38% de deudores del CAE recibe ingresos menores a $250 mil según informe del Mineduc

¿Qué pasó?

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa, presentaron este martes el primer informe de caracterización socioeconómica de las y los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Desarrollados con datos de la Comisión Ingresa y el Servicio de Impuestos Internos (SII) en base a la Operación Renta 2021, las autoridades destacaron que el documento funcionará como herramientas frente a proyectos de ley en la materia, como la condonación de deudores que forma parte del programa de Gobierno o el sistema que reemplazará al CAE.

38% recibe ingresos menores a $250 mil

De acuerdo al informe, actualmente hay 1.110.000 personas que adquirieron el crédito, de las cuales el 27% está estudiando, el 57% ya egresó y el 16% no ha terminado su carrera. Respecto a las instituciones, un 41% ha sido para financiar carreras universitarias y un 33% para institutos.

Además, un 81% de los deudores gana menos de $1.000.000 mensuales y un 69% menos de $750.000. En tanto, un 38% recibe ingresos menores a $250.000.

57% de los deudores son mujeres

De los deudores que obtuvieron su CAE al momento de pertenecer al quintil de mayores ingresos, el 59% se concentra en los tramos inferiores a $750.000, mientras que el 14% de estas personas que pertenecían a estos quintiles ganan por sobre $1.500.000.

En materia de género, el 57% de los deudores corresponde a mujeres y el 43% a hombres. El 72% de las deudoras ganan menos de $750.000, mientras que el 66% de los hombres recibe ese sueldo. En la misma línea, el 61% de quienes reciben ingresos menores a $250 mil son mujeres.

Además, un 92% de las mujeres adeudadas con el CAE que no terminaron sus estudios gana menos de $750.000, mientras que en el caso de los hombres llega a 84%.

Aumento de la morosidad

La subsecretaria Figueroa advirtió que la morosidad "ha crecido de manera persistente desde el 2015. Es decir, no son cifras nuevas, sino que han crecido un 48% hasta 2021".

Luego, apuntó a que el CAE "ha sido sujeto de prácticas y mecanismos de cobranza que han sido abusivos y no han permitido generar una holgura o un camino para que los deudores puedan terminar su condición de morosidad".

Utilidad del informe

Tras presentar las cifras, Figueroa explicó que el informe cobra importancia al contener información cruzada que permite "caracterizar de mejor manera, no solamente los niveles de ingreso, sino también las posibilidades de pagar respecto de la deuda".

Ello "entendiendo que las personas que tienen CAE provienen de quintiles que se convierten no solamente en una pesada mochila para pagar el CAE, sino que deben hacerse cargo de situaciones familiares, del cuidado de otras familias, que en gran medida representan primeras generaciones en la universidad".

"La información que nos entrega el SII es la más certera, la más confiable, sabemos que el SII ha sido reconocido por eso, es la primera vez que en el diseño y análisis del CAE se cruza información de impuestos internos", resaltó.

Por su parte, el ministro Ávila destacó que el informe refleja que la mayoría de los deudores "no son personas millonarias, como se ha querido instalar muchas veces".

Proyecto de condonación

De esta manera, afirmó que "van a incorporarse variables de este tipo" en el proyecto de condonación, el cual remarcó que "no es un perdonazo, es un ejercicio de justicia y reparación, es el marco que tiene y que va a ser presentado el 2023".

Además, el titular del Mineduc adelantó que "en los próximos meses vamos a tener otros informes que van a ir complementando esta información, que va a transcurrir en paralelo con el ejercicio prelegislativo".

Asimismo, explicó que el sistema que reemplazaría al CAE debe ir ligado a la propuesta de condonación y
que se ingresará mediante varias iniciativas o mediante una con varias etapas.

Finalmente, Figueroa indicó que "estamos trabajando en un modelo que tiene al menos cuatro patas", apuntando a la condonación, el diseño de un sistema transitorio, el financiamiento del estado y la gratuidad.

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