Habla condenado por abuso sexual que recibió pensión de gracia tras el estallido: "Me llegó una bala en el tobillo"

Las pensiones de gracia otorgadas para víctimas del estallido tienen a La Moneda en un laberinto, cuyos intentos para desactivar la crisis ha provocado un duro intercambio de cuestionamientos entre el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Derechos Humanos por la responsabilidad de las irregularidades que detectó Contraloría en un informe especial dado a conocer la semana pasada.

La auditoría detectó que 58 de los 418 casos analizados recibieron el beneficio, a pesar de tener antecedentes penales como robos con violencia, VIF, homicidio frustrado, abuso sexual y producción de pornografía infantil, entre otros.

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Además, el ente fiscalizador, informó que en 10 casos, no se pudo acreditar las lesiones en las víctimas del estallido al no encontrar los exámenes médicos o algún documento que reflejara que un agente del Estado le haya generado un daño permanente durante el proceso del Estallido Social.

Los cuestionamientos políticos no se dejaron esperar y los dardos iban directo al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a quien responsabilizaron por este nuevo escándalo, en especial por el beneficio que recibió una persona que estaba cumpliendo condena por producción de material pornográfica infantil, cuyo caso fue dado a conocer por Mega Investiga, el viernes pasado.

La respuesta del exdiputado llegó rápidamente y acusó que el gobierno de Piñera había otorgado 21 pensiones a personas con antecedentes penales, entre ellos uno que había sido condenado por abuso sexual infantil.

“Entiendo que en ninguno de los casos hubo mala fe, se respetó el procedimiento. Pero lamentablemente, este proceso no pedía como requisito los antecedentes”, se defendió Monsalve en un intento por bajar la tensión.

Pero no sirvió de mucho, pues a las pocas horas el fiscal nacional, Ángel Valencia, determinó abrir una investigación de oficio para indagar cómo se otorgaron las pensiones de gracias y qué vínculos hubo entre Interior y el INDH para la selección de los beneficiarios.

En esa línea, Mega Investiga fue en busca de varios pensionados, cuyos procesos fueron cuestionados en el informe de Contraloría por la existencia de antecedentes penales y por la no existencia de documentos que acrediten sus lesiones.

Se trata de cuatro casos, que fueron amparados en todo momento por el Instituto de Derechos Humanos: desde la presentación de la querella hasta la postulación al Ministerio del Interior. Y sus historias las podrá conocer esta noche en el noticiero Prime de Meganoticias, desde las 21 horas.

“Sería muy doloroso perder la pensión”

Uno de estos casos es Robinson Jaramillo Monje, quien recibió la pensión el 21 de febrero de 2022 durante el gobierno de Sebastián Piñera y que fue aumentada a $444.000 el 27 de octubre del mismo año en el mandato de Gabriel Boric.

Mega Investiga llegó hasta su casa en Valdivia y pudo entrevistarlo sobre su caso. Habló sobre qué le ocurrió durante el Estallido Social y la condena por abuso sexual infantil que lo tuvo baj la tutela del Estado hasta 2019.

Dice que el 22 de octubre de 2019 estaba cenando en su domicilio, ubicado en la calle Belén, en la población Norte Grande, junto a su nieto. Cerca de las 22 horas, ambos se percatan de graves disturbios, por lo que decidieron salir a mirar.

En eso, no alcanzó a dar ni dos pasos, y sintió un fuerte dolor en su tobillo.

“Sentí como un piedrazo que me llegó en el tobillo. En eso, me ayudan algunos vecinos, me sacaron el zapato y vieron que fue una bala”, comenta Jaramillo, quien reconoce que había un fuerte intercambio de balazos entre algunas personas que estaban en las barricadas con efectivos policiales que estaban en la zona.

En esa línea, según también declaró al Instituto Nacional de Derechos Humanos, Jaramillo asegura que ese proyectil provino de una patrulla militar que supuestamente acompañaban a carabineros en ese momento.

“Había personas tirándoles piedras (...) Después empezaron a disparar. Habían dicho que eran Carabineros, pero no. Era militar. Me dijeron que era una bala de guerra que me atravesó el tobillo”, señala, lo que lo dejó dos años sin poder tener un trabajo estable.

Durante la recuperación, dice que fue contactado por la oficina regional de Valdivia del INDH, donde le tomaron los datos y le solicitaron grabaciones y documentos de su lesión para postularlo a la pensión de gracia de por vida.

“Ellos hicieron todo el trámite”, reconoce Jaramillo.

Sobre la situación judicial de su lesión, indica que no tiene mucha información, pero que todo está en la PDI. Mega Investiga consultó a fuentes de esta causa y comentaron que fue cerrada en octubre de 2022, porque la investigación no pudo acreditar que el disparo haya salido de una unidad militar. Por tanto, el Tribunal aceptó la solicitud de no preservar del Ministerio Público, en el entendido que esa bala podría haber sido percutado por una de las personas que participaba de la protesta.

De todas formas, Mega Investiga intentó obtener más información, pero no fue posible, porque se indicó que todas las causas del Estallido Social están bajo reserva, incluidas las finalizadas, por petición del INDH.

Robinson Jaramillo está consciente de la decisión que tomará el Presidente Gabriel Boric sobre la revocación de 25 de las 58 pensiones cuestionadas por la Contraloría. Indica que si la pierde “sería muy doloroso”, porque “estoy sin trabajo” y con ese dinero paga arriendo y financia a penas su día a día.

“La pierna no me da, nadie me va a contratar por más de tres meses”, afirma Robinson Jaramillo, quien asegura que lo ha pasado mal en los últimos años.

Frente a su condena por abuso sexual infantil, tiene presente que ese antecedente no le ayudará en su petición, pero afirma que lo acusaron de forma injusta y que él no cometió ningún delito.

“Lamentablemente estoy pagando por algo que no hice. La persona que me acusó estaba encubriendo al verdadero abusador”, revela. A pesar de ello, ni el Ministerio Público ni el Tribunal acogieron esa versión y lo condenaron a tres años y un día en abril de 2010 por abusar sexualmente de una niña de seis años.

En ese mismo año también fue condenado por dos causas de Violencia Intrafamiliar, de acuerdo a información pública obtenida en el Poder Judicial.

El caso de Robinson Jaramillo no sólo será revisado por el Presidente Gabriel Boric, sus antecedentes también son parte de sumarios abiertos en el INDH y el Ministerio del Interior que determinarán si la entrega de su beneficio se ajustó a la normativa.

Resultados que serán monitoreados de cerca por la investigación a cargo del fiscal regional occidente Marco Pastén, quien ayer ordenó las primeras diligencias a los detectives de la Unidad Anticorrupción de la PDI.