La causa VIF que complica en la Fiscalía Oriente: Dos sumarios y un fiscal acusado de violencia

Se trata del fiscal Pablo Antúnez Molina, de la Unidad de Robos Violentos de la Fiscalía Oriente, quien se encuentra suspendido de su cargo, tras ser denunciado por su cónyuge, abogada asesora de la misma Fiscalía, por los delitos de maltrato habitual, lesiones menos graves y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar.

Por medio de una querella, presentada el 14 de marzo pasado, la víctima reveló un historial de maltratos desde el 2021 hasta comienzos de este año, que terminaron con un confuso procedimiento policial, que involucró al fiscal de flagrancia Anatole Larrabeiti, quien decidió no pasar a control de detención a su compañero de trabajo, pese al caso de VIF de ese momento.

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Hace un año, Antúnez con su pareja habían decidido poner término a su matrimonio de casi veinte años. Los supuestos problemas de alcoholismo por parte del fiscal y los reiterados actos de violencia fueron parte de las causas de la separación, de acuerdo a información que se ha expuesto en audiencias en el Centro de Justicia.

 

 

Estos antecedentes también aparecen en la acción judicial, donde se relatan distintos episodios, como una pelea en la casa de amigos y la reiterada revisión de la cuenta de correo electrónico privada de la víctima, además de seguimiento y hostigamiento a su círculo cercano.

El último hecho ocurrió el 18 de enero pasado cuando tuvieron una fuerte discusión en el departamento de Antúnez. Según la denunciante, la encerró en el interior y luego le advirtió que él se quitaría la vida por todos los episodios vividos.

Tras forcejear, comenzó a pedir ayuda, logró abrir la puerta y salir al pasillo. Ahí, el fiscal especializado en robos la habría empujado contra la pared, provocando un golpe y una caída. La víctima, según su denuncia, pensó en el peor escenario.

La “protección” de otro fiscal

Según el escrito, luego de lo ocurrido, llegó un guardia municipal y personal de Carabineros, que llevaron a la víctima a un Cesfam a constatar lesiones y hacer la denuncia, mientras que Antúnez fue trasladado a una comisaría.

El fiscal de flagrancia de turno, Anatole Larrabeiti, tomó el procedimiento, pero al contrario de lo que pensó la víctima, no habría informó a su jefatura sobre lo que estaba ocurriendo y desechó pasarlo a control de detención para que fuera formalizado. De acuerdo con información que obtuvo Mega Investiga, Larrabeiti sólo lo dejó apercibido. Es decir, fijar domicilio para un eventual nuevo requerimiento.

El escándalo provocó un remezón en la Fiscalía Oriente, debido a que los dos persecutores y la víctima tienen una larga carrera en la institución, con varios amigos en común.

En vista a los graves antecedentes, la fiscal regional Lorena Parra ordenó un sumario interno para los dos fiscales. En el caso de Antúnez, el mismo 18 de enero se resolvió suspenderlo del cargo. Así, una vez terminada la indagatoria, Parra propuso su remoción del cargo, lo que ahora debe ser resuelto por el fiscal nacional Ángel Valencia.

Mientras, que en el caso de Larrabeiti, el sumario determinó aplicarle una censura por escrito, por no cumplir los protocolos de VIF en flagrancia, por lo que no recibirá el pago de un bono por cumplimiento de metas.

El caso penal, en tanto, quedó en manos del fiscal regional Occidente, José Luis Pérez Calaf, quien también optó por no formalizar al fiscal Antúnez, pese a todos los antecedentes. Incluso, en agosto pidió no perseverar en la causa.

A pesar de ello, la abogada querellante Marta Poblete solicitó reabrir esta investigación, lo que fue abordado el lunes 25 de septiembre pasado. En esa audiencia, el tribunal accedió a mantener vigente la indagatoria y a realizar nuevas diligencias.

Mega Investiga estuvo presente ese día y pidió una declaración a la fiscal Paola Zárate, que tomó la causa hace unas semanas. Pero se excusó. “En esta audiencia se decretó un tipo de reserva y no puedo entregar información de una investigación que todavía no está formalizada, no puedo entregar antecedentes”, comentó.

Por su parte, la abogada Silvia Olivares, que representa al suspendido fiscal Pablo Antúnez, sostuvo que este asunto es de carácter privado que lamentablemente obedece a la desavenencia privada entre cónyuges.

“Nosotros tenemos una versión de los hechos que descarta una conducta delictual. Es un fiscal intachable y jamás ha tenido reclamos en 20 años de carrera”, aseguró Olivares, quien pidió una audiencia nueva para abordar el sobreseimiento del fiscal Antúnez, la que quedó fijada para noviembre próximo.