Gobierno se defiende de campaña por Ley Uber y aclara requisitos: Licencia profesional, tecnología mínima y más

¿Qué pasó?

El ministro subrogante de Transportes, Jorge Daza, explicó las exigencias para los conductores de aplicaciones de transportes, estipuladas en la Ley 21.553, llamada "Ley Uber", en medio de las críticas que han surgido en torno a la aplicación de la norma, lo que podría significar que casi 36 mil personas vean afectada su fuente laboral.

Asimismo, defendió al Gobierno de la campaña que lanzó Uber en contra de los requisitos establecidos en la ley para poder transportar personas mediante aplicaciones.

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¿Qué dijo Daza sobre la Ley Uber?

"La ley (publicada en abril) otorga un plazo de nueve meses al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para dictar el reglamento de la ley, y ese plazo se cumple el 19 de enero del año 2024", expuso el ministro subrogante en Radio ADN.

 

 

"Estamos bastante sorprendidos porque pareciera ser como si se estuviera tramitando la ley y ya está publicada", agregó.

La autoridad explicó que para recoger opiniones sobre el reglamento realizaron un "proceso participativo". "Estamos tranquilos porque hemos escuchado las opiniones de muchas personas para poder dictar este reglamento y que estamos ad portas de evacuar a la Contraloría General de la República", aseveró.

¿Se puede flexibilizar en los requisitos para transportar personas a través de aplicaciones?

Sobre si se pueden modificar algunas de las exigencias establecidas para los conductores, Daza detalló que "por vía reglamentaria no se puede modificar lo que la ley dejó expresamente señalado, y la ley dejó exigencias bastante explícitas: por ejemplo, lo de la licencia de conducir profesional, el periodo de congelamiento de los conductores y las exigencias en tecnología mínima, las que tienen que ser las que se le aplican a los taxis".

Además, indicó que también se contempla "el no uso de las vías exclusivas y los corredores, la limitación de inscripción a una sola región y la prohibición de los servicios compartidos. Esas son cosas que dejó expresamente señalada la ley, entonces en el reglamento hay bien poco espacio como para poder hacer precisiones respecto de la ley".

Sí se podría flexibilizar en la antigüedad de los vehículos y la cilindrada

El ministro subrogante afirmó que los puntos que sí se podrían evaluar por reglamento son la antigüedad y la cilindrada que se está determinando para los vehículos con los que trabajen los conductores de las aplicaciones.

En específico, por ahora se está pidiendo contar con una cilindrada mínima de 1.4 cc para los vehículos con motor de combustión interna. En tanto, durante los primeros seis meses de entrada en vigencia del reglamento se podrían inscribir sólo aquellos automóviles con una antigüedad máxima de siete años y posterior a este periodo sólo podrían ser inscritos vehículos nuevos. 

"La antigüedad de los vehículos y las cilindradas son cuestiones que se pueden analizar y nosotros en ese sentido lo que hemos estado haciendo es escuchar a la industria y haciendo los análisis correspondientes para ver cuánto margen de respaldo técnico nosotros vamos a tener para poder hacer esta incorporaciones de años de primera inscripción y de antigüedad de los vehículos", afirmó la autoridad.

Al ser consultado por la tensión que existe sobre en estos puntos que se podrían modificar, respondió: "no nos sentimos presionados por la empresa, lo que sentimos es que se está haciendo una campaña en un tiempo determinado que no corresponde, porque si se quería hacer una presión, se debía hacer previo a la tramitación de la ley en el Congreso... Por tanto, estas campañas agresivas no nos tienen inquietos, estamos trabajando respecto de lo que nos señala la ley".

"A nosotros nos sorprende"

Daza sostuvo que esta ley comenzó a tramitarse en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, viendo la luz finalmente en el periodo del Presidente Gabriel Boric.

"En ese espacio legal se escucharon a todas las partes, está la historia de la ley: aplicaciones, conductores, taxistas y al mundo académico", aseguró.

"Por eso a nosotros nos sorprende, porque es una tramitación de cinco años que fue aprobada ampliamente por el Congreso y que posterior a ello se haga parecer como si estuviéramos tramitando la ley, y hay cuestiones que están fijadas en esa ley y que nosotros no podemos cambiar por reglamento. Si se quisieran cambiar, debieran tener una nueva tramitación legal a través de un proyecto de ley", agregó. 

"No estamos en contra de las aplicaciones"

El ministro subrogante afirmó que esta nueva norma "va a hacer contribuciones importantes, que tienen que ver, por ejemplo, con aumentar la seguridad tanto de pasajeros como de los conductores, va a haber un registro nacional de los automóviles y conductores".

"Nosotros no estamos en contra de las aplicaciones, estamos en pie de poder regularlas y aumentar los niveles de seguridad... Hasta que entre plenamente en vigencia la ley, van a pasar prácticamente tres años, por tanto, hay plazos más que suficientes para que la industria y los conductores se adapten a las exigencias de la ley", sentenció.

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