Senado revisa la acusación constitucional contra el Presidente Piñera

Tras la pausa, los senadores procederán a argumentar, hasta por 15 minutos, sus consideraciones respecto a la acusación constitucional, para finalmente emitir su voto. 

Durante la dúplica el abogado del Presidente Sebastián Piñera, Jorge Gálvez, manifestó que 'no puede sino sorprender una ostensible contradicción', en la acusación constitucional. 

Lo anterior, sostuvo, 'porque se acusa al Presidente de la República de intervenir en el proceso de calificación medioambiental, en circunstancias que no hay ningún antecedente al respecto, cuando al contrario, en el procedimiento de calificación medioambiental del proyecto Dominga, en la administración anterior, existieron públicas recriminaciones por parte de miembros de la coalición política de Gobierno, respecto de la intervención de ministros en el pronunciamiento de la Coeva'.

'Se imputa como ilícito constitucional a este Presidente de un hecho que no hay ningún antecedente que lo acredite, en circunstancias que ese hecho fue públicamente realizado por parte de la anterior administración, al punto que generó la renuncia del director del Servicio de Evaluación Ambiental', agregó.

El abogado Jorge Gálvez señaló que 'no estamos en presencia de una omisión, primero, porque para que exista debe existir un deber. Una omisión no es sinónimo de todo lo que una persona no hace, una omisión necesita una determinada obligación específica que una autoridad está llamada a cumplir y que no puede eludir su cumplimiento'.

'En el caso no existe una obligación para el Presidente en términos de crear una zona (protegida), es algo deseable, sí. ¿Está obligado a hacerlo al punto que de no hacerlo esto constituye una infracción constitucional? Desde luego que no', agregó. 

El abogado Jorge Gálvez, durante la dúplica, respondió específicamente a la diputada Gael Yeomans, señalando que esta 'ha dicho que no he negado los hechos, señora presidenta, he sido particularmente enfático en señalar en innumerable cantidad de veces que son hechos inefectivos y los he calificado de falsos'.

'De qué manera más categórica puedo afirmar que la presente acusación constitucional se basa en hechos falsos, a través de los cuales se le atribuye intervención al Presidente Piñera en la calificación medioambiental de Dominga, cuando no la ha tenido, eso es un hecho falso', agregó.

Finalmente, expresó que 'los hechos relevantes a efectos de la presente acusación constitucional son falsos y por si no le quedó claro a alguien en esta sala, me permito decir que así lo son, porque no solo no hay prueba alguna que se haya ofrecido respecto de aquello, no hay testimonio, un mail, un llamado, un testigo, nada, sino que además hay contundente evidencia en el sentido contrario'.

El abogado del Presidente Sebastián Piñera, Jorge Gálvez, inició su última intervención para cerrar la defensa del Mandatario. Tiene la palabra por 45 minutos. 

La diputada Gael Yeomans, durante la réplica, manifestó que 'no existe norma alguna que disponga un plazo de prescripción de la responsabilidad constitucional, la Carta Fundamental lo que consagra en su artículo 59, número 2, letra a, es un plazo de preclusión para formular la acusación constitucional, la que solo se puede interponer mientras esté en funciones el Mandatario en los seis meses siguientes a su expiración en el cargo'. 

'En suma, el Presidente de la República, sí puede ser acusado constitucionalmente, por hechos que acontecieron en su primer mandato, por no haber limitación temporal para la efectivización de la responsabilidad constitucional', agregó la parlamentaria.

En su turno durante la réplica, el diputado Gabriel Silber, señaló que 'cuando se viola la buena fe y, en definitiva, se ocultan estos actos es que nadie en esta sala está en condiciones de saber cuántas operaciones similares en otras islas, en otros paraísos fiscales, ha llevado adelante el señor Piñera y su familia'. 

Tras la presentación del abogado Jorge Gálvez, los diputados acusadores comenzaron la réplica. El tiempo se distribuirá por cinco minutos cada uno. 

El diputado Leonardo Soto señaló que 'el abogado de la defensa ha dicho que yo he sostenido que no se requiere ninguna prueba para condenar a alguien en la acusación constitucional'.

'Bueno, les leo lo que dijo su cliente el año 90', dijo, siendo senador y votando una acusación constitucional: 'no somos un tribunal letrado que debe actuar en base a prueba regulada, pero sí somos un tribunal que debe actuar en conciencia formándonos cada uno en una convicción íntima'. Eso lo dijo su cliente, así que yo le recomendaría que si no está de acuerdo con lo que yo digo, por lo menos póngase de acuerdo con su cliente', agregó.

El abogado del Presidente Sebastián Piñera, Jorge Gálvez, señaló que 'se improvisa una Acusación Constitucional con el ánimo manifiesto y declarado, transparentado en intervenciones y en declaraciones en la prensa, de situar su discusión previo a la campaña electoral'.

Durante su intervención, el abogado defensor, Jorge Gálvez señaló que 'la afirmación de que existen fideicomisos ciegos voluntarios que son ilegales o tuertos, no es efectiva, porque se trataba de mandatos sin información al mandante, que fueron corregidos en la parte que eran demasiado abusivos respecto del Presidente de la República'.

El abogado defensor del presidente Sebastián Piñera, Jorge Gálvez, cuestionó la acusación constitucional en su contra, asegurando que en ella existe una crítica personal al mandatario.

'Ni siquiera se plantea una crítica a la gestión del presidente de la república, que cada uno es libre de valorar como mejor la parezca', señaló.

'Lo que se plantea es una valoración, o desvaloración, de la trayectoria personal del presidente. La acusación constitucional gasta 40 página rememorando hechos de 4 décadas atrás, invitando al juzgador a establecer una crítica personal, a la persona y a la trayectora. Por lo demás, bastante injusta, porque no reconoce ni en el plano empresarial ni político', agregó el abogado. 

Tras la exposición de los tres diputados acusadores, la presidenta del Senado, Ximena Rincón, le cedió la palabra al abogado de la defensa del presidente Sebastián Piñera, Jorge Gálvez.

'Ha sido la familia del presidente Piñera la que ha vendido el proyecto Dominga', comenzó señalando, para luego entregar algunos detalles del origen del proyecto Dominga.

El diputado DC Gabriel Silber durante su exposición, emplazó al Senado sobre la decisión que tomarán en cuanto a la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. 

'Señora presidenta, señalar que la historia no solamente hoy está juzgando al presidente Piñera, la historia también está juzgando a este parlamento y a este Senado, porque la patria lo demana y lo está observando para que estén a la altura de esta responsabilidad histórica'

Los diputados acusadores continúan exponiendo en la sala del Senado. En esta oportunidad, le corresponde al parlamentario DC Gabriel Silber. 

'El camino correcto es decirle al país, a su pasado republicano, a su pasado democrático, a nuestros hijos, es que en Chile no vamos a permitir estos actos. No vamos a dar pábulo a la impunidad', señaló.

'Las autoridades están al servicio del bien común. El ejercicio del poder no está al servicio personal de las autoridades, no están para beneficiar a sus familias ni menos a sus amigos', agregó el diputado. 

La diputada Gael Yeomans sostuvo durante su intervención que 'no hay plazo que no llegue y ni deuda que no se pague'.

En ese sentido, señaló que si el Senado rechaza la acusación, 'seguiremos insistiendo, ocupando todos los mecanismos institucionales a nivel nacional e internacional, para que el gobierno de Sebastián Piñera responda por los atropellos hacia la República y al país'.

'Nos la vamos a jugar por defender la idea de que un presidente de la república debe respetar a sus ciudadanos, derechos humanos, estándares de providad, y la leyes de su propio país', agregó.

La diputada Gael Yeomans indicó durante su intervención que 'el 5 de marzo de 2018, la presidenta Bachelet, a pocos días de terminar su mandato, anunció la aprobación y la creación del área marina protegida de múltiples usos en la zona de la Higuera'.

'Aquello no logró concretarse y quedó en manos del siguiente gobierno, del presidente Sebastián Piñera, quien abandonó toda pretensión de realizar la declaración de área marina, dejando en evidencia su nulo compromiso con una agenda medioambiental y de protección hacia la zona'.

Comenzó la exposición de los tres diputados acusadores. La primera en hablar fue la parlamentaria (CS) Gael Yeomans.

'Este parlamento es capaz de poner fin a los abusos e impunidad con la que ha actuado el presidente de la República, Sebastián Piñera. Esta acusación demuestra un entramado de sociedades, utilidades y amistades personales, y un notable conflicto de intereses, negociaciones incompatibles y un actor sin ética', empezó señalado

“De lo que hablamos es que por medio de actos públicos, se quiere conseguir un beneficio personal o familiar. Esa es la definición misma del concepto de corrupción. De eso estamos hablando, de corrupción', agregó. 

La abogada constitucionalista y académica, Claudia Sarmiento, explica los alcances de la jornada que se vive en el Senado, en donde se discute la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera

El Senado analiza la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. El Secretario General del Senado, Raúl Guzmán, procedió a leer el documento en donde se detallan los antecedentes de la acusación. 

Minutos antes del comienzo del análisis de la acusación constitucional, el diputado DC Gabriel Silber emplazó al ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, por su presencia en la sala, lo que provocó la molestia del senador UDI Juan Antonio Coloma.

'La constitución establece que el acusado puede concurrir con su abogado o personalmente, entonces consultar si la comparecencia en el banquillo de las personas acusadas, viene en esa condición o viene como un ministro de estado', señaló Silber. 

Al respecto, Coloma respondió que 'esta es una acusación constitucional, es el máximo efecto que hay respecto a responsabilidad políticas. Y esto no es un show. El ministro Ossa tiene derecho a estar en todas las sesiones. No hagamos de esto un show'.