Más de cuatro veces Chillán: esa es la superficie que el Estado ha restituido a comunidades Mapuche en casi 30 años

Desde abril de este año, el Gobierno ha comprado terrenos para ocho comunidades Mapuche que llevaban entre seis y 25 años esperando ser beneficiarias del programa de restitución de tierras indígenas.

Y es que hace casi 30 años se creó el Fondo de Tierras y Aguas que permitió que en 1994 comenzaran las compras de terrenos para restituir tierras a comunidades indígenas que pudieran acreditar que las perdieron durante la ocupación de la Araucanía en el siglo 19 (art. 20b de la Ley Indígena)

Desde entonces, cada año el Estado invierte en la compra de terrenos para comunidades que pasan por un largo proceso de postulación. Y no son pocas. Consultada por Mega Investiga, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) afirmó que actualmente hay unas 700 comunidades que han entregado toda la documentación necesaria para acceder el fondo de restitución de tierras y se encuentran esperando recibir el beneficio. Algunas de ellas han esperado por décadas.

En total, por concepto de restitución de tierras, el Estado ha gastado cerca de $510.524 millones y el 90% de ese monto se ha utilizado en compras de terrenos en La Araucanía y Biobío. Este año, el Gobierno ya compró todas las tierras que entregará, aseguran en Conadi. Algo que califican de inédito, ya que habrían cumplido con el 100% del presupuesto asignado para estas compras en 2022, un monto que pasó de $15 mil millones disponibles a principios de año, a $35 mil millones en mayo, luego de que el Presidente Boric anunciara que duplicaría los fondos disponibles para ello.

215 mil hectáreas entregadas en 28 años

En Chile hay 5 mil comunidades indígenas registradas en la Conadi y el 87% está ubicado en la Macrozona Sur: Malleco, Cautín, Arauco y Biobío. Estas mismas provincias han estado marcadas los últimos años por hechos violentos perpetrados por grupos como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) y Weichan Auka Mapu (WAM), quienes exigen la restitución de tierras ancestrales.

Mega Investiga analizó los datos de compra de terrenos para comunidades indígenas de los últimos 28 años por concepto de restitución de tierras. La información proviene de un informe del Consejo para la Transparencia que sistematizó los datos de la corporación.

Los terrenos suman 215 mil hectáreas compradas entre 1994 y junio de este año. De estas, el 99,5% fue destinada a comunidades Mapuche a lo largo del país, lo que equivale a más de cuatro veces el territorio de la ciudad de Chillán.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, afirma que el organismo promueve el acceso a este tipo de información: "queremos que la gente pueda, a partir de ella, contribuir a elaborar políticas públicas y a tomar medidas que realmente sean un aporte y mejoren la situación del país", explica.

Para Leturia, esta información "es clave para que las diversas autoridades puedan implementar soluciones que funcionen y a su vez corregir las que no lo hacen".

Las regiones de La Araucanía y Biobío concentran casi el 90% de las compras totales de hectáreas para comunidades indígenas, con una inversión de la Conadi de cerca de $458 mil millones.

Las mayores compras se concretaron en una de las provincias con más atentados incendiarios y armados de los últimos años: Cautín. Allí también, están registradas 2.030 comunidades indígenas, casi la mitad de todas las inscritas del país.

 

Lupa a las comunidades Mapuche

Las tres comunidades con mayor superficie de tierras restituidas, esperaron, en promedio, más de una década desde que postularon al beneficio. Todas son Mapuche y se encuentran en las regiones de Los Lagos y Biobío: la comunidad Catrihuala, en Río Negro (con 13.231 hectáreas restituidas), la comunidad Coihuin de Compu, en Quellón (con 10.487 hectáreas restituidas), y la comunidad Cauñicú, en Alto Biobío (con 8.124 hectáreas restituidas). Coinciden en que han participado en proyectos gubernamentales que van desde la reforestación de bosques nativos, a la promoción de la pesca artesanal o la apicultura.

No todas las comunidades reciben la misma cantidad de superficie: los datos muestran que varían entre una y 13.200 hectáreas. La comunidad Mateo Ñirripil en Lautaro, por ejemplo, a la que pertenece Luis Penchuleo, el director actual de la Conadi, recibió en los años 2011 y 2015 un total de 751 hectáreas que le costaron al Estado más de $3.500 millones.

La comunidad autónoma mapuche Temucuicui, en cambio, recibió un total de 242,84 hectáreas el año 2014 y no registra nuevas tierras entregadas por Conadi desde entonces. Para ese proceso de restitución, el Estado invirtió $945 millones. Cabe señalar que en aquel año no se registraban mayores acciones violentas en el lugar y, de hecho, los censistas pudieron ingresar sin problemas a realizar la encuesta nacional, algo que ya no fue posible en 2017, cuando se repitió el Censo.

El precio pagado por hectárea también varía ampliamente. En Cautín, por ejemplo, el análisis del Consejo para la Transparencia mostró que por “cerca de 1.300 hectáreas se puede pagar, aproximadamente, entre $5 mil y $11.100 millones”.

 

¿Quiénes pueden solicitar una restitución de las tierras?

Para poder optar al fondo de restitución de tierras por medio de la Conadi (art20b de la Ley Indígena), se debe cumplir con una serie de condiciones. No pueden optar personas solas, deben formar parte de una comunidad índigena con personalidad jurídica acreditada. Para constituir una comunidad se necesitan diez socios que provengan de un mismo tronco familiar y poblado antiguo, una jefatura tradicional y tierras en común.

Para iniciar una solicitud, se debe entregar a la Conadi documentos que demuestren la vinculación y significación cultural que las tierras tienen para la comunidad, además de una copia del acta de una asamblea donde esta exponga su intención por postular al proceso, un relato histórico de la pérdida de las tierras, y otros antecedentes como Títulos de Merced o fallos de tribunales que apoyen su solicitud.

Cuando la comunidad identifica qué predio quiere restituir, en la Conadi evalúan si éste está saneado o no. Es decir, que no esté tomado ni colinde o tenga superposiciones de tierras con otros territorios indígenas o áreas protegidas por el Estado; que posea los títulos de dominio del bien vigentes, y que no esté reclamado por otra comunidad.

La demora del proceso depende del análisis de los documentos y de los antecedentes necesarios que se deban aportar. Además, Conadi asegura que actualmente se prioriza a comunidades que solicitan su primera compra. La negociación con el propietario del predio ocurre solo cuando Conadi ya ha dado el visto bueno. Luego, Contraloría toma razón de la compra y, finalmente, se concreta la restitución de las tierras.