Pensión Garantizada Universal: Consejo Fiscal Autónomo sugiere al Gobierno buscar nuevas fórmulas de financiamiento

¿Qué pasó?

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) recomendó este jueves al Gobierno buscar nuevas fuentes de financiamiento para la Pensión Garantizada Universal (PGU) a través de un informe enviado al Congreso para analizar esta iniciativa.

Este documento fue realizado tras una solicitud de miembros de las comisiones de Hacienda de ambas Cámaras, en medio del debate de esta propuesta del Ejecutivo que busca otorgar hasta $185 mil a todas las personas mayores de 65 años pertenecientes al 90% más vulnerable de la población.

En el informe, además, el CFA entregó una serie de recomendaciones para hacer viable financieramente este proyecto.

El análisis del CFA

Para su análisis, el CFA revisó las tres fuentes complementarias de financiamiento planteadas por el Gobierno: reducción y eliminación de exenciones tributarias, provisión para mayores gastos previsionales y reducción del aporte obligatorio que anualmente debe efectuarse al Fondo de Reserva de Pensiones.

Según el organismo, "si bien el Ministerio de Hacienda indica que en régimen el mayor gasto fiscal con las indicaciones se ubicaría en aproximadamente 0,95% del PIB, las cifras hacia 2050 no muestran una estabilización completa del mayor gasto, ya que para dicho año este aún se encuentra en ascenso".

En el documento se establece que "si bien el CFA valora que la Dipres realice proyecciones a cerca de 30 años (2050), tratándose de materias previsionales se sugiere, en línea con recomendaciones internacionales, que dicho ejercicio considere un horizonte aún mayor (por ejemplo, de al menos 50 años), de forma tal de apreciar en plenitud el efecto de la transición demográfica en el sistema".

Exenciones tributarias

Debido a esto, la entidad presidida por Jorge Desormeaux recomendó que el proyecto de financiamiento vía exenciones tributarias se despache antes o al mismo tiempo que la entrada en vigencia de la Pensión Garantizada Universal, medida que el Gobierno ingresó al Congreso en otro proyecto.

"Por esto, el CFA sugiere buscar fórmulas legislativas para que la implementación de los cambios tributarios que genera esta fuente de financiamiento sea anterior o que, al menos, coincida con la entrada en vigencia de la PGU", dice el documento.

"Lo prudente es asegurar ingresos permanentes por un valor al menos equivalente a 0,95% del PIB anual en régimen para financiar de manera sostenible la PGU", remarcó el organismo.

Mayores gastos previsionales

En cuanto a la provisión de los mayores gastos previsionales incluidos en la Ley de Presupuestos 2022 y en la programación financiera (2023-2026), el CFA sostiene que su uso para la Pensión Garantizada Universal no significaría conceptualmente un deterioro para el balance estructural, al menos respecto de lo ya proyectado hasta 2026.

"En un principio, no afectaría la deuda bruta ni neta del Gobierno", plantea el Consejo, aunque identificó "una serie de precauciones y limitaciones respecto de esta fuente de financiamiento y plantea que un análisis de sostenibilidad de largo plazo no debiera basarse en una programación financiera de mediano plazo, menos aún en un contexto de déficit estructural".

"De esta forma, se identifican desafíos y riesgos para la consolidación fiscal si se considera esta provisión como financiamiento permanente", remarcó la entidad.

Fondo de Reserva de Pensiones

Sobre la disminución del aporte mínimo obligatorio que debe realizarse anualmente al Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), que pasaría de 0,2% a 0,1% del PIB, el CFA dijo que "implica una menor acumulación de ahorro para el financiamiento de los gastos previsionales futuros, para destinarla a gasto corriente en pensiones".

"En cuanto a los efectos en las variables fiscales del gasto en PGU financiado con el menor aporte al FRP, ello implicaría un mayor déficit estructural anual de 0,1% del PIB, por cuanto no existe una contraparte de mayores ingresos permanentes asociados", añadió.

Finalmente, el CFA sostiene que "es indispensable que se cuente con un estudio actuarial actualizado que permita evaluar la sustentabilidad del Fondo de Reserva de Pensiones para el cumplimiento de su función legal de complementar el financiamiento de las obligaciones fiscales en materia previsional".

¿Qué es el Consejo Fiscal Autónomo?

El Consejo Fiscal Autónomo es de carácter técnico y consultivo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda y está bajo la fiscalización de la Contraloría General de la República.

Está integrado por cinco miembros, previo acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto.

Sus miembros son expertos de reconocido prestigio profesional y académico en materias fiscales y presupuestarias. Permanecen cinco años en sus cargos, y pueden ser reelegidos solo por un nuevo período consecutivo y son renovados por parcialidades, uno por año.

El Presidente del Consejo es designado por el Presidente de la República de entre los miembros del Consejo, con una duración de tres años en el cargo o el tiempo menor que le reste como consejero, y puede ser designado para nuevos períodos.

De acuerdo a lo establecido en la Ley, el Consejo tiene por objeto contribuir al manejo responsable de la política fiscal del Gobierno.  

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