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Exasesora de un senador ofrecía falso negocio y ahora deberá pagar millonaria indemnización a víctimas

  • Por Meganoticias

¿Qué pasó?

Una mujer fue condenada a la pena de cuatro años de presidio más el pago de una multa de 11 UTM (cerca de 596 mil pesos), por el delito reiterado de estafa cometido contra tres víctimas en el año 2017 en la comuna de Padre las Casas, mientras se desempeñaba como asesora de un senador.

Pago de millonaria indemnización

En un fallo unánime, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal además ordenó pagar a las víctimas una indemnización que en total suma $22.600.000 por concepto de daño emergente y daño moral.

Hechos acreditados

Según el tribunal, la condenada, identificada como Magaly Coronado, en su calidad de asesora directa del entonces senador Eugenio Tuma, estafó a tres personas.

En la audiencia se acreditó que, "más allá de toda duda razonable, el primer semestre de 2017 una de las víctimas recibió una propuesta de negocio de parte de la acusada quien le ofreció gestionar un proyecto financiado por INDAP, por la suma de $18 millones, monto que, durante la supuesta tramitación, aumentó a $36 millones".

Debido a lo anterior, la víctima debía entregarle un adelanto a lo cual accedió y le pasó a la acusada $5.400.000.

Durante el mismo periodo, una segunda víctima también recibió una propuesta de negocio por parte de la imputada, quien le entregó en diversas parcialidades la suma de $9.000.000, con el objeto de comprar una máquina cosechadora a través de un subsidio estatal.

Mientras que una tercera víctima, recibió una propuesta por parte de la acusada para ayudarla a ingresar a una universidad, para lo cual le entregó $720.000 supuestamente para pagar el arancel y $480.000 para la matrícula.

Proyectos y contactos de la acusada nunca existieron

Según se pudo establecer, los supuestos proyectos y contactos de Coronado nunca existieron.

Cabe señalar, que la pena de presidio fue sustituida por la de libertad vigilada intensiva por un periodo de cuatro años.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

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