Caso Convenios: Informes de Contraloría aumentan presión en tres gobiernos regionales

Casi 500 páginas suman la serie informes que publicó Contraloría sobre los principales hallazgos de los convenios firmados entre fundaciones y Gobiernos Regionales. Se trata de nueve investigaciones especiales que dan cuenta de irregularidades en la ejecución y control de los programas que llevan adelante distintas fundaciones a nivel regional.

En ese listado aparecen la ausencia de procedimientos formales para la selección de las organizaciones que reciben los recursos; falta de antecedentes que den cuenta de cómo se establecen los costos de proyectos; además de que no se entregan vale vista, pólizas de seguros o boletas de garantía que garanticen que los fondos serán usados para los fines que se acordaron, ni tampoco sus planes de trabajo.

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En algunos casos, los lapidarios informes de Contraloría llegaron a complicar aún más el rol de los gobernadores regionales. Particularmente, de aquellos que enfrentan procesos judiciales, como son los casos de el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz (indep.); el de La Araucanía, Luciano Rivas (Indep. Evópoli), y el de Los Lagos, Patricio Vallespín (ex DC).

Los vínculos que complican a Díaz

Imputado, querellante y testigo. Esas son las tres figuras que enfrenta el gobernador del Biobío en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por el caso Convenios, y por la que ha declarado en más de una ocasión y por largas jornadas.

La trama que involucra transferencias de dinero a distintas fundaciones ha complicado a Díaz, sobre todo porque una de las indagaciones de la Fiscalía apunta a la relación entre la autoridad regional y la representante legal de Red Cultivarte, una de las organizaciones no gubernamentales que se adjudicó recursos de la gobernación.

Y es que en 2022, el ente regional le traspasó $274 millones de manera directa a la ONG, que era presidida y representada por la exasesora comunicacional de Díaz en su periodo de campaña.

Esa es una de las aristas que, incluso, cuestionó la Contraloría en su informe final, donde detectó vulneración al principio de probidad. Así, el ente contralor estimó que “no resultó procedente” que el gobernador regional -en el marco de sus facultades para aprobar las transferencias directas en estudio- suscribiera el certificado que creaba una glosa presupuestaria que autorizaba el financiamiento a Red Cultivarte. “Le asistía el deber de abstención en razón del vínculo (profesional) existente”, se lee en el documento.

El mismo caso, según el informe de Contraloría, se replicó con el entonces jefe de la División de Desarrollo Social y Humano del Gore del Biobío, Simón Acuña, además de Carlos Careaga y Felipe Muñoz, quienes figuraban como miembros del directorio de la Fundación Educación Financiera (Fundef) y la Corporación Impulsa Biobío.

Ambas entidades recibieron recursos de parte del Gore del Biobío, por los mismos montos -$380 millones- y en fechas similares. El problema es que, además de las similitudes de los procesos de transferencias, Acuña habría coincidido con Muñoz y Careaga en el Instituto de Formación y Capacitación Popular (Infocap), cuando se desempeñó como director de esa institución.

Por tanto, la Contraloría estimó que el otrora funcionario regional no se abstuvo de intervenir en favor de las entidades postulantes -ya que firmó los certificados de pertinencia y priorización de ambas, obviando un eventual conflicto de interés-, por lo que habría vulnerado el principio de probidad administrativa.

Pero esa no fue la única arista cuestionada por la Contraloría. El organismo liderado por Bermúdez apuntó a una falta de análisis sobre las competencias de las fundaciones que se adjudicaban recursos.

Es el caso de Horizonte Ciudadano, fundación creada por la ex Presidenta Michelle Bachelet. La entidad postuló a un convenio pese a no tener inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII), según el informe de fiscalización.

Con la Fundación en Ti, que involucra a Camila Polizzi, ocurrió algo similar. Postuló a un proyecto el 11 de abril de 2022, y recién en noviembre de ese año había iniciado actividades.

Ante los cuestionamientos de Contraloría, el gobernador Díaz comentó a Mega Investiga que algunos requerimientos solicitados por el ente fiscalizador “ya están en curso”, y los que no “los vamos a acoger e implementar”.

De todas formas, reiteró que “mis manos están limpias, siempre lo han estado”.

Los hallazgos en La Araucanía: convenios inejecutables

El Gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas (Indep. Evópoli) es otro de los dirigentes que está en la mira de Fiscalía. Fue en julio de este año, cuando el fiscal regional, Roberto Garrido, confirmó que Rivas es investigado en calidad de imputado por el traspaso de más de $2 mil millones a la Fundación Local.

Y la situación del Gore de La Araucanía no mejoró tras revelarse el contundente informe de Contraloría, cuya auditoría detectó una serie de faltas y antecedentes que ya están en manos del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Una de las principales alertas fue el hallazgo de personas que eran contratadas por las fundaciones y que al mismo tiempo se desempeñaban en el Gobierno Regional. Es el caso de una funcionaria que trabajó en la División de Fomento del Gore, y que a semanas de dejar su cargo, fue contratada por la Fundación Local.

Dentro de sus funciones en el organismo regional, estaba la revisión de la admisibilidad de los programas y las rendiciones de la misma ONG que la contrató. Además, la exfuncionaria participó de la comisión técnica evaluadora de cuatro iniciativas asignadas por un monto total de $3 mil millones.

También se detectó que existían directivos de fundaciones que se desempeñan o desempeñaron en servicios públicos como el SII y Fiscalía. En ambos casos, Contraloría indicó que el Gobierno Regional “no dispone de mecanismo de control para advertir eventuales situaciones que pudieran derivar en conflictos de interés”.

En esa línea, la auditoría dejó en evidencia los problemas en el control y monitoreo de los convenios con fundaciones. Prueba de ello son las rendiciones que recibió el Gore por parte de la Fundación Alihuen, por un total de $325 millones, cuyos dineros no fueron revisados por la autoridad regional.

Aún más evidente son los problemas en convenios que fueron firmados, pero no se lograron ejecutar. Es el caso de la Fundación Local, con la cual se firmó un convenio por $3 mil millones, sin que se haya ejecutado. Desde el Gore explicaron que la fundación no ha enviado los datos de la cuenta bancaria para transferir los recursos.

Estos problemas también se dieron en los programas presentados por la Fundación Instituto Vladimir Nazor y Alihuen, con los cuales se firmaron contratos por casi $4 mil millones.

Ambas fundaciones presentaron proyectos relacionados a reducir la brecha digital en zonas rurales, sin embargo, se comprobó que en los lugares donde se ejecutaría el programa ya había operadores suficientes para acceder a internet. Por ello, las organizaciones tuvieron que reintegrar los recursos.

Mega Investiga intentó contactarse con el gobernador Rivas, pero desde el organismo comunicaron que la autoridad no estaba disponible, pues está con licencia médica.

Los Lagos: El irregular convenio con Kimün

Fue el 29 de junio cuando el contralor Bermúdez paralizó la toma de razón de todos los convenios entre reparticiones públicas y fundaciones. Esa ofensiva complicó principalmente a la Gobernación Regional de Los Lagos, porque de los 29 convenios que no cumplían con los estándares requeridos, 22 tenían origen en el organismo liderado por Vallespín.

Entre esos convenios, estaban los firmados por la Corporación Kimün, la Fundación Participa y la Corporación privada para la educación y el desarrollo local El Canelo.

Hoy, esas tres entidades vuelven a la mira de la Contraloría. En su último informe -publicado el jueves- sobre las transferencias efectuadas por el Gore de Los Lagos, el ente fiscalizador advirtió que el organismo liderado por Vallespín le transfirió recursos a las tres fundaciones, pese a no contar con la toma de razón -o control preventivo de legalidad- de la Contraloría.

En el caso de Kimün y Participa, la toma de razón se demoró, ya que ninguno de los convenios consignaban las metas ni los plazos para sus cumplimientos. Pese a eso, el Gore de Los Lagos le traspasó, en una sola cuota, $1.200 millones a cada una, para ejecutar programas de saneamientos de títulos de propiedad, lo que a juicio de la Contraloría “resulta improcedente”.

La situación es similar a la de la Corporación El Canelo. Si bien esta entidad recibió el pago del Gore de Los Lagos en dos cuotas distintas -una de $552 millones y otra de $184 millones-, en ninguna de las dos ocasiones la Contraloría había tomado razón.

Pero eso no fue lo único. La revisión del ente fiscalizador también advirtió que el 23 de diciembre de 2022 un abogado del Departamento Jurídico de la gobernación, previo a que se realizaran las transferencias y se declararan legales los convenios, envió un correo al jefe de la División de Presupuesto e Inversión Regional, con copia a la administradora regional, en el que daba el visto bueno para ejecutar los traspasos.

“Tal cual todos los actores saben, en los convenios se introdujo una cláusula que establece que sin perjuicio que tendrán vigencia desde la fecha de total tramitación de la resolución que los aprueba, las actividades del mismo podrán desarrollarse desde su suscripción. Eso significa que todo lo que debe hacerse en virtud del convenio, puede empezar a realizarse desde su fecha, entre otras, los pagos respectivos”, dice el correo, que fue incluido en la auditoría de Contraloría.

Sin embargo, el organismo liderado por Bermúdez precisó que lo descrito por el funcionario “no se ajustó a derecho”, porque se señala de forma expresa en la normativa que antes de transferir recursos se debe contar con la respectiva toma de razón.

Mega Investiga solicitó una versión oficial al organismo liderado por el gobernador Patricio Vallespín sobre las conclusiones de Contraloría, que fueron además enviadas al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Pero, desde el Gore de Los Lagos optaron por no responder, argumentando que se encuentran en un proceso de revisión de los antecedentes.