Columna de Mauricio Morales: Chile es un caos

Por Mauricio Morales, doctor en Ciencia Política, profesor titular, Universidad de Talca-Campus Santiago.

Chile cambió. De eso no cabe duda alguna. Desde 2019 ya no es el mismo país pujante, caracterizado por el orden, la certidumbre institucional y la seguridad para invertir. Nos transformamos en todo lo contrario, llegando al extremo de estar cuatro años discutiendo sobre las reglas de la convivencia democrática. Las únicas constantes han sido el conflicto, la confrontación política, la polarización y el desprestigio.

No voy a repetir las razones por las que llegamos a esta situación, pero hoy el panorama es aún más dramático. Esta semana se encontraron cuerpos descuartizados, situaciones de secuestro y extorsión, bombazos en centros comerciales, y una corrupción política de proporciones.

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No sabemos bien en qué minuto comenzó todo esto, pero es más o menos evidente que desde el estallido social las cosas cambiaron. Tanto así, que el acuerdo constitucional del 15 de noviembre de 2019 fue fruto de la violencia y la extorsión. La elite política cedió rápidamente y entregó la Constitución, cometiendo un error histórico cuyos costos seguiremos pagando. En lugar de haber respondido con la fuerza del Estado para imponer el orden público, se toleró la violencia callejera a tal punto de normalizarla e, incluso, romantizarla al colocar casi en un altar a la denominada “primera línea”.

 

 

La crisis se pudo resolver de manera más directa, con leyes vinculadas a limitar y castigar los abusos de privados hacia los consumidores, mejorar sustantivamente el sistema de pensiones, y optimizar las políticas públicas en salud y educación. Pero como en ese contexto eran más importantes los ideológicos que los técnicos, entonces nos embarcamos en un proceso de cambio estructural.

La reciente encuesta CADEM ilustra el hartazgo con ese objetivo materializado en una nueva Constitución, llegando al punto de generar —el texto propuesto— principalmente incertidumbre (37%) y cansancio (24%), mientras que solo un 32% lo votaría “a favor”.

¿Cedió la violencia luego del acuerdo constitucional? En absoluto. El desorden declinó junto con la pandemia, demostrando que las razones sanitarias fueron mucho más poderosas para controlar la revuelta que los acuerdos políticos suscritos desde arriba. ¿Y qué ha hecho el gobierno para avanzar? Muy poco. En lugar de gobernar, prefirió hacer campaña por el “Apruebo” en los primeros meses de gestión, llegando a afirmar —uno de sus ministros más relevantes— que los objetivos programáticos de la administración Boric dependían de la aprobación del nuevo texto constitucional.

El balde de agua fría del 4 de septiembre de 2022 congeló al Presidente y su gabinete, que corrió en círculos durante varios meses, debiendo explicar a fines de ese año las razones por las que se indultó a un grupo de “presos de la revuelta”, algunos de ellos con amplio prontuario delictual. Luego de ese evento, vino un recrudecimiento de la delincuencia, siendo el punto cúlmine el asesinato del cabo Palma. Como si eso fuera poco, estalló el caso “Fundaciones”, un emblema de la corrupción política que llevó a la renuncia del ministro Jackson, quien dejó el gobierno sin que se le haya probado vínculo alguno con el escándalo.

El ejecutivo bajó los brazos en la arena legislativa previo rechazo de la reforma tributaria, y en su desesperación, llamó a un gran pacto fiscal, pero sin el éxito esperado. Por otra parte, la reforma previsional quedó a medio camino, dejando al gobierno sin la posibilidad de aprobar un proyecto relevante durante sus dos primeros años de gestión. La aprobación al Presidente, en tanto, ha bordeado el 30%, registrando un 33% en la última medición de CADEM.

El gobierno alega la falta de disposición de los legisladores de derecha para apoyar su agenda de reformas, ignorando el comportamiento que tuvieron ellos cuando fueron oposición. A ratos, da la sensación de una extorsión estructural en el sistema político chileno que, por cierto, no será resuelta si gana el “en contra” o el “a favor”.

A estas alturas, es casi irrelevante la discusión constitucional frente a los graves problemas que enfrenta el país. Aún no nos damos cuenta de que el deterioro es enorme, la convivencia política es una guerra permanente, la corrupción se destapa como una alcantarilla, y la inseguridad forma parte de nuestras vidas. Chile es un caos.

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