Nacional

Fin a la ley seca durante elecciones: Proyecto de ley es aprobado en general por Comisión del Senado

  • Por María Ignacia Pentz

La Comisión de Gobierno del Senado aprobó en general un proyecto para poner fin a la ley seca, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas previo y durante elecciones. La iniciativa ahora debe ser discutida en particular para luego seguir su trámite en la Cámara de Diputados. 

Los autores de dicha propuesta, que fue presentada en 2016 y además contempla otros cambios a las leyes 20.640 y 18.700, en lo relativo a la designación de vocales y al expendio de bebidas alcohólicas en los procesos electorales que señala, son los senadores Araya y Felipe Harboe (PPD); los ex parlamentarios Alberto Espina (RN), Hernán Larraín (UDI); y el actual diputado DC Manuel Antonio Matta. 

La norma establece que "el día de la elección o plebiscito, entre las cinco horas de la mañana y dos horas después del cierre de la votación, los establecimientos comerciales no podrán expender bebidas alcohólicas para su consumo en el local o fuera de él, exceptuándose sólo a los hoteles respecto de los pasajeros que pernocten en ellos, infracción que resulta sancionada con la clausura del local según dispone el inciso siguiente". 

En ese sentido, sostiene el texto ingresado por los parlamentarios, "los mocionantes proponemos derogar tal norma, de modo que no tenga aplicación ni en primarias ni en elecciones definitivas. Lo anterior toda vez que a nuestro juicio ha cesado la necesidad de cautelar el orden público por esta vía, tal como consta en la historia de la Ley N°18.700". 

La decisión la basan en que "al ordenar el cierre de los establecimientos comerciales que expenden bebidas alcohólicas y señalar que no podrán funcionar teatros, cines y salas de baile, podría estimarse que lesiona el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica, garantizado en el artículo 19, N° 21°, de la Constitución". 

Además, sostienen que "dicha norma fue dictada en un contexto de anormalidad constitucional, en que el Ejecutivo ponía un importante énfasis en el control del orden público, aún a costa de privación de garantías constitucionales". 

"En consecuencia, atendido que consideramos que nos encontramos en un sistema democrático más maduro, que no requiere de estas restricciones de libertad para garantizar el buen desarrollo de las elecciones, venimos a proponer su derogación", agregan. 

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