Robo en Ministerio de Desarrollo Social: PDI llegó con orden judicial y desde el organismo emitieron respuesta

¿Qué pasó?

Durante la noche del viernes, la Policía de Investigaciones (PDI) regresó al Ministerio de Desarrollo Social con una orden judicial para realizar copias de los servidores y asegurar la evidencia relacionada con el caso Convenios, esto luego del robo de 23 computadores y una caja de seguridad el lugar.

Según informó Emol, anteriormente la policía había acudido al edificio ministerial, apelando a la voluntariedad para materializar esta y otras diligencias, pero no se logró hacer la copia de los servidores, debido a que se les habría señalado que para esta acción se requería autorización y coordinación de las jefaturas de la repartición.

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PDI consiguió la orden judicial

La PDI volvió al lugar con una orden judicial. La instrucción la dio el fiscal de Alta Complejidad de La Araucanía, Carlos Cornejo, quien dirige las pesquisas por una investigación por eventual fraude al Fisco y otros posibles delitos, relacionada con el traspaso de recursos desde organismos públicos —como seremis, gobiernos regionales y la Conadi, dependiente de Desarrollo Social— a fundaciones.

Además, existe otra causa abierta por fondos entregados por Desarrollo Social a la fundación Creceres. En esta indagación, también se allanaron dependencias en la comuna de Angol, donde se encuentra la vivienda de la delegada presidencial de Malleco, Andrea Parra (PPD).

En medio de la investigación, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, ha asegurado que toda la información relacionada con los convenios está respaldada y que los resultados de la investigación interna se entregarán al Ministerio Público.

Adicionalmente, existe un tercer proceso en curso en la región, sin relación con el atraco, vinculado con el traspaso de recursos desde el Gore de la Araucanía a la Fundación Loca.

La respuesta del Ministerio de Desarrollo Social

A través de un comunicado, Desarrollo Social señaló que "ha mostrado total disposición a entregar toda la información y antecedentes requeridos, y que se ha convenido con el fiscal a cargo que, por aspectos técnicos (envergadura y complejidad) y de oportunidad en la entrega, se pudiera precisar por dónde partir la entrega de la información".

"Así se ha realizado en diversas instancias, y últimamente con información requerida vinculada a investigaciones sobre convenios con fundaciones u otros organismos colaboradores", se agregó.

El organismo también aclaró que "tiene, por mandato legal, el resguardo de datos de millones de chilenos y chilenas, almacenados en bancos de información protegidos y servidores e instalaciones con protecciones físicas y lógicas para impedir el acceso indebido de personas no autorizadas".

Por lo tanto, tales datos "no se encuentran en notebooks y computadores personales de los funcionarios", se concluyó.

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