en aquel tiempo, hoy Comisión para el Mercado Financiero”, alegó la inmobiliaria en la demanda.

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De la misma manera, acusaron que "escondieron costos no permitidos, camuflados y sin sustento mediante la renovación sucesiva de los contratos como ya se indicó, pues los mismos contenían condiciones y términos que no fueron aprobados, no fueron pactados ni tampoco son legales, existiendo una diferencia entre lo pactado y la intención ilícita de la sociedad bancaria”.

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