Giorgio Jackson rompe el silencio por escándalo con Fundación Democracia Viva: "Es inaceptable"

El ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, se refirió por primera vez a la polémica que involucra a la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta y a la Fundación Democracia Viva, luego de adjudicarse más de $426 millones.

La ONG liderada por Daniel Andrade (RD), pareja de la diputada Catalina Pérez (RD), ha sido cuestionada tras obtener la asignación de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales desde la Seremi, encabezada hasta hace poco por el también militante de Revolución Democrática (RD) Carlos Contreras.

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En vista de lo anterior, la Contraloría General de la República comenzó a recabar antecedentes del caso por presuntas irregularidades, mientras que el fiscal de Antofagasta, Cristián Aguilar, mandató a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) a indagar posibles tráfico de influencias, fraude al fisco y malversación de caudales públicos.

Este viernes, Jackson lamentó la situación y aseguró que "más allá de los resultados de la legalidad respecto a estos hechos, es evidente para quienes hemos estado durante tanto tiempo tratando de empujar por estándares más altos en materia de probidad y transparencia, esta es una situación doblemente grave", a propósito de que fue él quien sentó las primeras bases de Revolución Democrática (RD).

"Por lo tanto, a nivel partidario se deben tomar medidas ejemplares. En ese sentido, ya están en el Tribunal Supremo ambas personas involucradas en el caso, están con una suspensión temporal mientras dura el procedimiento y el Consejo supremo ha solicitado la expulsión de ambos militantes", sumó.

El secretario de Estado sostuvo que "esta situación que se ha denunciado es inaceptable. En estos momentos está siendo investigada por Fiscalía y requiere que tanto el Gobierno como todos los sectores responsables colaboren para que salga una investigación que permita detectar todo tipo de irregularidades, ilegalidades y que sancione a quien deba sancionar sin importar quién sea y qué color político tenga".

En la misma línea, defendió las gestiones del titular del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, y de la subsecretaria de la cartera, Tatiana Rojas, y señaló que "tanto el ministro como la subsecretaria activaron todos los protocolos".