Superintendenta de Casinos sobre casas de apuestas online: "Algunas son derechamente estafas"

¿Qué pasó?

La superintendenta de Casinos de Juego, Vivien Villagrán, abordó el fallo de la Corte Suprema que mandató bloquear el acceso a 23 sitios web de casas de apuestas tras acoger un recurso de protección de la Polla Chilena de Beneficencia.

En detalle, el máximo tribunal indicó que las plataformas "realizan actividades de juego de azar dentro de las fronteras de Chile sin autorización legal o de alguna autoridad fiscal nacional, por lo que son ilegales de acuerdo con la normativa nacional".

Ir a la siguiente nota

¿Qué dijo la superintendenta?

Villagrán explicó en entrevista con Radio Concierto este jueves que "todas las instituciones públicas tenemos la obligación de cumplir con el Estado de Derecho y sus leyes. En Chile hay una definición básica de que las actividades de juegos de azar y relacionadas con ello pueden ser lícitas siempre y cuando sean reguladas".

"Cuando hay una actividad económica que puede tener externalidades negativas, es el Estado el que las regula para poder controlar y resguardar que tengan un origen lícito y que, para cualquier situación o controversia, tengan la posibilidad de proteger sus derechos de manera adecuada", agregó.

En la misma línea, la superintendenta mencionó que "a veces se confunden dos cosas que podrían parecer lógicas. Una cosa es la ilegalidad de algo y si está regulado o no y otra cosa es la tipificación del delito".

"Hay una larga data en la que la ilicitud de esto ya está declarada. El Código Penal establece multas para quienes realicen estas actividades sin regulación. Adicionalmente, la ley 1.995 señala claramente que es el Estado a quien le corresponde determinar los términos bajos los cuales se desarrollan los juegos de azar", puntualizó.

La autoridad sostuvo que "a veces es fácil hacer un discurso de que como no está tipificado el delito no es ilegal, pero en la práctica no es así. Son ilegales, a menos que cuenten con una ley expresa que los regule".

"La diferencia entre el derecho público y el derecho privado es que en el derecho público las instituciones solo pueden hacer aquello que la ley los mandata. La Superintendencia ha presentado más de 40 denuncias al Ministerio Público", añadió.

"Algunas son derechamente estafas"

A propósito del llamado "Supremazo" contra la veintena de sitios web de juego, expuso que "hay una actividad que no paga impuestos y eso genera una competencia desleal. Nosotros hemos constatado que hay un problema y que muchas veces no se dimensiona. Cuando una actividad genera esta cantidad de recursos, se vuelve muy poderosa".

"Hemos hecho algunas estimaciones, pero es tal el nivel de dispersión de las casas, con algunas que son derechamente estafas, que es difícil hacer la trazabilidad. Un segundo tipo de casa de apuestas operan cambiando constantemente de nombre. En general hay una estrategia que hemos observado en otros países", dijo sobre las ganancias.

 

 

Asimismo, la superintendenta destacó que "cuando se regula, logramos canalizar aproximadamente el 85% de la demanda, es decir, que operen en el marco de la ley. Hay un 15% de juego ilegal que sigue operando y que tenemos que combatir".

"Para hacerlo, nosotros generamos listas negras, consolidando en una base de datos los países que tienen esto regulado y que prohíben a las casas de apuestas funcionar en países donde no esté regulado. También está el botar las páginas, pero una vez que caen siempre vuelven. El problema son los clientes", sumó.

Oficios para la ANFP sobre apuestas online

Consultada por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), considerando que una casa de apuestas online es uno de los principales auspiciadores del torneo, aseveró que "tenemos que impedir que gente que pueda tener incidencia directa en los resultados o en las acciones de cualquier actividad deportiva puedan participar de cualquier forma. Esto termina dañando el desarrollo de la actividad deportiva en sí misma".

Villagrán señaló que "nosotros generamos oficios para la ANFP señalando que la actividad era de carácter ilegal", sin embargo, para que esta sea cómplice "habría que demostrar el conocimiento de todas las partes sobre la ilegalidad en que estaban concurriendo".